La Generalitat da 15 días a la escuela de Terrassa denunciada por ultra para acreditar la formación del nuevo profesorado

El Departamento de Educación de la Generalitat ha enviado un requerimiento a la titularidad de la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa (Barcelona) para que, en un plazo de 15 días, acredite la competencia lingüística en catalán de cuatro profesores, y si dos docentes más cuentan con el máster de profesorado de secundaria. El Departamento también recuerda que los centros deben evitar cualquier forma de adoctrinamiento y pide un plan para restablecer la cordialidad con las familias.

Educación abrió el pasado mes de marzo un expediente informativo a esta escuela, popularmente conocida como El Karmel, a raíz de la denuncia de un grupo numeroso de familias -150 lo han puesto en manos de un abogado- sobre un viraje ultraconservador de la escuela, a raíz de un cambio de los responsables hace tres años, hacia lo que califican como “extremismo religioso” y una tendencia “evangelizadora”, en el sentido de que la religión ha pasado a ser el centro de todo, de los textos de lectura o las excursiones.

De hecho, las familias criticaban que los nuevos gerentes forman parte de movimientos ultra como Comunión y Liberación o el Camino Neocatecumenal, conocidos como Kikos, unas facciones que en los últimos años han ido tomando posiciones en varias escuelas concertadas, cambiando su proyecto educativo y provocando la marcha de grupos de familias, según reveló una investigación conjunta entre EL PAÍS y SER Catalunya. Además de la inspección, la Síndica de Greuges también ha abierto una investigación.

La escuela, que hasta ahora da explicaciones a través de comunicados, negaba el giro ideológico, pero sí admitía la contratación de nuevos profesores y que algunas clases se hacían en castellano debido a que estos nuevos docentes desconocían el catalán. Así, en el marco de la investigación que mantiene inspección educativa, ha enviado ahora un requerimiento para comprobar si el centro está incumpliendo la normativa lingüística del centro y los requisitos de conocimiento del catalán a la hora de contratar profesorado.

La Generalitat también avisa al centro que debe comunicar a las familias que las cuotas que se pagan a la fundación “no son obligatorias y que ningún alumno puede ser excluido de ninguna actividad curricular si la familia no ha pagado las cuotas”. Recientemente, un grupo de familias, que el centro se niega a cuantificar, ha decidido dejar de pagar las cuotas a la fundación -sí pagan la obligatoria, la correspondiente a la sexta hora- como protesta al cambio ideológico del centro, que respondió con un mail alertando que si no se abonan dichas cuotas los alumnos no podrán participar en las actividades.

Asimismo, el Departamento recuerda que, según marca la Ley de Educación de Cataluña, los proyectos educativos del centro deben promover el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa i evitar cualquier forma de adoctrinamiento. En este sentido, se indica que cualquier cambio en el proyecto pedagógico debe comunicarse “de forma clara” a las familias. Y finalmente, se insta al centro a elaborar un plan para reestablecer la confianza con las familias.

Manifiesto y manifestación

Por su parte, el grupo de familias crítico con la escuela emitió este lunes un comunicado en el que aseguran que viven “un golpe de Estado ideológico” por parte de movimientos ultraconservadores, que han “impuesto un giro radical que desvirtúa el proyecto educativo” de la escuela que habían elegido en su momento. En el escrito, las familias exigen la dimisión de los nuevos gerentes y expresan su apoyo a los docentes que se mantienen de la anterior época (el director fue cesado hace unas semanas y este ha interpuesto una denuncia por despido improcedente). Para expresar su rechazo, estos padres han convocada una manifestación el próximo 11 de junio.