Las críticas políticas a los jueces: ¿libertad de expresión o “república bananera”?

¿Cuál es el límite de la crítica a las actuaciones judiciales? El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha situado sobre la vergüenza que, según él, suscita la instrucción del magistrado Juan Carlos Peinado en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. “Ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados de España”, declaró Bolaños esta semana en una comparecencia de prensa. Para las dos asociaciones mayoritarias de jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la transversal Asociación Judicial Francisco de Vitoria, sin embargo, el límite que traspasan dichas declaraciones es el del respeto a la independencia judicial. La tercera, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, asume que es “insólito” que críticas así provengan del Ejecutivo, pero considera que no son las críticas de los demás —sean de políticos, periodistas o de cualquier ciudadano—lo que pone en riesgo la independencia de los jueces, sino sus propias decisiones.

La independencia judicial es un principio protegido por la Constitución, aunque no basta con que el juez se sienta atacado. “Se tiene que poder objetivar que unos actos han podido impedir la independencia de un juez, eso es lo que está prohibido. Pero un juez también tiene que tener un poco de coraje, de fortaleza, porque unas manifestaciones en contra de su actuación están cubiertas por el derecho a la libertad de expresión”, defiende Antonio Rovira, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. “Un ministro, por muy ministro de Justicia que sea, que diga esto: ¿en qué puede afectar a la independencia del juez? ¿Le puede indignar? Sí. ¿Le puede molestar? Sí, pero eso no es afectar a su independencia", añade Rovira: “Otra cosa es que esas declaraciones sean convenientes u oportunas”.

Los límites legales no son absolutos, porque entran en conflicto principios fundamentales de la democracia: en este caso, la libertad de expresión y la independencia judicial. El Tribunal Constitucional “muy rara vez” se ha pronunciado sobre dicho conflicto, según una sentencia de 2015 en la que sí confirmó la condena a los dos autores de una carta al director publicada por un periódico en la que acusaban a una jueza de falta de imparcialidad. “La imparcialidad judicial es soporte estructural del proceso”, afirma aquella sentencia: “Negarla abiertamente en público, al margen de los cauces procesales, respecto de un concreto juzgador y un determinado proceso y hacerlo sin aportar razón pertinente [...] entraña un grave menosprecio del honor profesional” de los jueces. La sentencia se dictó con el desacuerdo de la fiscalía y dos votos particulares, que estimaron que, incluso atendiendo al presunto delito de injurias públicas contra la jueza, las críticas estaban amparadas por la libertad de expresión, precisamente porque la condición de “personaje público” de los jueces aconsejaba aligerar la protección frente a las críticas, no reforzarla.

Nadie aquí plantea que las declaraciones del ministro puedan considerarse injuriosas o calumniosas. Así pues, ¿son razonables las declaraciones de Bolaños? Y, sobre todo, ¿lo son, dada su condición de miembro del Gobierno? “Los que están en posición de representar, sean ministros o diputados, pueden criticar una resolución judicial, pero cualquier argumento ad hominem, cualquier ataque personal debería estar vetado institucionalmente“, sostiene Natalia Velilla, jueza y miembro de la Fundación Hay Derecho. Para el catedrático de Derecho Procesal, Nicolás González-Cuéllar, dichas declaraciones son “inaceptables” precisamente por venir de quien vienen “Me da igual el fondo del asunto. Pero que un ministro critique a un juez que está investigando a la esposa de quien ha nombrado a ese ministro es de república bananera”, dice en referencia a Bolaños y al presidente del Gobierno y esposo de Gómez, Pedro Sánchez.

Para Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que las críticas se centren en un asunto determinado, y no se trate de una enmienda a la totalidad de un poder del Estado frente otro, las hace más tolerables. Además, “lo que se ha criticado son las resoluciones, no a la persona”, afirma. “Sus resoluciones contienen acusaciones que no se sostienen por ningún lado, otra cosa es que este juez sea además un personaje curioso, que ha llegado a exigir incluso una tarima [para realzar su autoridad], y sobre eso cada uno luego pueda pensar lo que quiera”, añade Arán.

