Las empresas del sector social piden al Govern que suba tarifas un 10% para avanzar en el incremento de salarios

Las patronales que representan a las empresas del sector social han hecho un llamamiento este martes al Govern y a los grupos parlamentarios para que presenten y aprueben un suplemento de crédito que permita subir un 10% las tarifas que la Generalitat paga a estas entidades por la prestación de servicios públicos. Las patronales lamentan que el Govern solo pretenda incrementar las tarifas un 5%, y que ponga como excusa el hecho de que está en prórroga presupuestaria. “Estamos convencidos de que si se pide un suplemento de crédito para incluir el 5% también se puede llegar al 10%. No podemos bajar la cabeza ante esta situación. El sector dice basta”, reza el comunicado conjunto.

En noviembre del año pasado, el Govern de Salvador Illa cumplió el acuerdo suscrito con sindicatos y patronales y aprobó el incremento del 5% de las tarifas públicas correspondiente a 2024 (lo que implicó un aumento de la aportación de 35,6 millones de euros). Pero el sector social quiere que en los próximos años el Ejecutivo sea más ambicioso, con incrementos del 10% en los próximos cuatro años. Ante estas demandas, el Govern ha vuelto a proponer una subida del 5%, según explican las patronales, con el argumento de que la situación de prórroga presupuestaria no permite un movimiento más generoso.

El objetivo de las patronales que firman el comunicado es avanzar hacia el incremento de salarios de sus trabajadores y que se puedan empezar a equiparar a los sueldos que cobran sus homólogos en el sector público. La diferencia entre los dos sectores es muy notable para personas que hacen exactamente el mismo trabajo: por ejemplo, una trabajadora auxiliar de geriatría que trabaja para uno de los 17 centros completamente públicos en el sector de la dependencia cobra aproximadamente 25.800 euros brutos anuales, mientras que una trabajadora con el mismo empleo pero que trabaja en un centro concertado tiene un sueldo de unos 16.000 euros brutos anuales. La equiparación salarial fue uno de los compromisos adquiridos por la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, cuando asumió el cargo.

“Y es exactamente el mismo trabajo”, recuerda Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la patronal de las empresas que gestionan residencias de ancianos. “¿Cuánto tiempo más tenemos que estar así? El Govern está de nuestro lado y nos da la razón, pero pide tiempo. El problema es que con estas condiciones laborales no encontramos profesionales", añade. El comunicado apunta que el último Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España 2024 pronostica que en 2030 serán necesarios 20.000 profesionales más para atender la demanda creciente vinculada al envejecimiento de la población.

Por este motivo piden un “amplio consenso y acuerdo entre el Govern y el resto de fuerzas políticas parlamentarias para situar a los profesionales de la red de servicios sociales como una prioridad, invirtiendo los recursos necesarios para la equiparación en un plazo de 4 o 5 años. A igual trabajo, igual salario”. Las entidades firmantes —ACES, ACRA, ACAD, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, Cesocat, la Confederació, La Unió y Upimir— representan el sector social, desde el ámbito de la dependencia al de la infancia y la juventud, pasando por las que trabajan con personas con discapacidad o con problemas de salud mental.