¿Cuánto vale tu vida?

No es fácil responder a esta pregunta si no eres una aseguradora. Cuánto perderías si te arrebataran un día (o unos cuantos) de tu vida. Un día normal, uno de tantos, anodino. Si lo perdieras, o si te lo hicieran perder, ¿cuánto deberían devolverte? A esta pregunta, que puede pasar por metafísica, le ha dado una respuesta muy material la Audiencia Nacional: 360 euros. Eso, al menos, es lo que vale un día en la vida de una persona concreta, Sandro Rosell. Es lo que vale su vida según la sala de la Audiencia Nacional que ha juzgado su demanda al Estado por haberlo tenido encarcelado un total de 645 días. En total, la Audiencia ha condenado al Estado a pagar a Rosell 232.500 euros. Eso es, 360 por día perdido, arrebatado.

Es difícil decir si esa cantidad es mucha o poca. ¿Con qué se compara? ¿Qué baremo utilizamos? Rosell pedía en su demanda 29,7 millones de euros al Estado por mantenerlo en prisión un año y nueve meses (a razón de 46.000 euros al día). Comparado con la petición del demandante, la indemnización decidida por la Audiencia parece exigüe. Ahora bien, la misma sala consideró hace unas semanas en una demanda muy similar que la vida de Ahmed Tommouhi no valía nada. Ni un euro. Su paso por prisión, quince años por varios fallos judiciales que le condenaron por violaciones que él no había cometido, no es digno de resarcimiento. Si se hubiese aplicado a Tommouhi el mismo rasero que se ha aplicado a Rosell le habrían correspondido dos millones de euros, a razón de 360 por cada uno de los más de cinco mil días que pasó en la cárcel, pero la Audiencia le ha informado de forma oficial lo que posiblemente él ya sospechaba, que su vida no vale ni un euro.

Existen razones jurídicas que avalan dos decisiones tan dispares, claro. Se exponían ayer mismo en este diario en un muy buen artículo. Pero la gravedad del caso obliga a ir más allá de la ley. ¿De verdad que arrebatarle a alguien quince años de su vida por un error judicial no vale nada? O también, ¿alguien cree que si Ahmed Tommouhi no fuera un simple albañil, un inmigrante, además, marroquí para más señas, se hubiese pasado quince años en prisión y ahora la Audiencia Nacional le negaría una indemnización? Las comparaciones son odiosas, es cierto, pero que la justicia o es igual para todos o no es justicia es un principio democrático fundamental para el que no deberían valer triquiñuelas jurídicas.

La debilidad de las democracias empieza cuando la ciudadanía entiende que el poder público es injusto en sus actuaciones, incluso (o sobre todo) cuando comete errores. Y cuando eso pasa, cuando la mayoría asume eso, es cuando la democracia empieza a zozobrar. Por cierto, según una encuesta reciente del CIS, el 78% del electorado español no cree que la justicia trate igual a ricos que a pobres. Sorprendente, ¿verdad?