El Ayuntamiento de Barcelona denuncia a una trabajadora de servicios sociales que presuntamente desvió 400.000 euros en ayudas

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado a la Fiscalía y ha apartado de su empleo a una trabajadora de los servicios sociales municipales que habría desviado hasta 400.000 euros de ayudas a cuentas corrientes que no eran las de sus beneficiarios. La empleada trabaja en el centro de servicios sociales de los barrios de Porta, Vilapicina y Torre Llobeta, en Nou Barris, uno de los distritos con más población vulnerable. El consistorio barcelonés señala que se trata de “un caso aislado” y recuerda que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) tiene una plantilla de 1.500 personas y que “la persona habría actuado sola”. Fuentes del colectivo cuestionan cómo es posible que no hayan saltado alarmas ante un hecho así.

Los responsables del servicio municipal reunieron este miércoles a sus plantillas en los centros para informarles del caso, que ha avanzado este jueves Catalunya Ràdio. Antes de avisar al grueso de la plantilla, hubo una reunión del gerente del IMSS con todas las direcciones, explican fuentes de los propios centros. La noticia ha causado un gran impacto entre la plantilla, y los chats de whatsapp los trabajadores echan humo desde hace 18 horas. Además de Nou Barris, la empleada había pasado por centros de otros distritos, como el Eixample, en el centro de Barcelona. En total llevaba siete años en el Ayuntamiento de la capital catalana.

Barcelona tiene 39 centros de servicios sociales (CSS), que ofrecen información, orientación y atención a vecinos o familias que tienen problemas sociales. Estos centros solicitan o informan sobre las ayudas y servicios del Ayuntamiento, ya sean de acceso directo o bajo la evaluación de los equipos profesionales. Entre otras, tramitan ayudas económicas, a domicilio, comida a domicilio, trabajadoras familiares, o en centros residenciales.

Ingresos no directos a las familias

Sería en las ayudas económicas donde se habría producido el desvío, explican fuentes de los mismos servicios sociales. Porque, más allá de ayudas con importes fijos de las que se benefician familias que cumplen los requisitos (como es el caso de la tarjeta para menores de hasta 16 años), hay cantidades que se otorgan bajo el criterio de los profesionales de los servicios sociales. Por ejemplo, una ayuda de urgencia para pagar el alquiler, unas gafas o la mensualidad de una actividad extraescolar de un menor. Y son cantidades que en algunos casos se ingresan a las cuentas bancarias de las familias, pero en otros en cuentas de un tercero, como podría ser el propietario de la vivienda o la empresa que realice las extraescolares.

En una nota oficial, el consistorio explica que “tras una revisión exhaustiva interna, tiene indicios sólidos de que una trabajadora del IMSS presuntamente habría estado desviando dinero de ayudas sociales a cuentas bancarias que no son las de los usuarios a los que iban destinados”. Oficialmente el Ayuntamiento no confirma la cifra de 400.000, que sí fue citada en las reuniones con las plantillas. “Los servicios jurídicos del consistorio ya han tomado las medidas judiciales correspondientes”, añaden las fuentes oficiales.

En su comunicado, el área de servicios sociales añade que “paralelamente, ya se habían iniciado en el marco del plan de trabajo de mandato nuevos procedimientos complementarios a los actuales para el refuerzo y mejora de los sistemas de información para identificar, documentar, analizar, optimizar, planificar y monitorizar los distintos procesos clave de la organización, así como la actualización del plan de sistemas informáticos y el reglamento de ayudas”. El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cataluña también ha abierto un expediente informativa a la profesional investigada.

Barcelona es, desde hace años, la gran ciudad española que lidera la inversión social. Así lo señaló a finales de 2023 la séptima edición del análisis de presupuestos municipales que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Desde la oposición en el Ayuntamiento, el presidente del Grupo Municipal de Junts, Jordi Martí Galbis, ha considerado en las redes sociales que el episodio es de “gravedad extrema”. “No solo por el hecho en sí, sino porque los destinatarios de las ayudas son personas vulnerables”, ha manifestado “a la espera de las explicaciones del gobierno municipal” a quien ha reprochado “la debilidad de los sistemas de control interno”.