Jordi Nieva-Fenoll, catedrático también en la UB, defiende que “cualquier crítica con prudencia y mesura es aceptable”. “Manifestar dudas sobre las actuaciones de otro poder del Estado forma parte de la libertad de expresión de todos. De los ciudadanos, por supuesto, pero también de sus representantes”, asegura Nieva. ¿Son mesuradas las críticas de Bolaños? “Me cuesta entrar a valorarlas, la verdad, en el sentido de que no creo que haya que opinar sobre lo que otro debe opinar. Eso es la libertad de expresión y esa es la democracia”, dice.

“No puede pretenderse que cualquier opinión que contradiga la actuación de un tribunal se convierta en desacato”, sostiene Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. El delito de desacato, de hecho, desapareció del código penal en 1995. Rodríguez no cree que las palabras del ministro, o el debate social que haya podido generarse en torno a la instrucción del juez Peinado, sobre la que ni Rodríguez ni su asociación se pronuncian, afecten a la independencia de la Justicia. “Es mucho más grave que una presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Galicia haya apartado, como acaba de pasar, a unos magistrados de su función jurisdiccional. Eso es mucho más grave que una crítica. La crítica es una garantía de la democracia”, a juicio de Rodríguez.

Más allá de los límites jurídicos a la independencia judicial y la libertad de expresión aparecen los de la confianza en las instituciones. En su último informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea se hizo eco de las tensiones españolas. “Según las normas europeas, si bien la crítica de las resoluciones judiciales es un aspecto normal del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del poder judicial o la confianza pública en este”, sostiene dicho informe.

“Si estamos en Europa, estamos también para esto”, subraya Joaquim Bosch, magistrado, para quien la regla general —la crítica es sana en democracia— debe tener sus excepciones, y una serían los ataques del Gobierno a los jueces, que deberían contenerse para respetar los estándares europeos. “Este Gobierno no es el único que lo ha hecho. En el caso Gürtel, hubo ataques muy duros, por ejemplo, contra el magistrado Ricardo de Prada [uno de los miembros del tribunal que lo juzgó]”, añade Bosch, autor de Jaque a la democracia (Ariel, 2024).

El informe de la Comisión recordaba algo que tiende a olvidarse: y es que los jueces deben ese mismo respeto, que reclaman para sí, a los otros poderes del Estado. “Ha habido jueces que, vestidos con su toga, se han manifestado frente a los edificios judiciales contra decisiones fuera de su ámbito de competencia, como la ley de amnistía o los indultos [a los líderes independentistas catalanes]”, recuerda Bosch. “Todos los organismos estatales (sean del poder legislativo, ejecutivo o judicial) deben regirse por la consigna del respeto mutuo para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza de la ciudadanía en estas”, señalaba aquel informe.

“Se puede criticar todo, también los jueces pueden criticar una legislación, pero no pueden atacar personalmente al presidente Sánchez, por ejemplo, como he visto que han hecho algunos compañeros en redes sociales”, insiste la magistrada Velilla. Para la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, María Emma Ortega, que subraya la transversalidad ideológica de sus asociados, hay un límite y opera en ambos sentidos: “Los jueces no opinan de los ministros y los ministros no descalifican a los jueces”.

A juicio de Ortega y su asociación AJFV, el ministro Bolaños ha traspasado esa línea roja esta semana: “La libertad de expresión no puede ser la coartada para descalificar a un juez en concreto. Es un ministro, no es un miembro cualquiera del partido socialista, por ejemplo. Es un poder del estado atacando a otro poder del Estado”. Al catedrático Rovira, le parece que las declaraciones de Bolaños son “innecesarias” e “inoportunas”, pero también que los jueces tienen a veces la piel demasiado fina. “Para que funcionen bien los poderes es necesario criticar, es necesario contrastar. Tenemos que superar aquel principio de que el poder judicial es un poder neutro, perfecto y que aplica la ley como si fueran matemáticas”, concluye.