La Generalitat apuesta por duplicar el número de familias de acogida para descongestionar los centros de menores

El Govern apuesta por duplicar las familias de acogida para descongestionar los centros de menores. En una entrevista en el programa Aquí Catalunya de SER Catalunya, el día después de anunciar la refundación de la DGAIA, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que las 700 familias de acogida actuales son insuficientes. Cree que, como mínimo, harían falta 1.400 para garantizar que no haya niños y niñas de menos de seis años viviendo en centros de menores.

“Hemos puesto en marcha un refuerzo de los equipos para que los informes lleguen más rápido a las familias, y también damos apoyos administrativos para evitar trámites burocráticos”, ha asegurado la responsable de Derechos Sociales. Martínez Bravo también ha afirmado que “es una tarea extremadamente enriquecedora y transformadora para las familias”, y cree que el plan que ha construido el Govern permitirá que los centros sean un último recurso de urgencia para las criaturas más pequeñas.

La saturación de los centros de menores (que actualmente tienen todas las plazas ocupadas y que han duplicado el número de usuarios en la última década) es uno de los puntos clave que el Govern quiere abordar para mejorar el sistema de protección a la infancia. Actualmente hay cerca de 600 centros externalizados con condiciones laborales para los educadores sociales mucho más precarias que aquellos que son gestionados por la administración.

Sobre este aspecto, la titular del Departamento cree que los trabajadores y la patronal piden “un horizonte de mejora”, y ha dicho que este año se elaborará una hoja de ruta para avanzar hacia la equiparación salarial entre el ámbito público y el privado. No obstante, admite que “hay que concretar” este cambio, que supondría un esfuerzo importante para las empresas y fundaciones del sector social.

Martínez Bravo continúa evitando la concreción de un presupuesto para todos estos cambios que ha impulsado en el sistema de protección a la infancia, y pese a haber sido preguntada en varias ocasiones, ha evitado dar ninguna cifra sobre el coste de todas estas medidas. Aun así, se ha mostrado convencida que habrá “los recursos necesarios” aunque no se aprueben unos presupuestos para el 2026.

La responsable de Derechos Sociales considera que la reflexión sobre qué se puede subcontratar y qué debe gestionar directamente la Generalitat debe hacerse “sin falsos debates ideológicos”. Ha señalado que las prestaciones deben ser gestionadas directamente desde un organismo público —“a nadie se le ocurriría subcontratar la gestión de las pensiones de los jubilados”, remarca— pero al mismo tiempo cree que hay tareas que las entidades del tercer sector realizan mejor.

“El modelo de intervención socioeducativa y el trabajo con la familia es complicado de hacer desde la administración y funciona mejor desde el ocio educativo”, ha puntualizado la consejera. A pesar de esta reflexión, Martínez Bravo ha admitido que muchas veces en los centros de menores privados “las condiciones laborales no son las adecuadas”, y apunta que hay una brecha importante de diferencias salariales entre lo público y lo privado, más acentuada que en otros ámbitos, como por ejemplo la sanidad.

Sin cifras de abusos

Desde el Departamento no concretan cuántos casos similares al de la niña de L’Hospitalet puede haber, pero la consejera lamenta que “son casos muy extendidos” y que “tristemente los menores tutelados sufren estos abusos”. Al mismo tiempo, ha subrayado que el sistema de protección en general funciona, pero que la gran vulnerabilidad de estos niños los pone en riesgo “ante depredadores sexuales en las redes o en otros ámbitos”, igual que a otros menores que no requieren tutela.

Sobre el caso de la niña que fue violada y prostituida mientras vivía en un centro de menores, la titular del Departamento ha pedido prudencia y ha hecho un llamamiento a no revictimizar a la niña, después de que un educador apareciera en algunos medios de comunicación dando detalles sobre su vida privada. Aun así, ha dicho que “desconoce” si ese educador será apartado de su puesto de trabajo o si su conducta tendrá alguna consecuencia: “la entidad que gestiona el centro abrió un proceso informativo, y veremos la evolución del caso”.