Los comunes condicionan el apoyo a fondos para el transporte público a que Collboni no modifique el 30%

Barcelona en comú ha anunciado este lunes que condiciona su apoyo a una ampliación de crédito de 100 millones de euros del gobierno del alcalde Jaume Collboni a que éste renuncie a flexibilizar la norma del 30%, que impone a los promotores que destinen pisos al parque público. El destino de los 100 millones, que el ejecutivo municipal quiere llevar el miércoles a votación en la Comisión de Economía, son 50 de aportación a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para financiar transporte público, 14 millones a servicios sociales y 36 millones a gastos de personal.

Las ampliaciones de crédito son expedientes habituales cuando el ejecutivo municipal opera con el presupuesto prorrogado, como es el caso. Al estar limitada disponibilidad de fondos a la misma que el ejercicio 2024, el gobierno recurre a la liquidez que dispone en su tesorería a pagar gastos generales no aplazables, como es el caso, explican fuentes del consistorio. La votación cuenta con el apoyo de ERC, pero si los comunes no la votan también, Collboni dependerá de Junts, que no ha revelado el sentido de su voto.

“Si Collboni quiere que prospere la modificación de crédito de 100 millones de euros, debe dar marcha atrás en el desmantelamiento del 30%”, ha advertido la presidenta del grupo municipal de los comunes, Janet Sanz. El 30% de vivienda pública impuesto a los promotores fue uno de los proyectos estrella de los dos mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, y los comunes consideran una línea roja cualquier rebaja, que el actual gobierno defiende por los pobres resultados de la norma urbanística. Una norma a la que los promotores han dado la espalda, marchándose a otras ciudades como Madrid, frenando proyectos o intentando esquivar la norma, troceando grandes rehabilitaciones.

La idea de Collboni es permitir que los promotores agrupen los pisos sociales en edificios que sean solo de vivienda pública, entre otras fórmulas para evitar que en un bloque convivan viviendas de precio libre y tasado. En una de las últimas propuestas, el ejecutivo municipal incluso ha propuesto que los constructores aporten fondos al consistorio para construir o comprar viviendas y destinarlas al parque públco. Sanz también ha exigido al alcalde socialista que convoque una audiencia pública sobre la ampliación del aeropuerto (que los comunes rechazan y el PSC apoya) y multas al portal de alquiler turístico Airbnb por anunciar pisos que no tienen licencia.

El gobierno de Collboni ha respondido a los comunes recordándoles que el acuerdo alcanzado en otoño pasado sobre las Ordenanzas Fiscales de 2025 exigió congelar las tarifas del transporte público: “Es poco coherente que voten contra acuerdos exigidos por ellos mismos”, ha valorado el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls. “Cuesta creer que se quieran poner en riesgo las bonificaciones del transporte que afecta a centenares de miles de trabajadores y ciudadanos, las necesidades de las personas más vulnerables atendidas por los servicios sociales y las mejoras salariales pactadas en la mesa general de la función pública”, ha añadido.