Trasladados forzosamente dos magistrados del TSJ gallego que fueron criticados por el PP y la patronal tras paralizar parques eólicos

En el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha sucedido algo inusual. La nueva presidenta de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, María Azucena Recio, ha acordado mover a cuatro magistrados entre secciones sin que ellos estén de acuerdo, según denuncia Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). La asociación asegura que se trata de un traslado forzoso que atenta directamente contra la garantía de inamovilidad de los jueces, nota fundamental de la independencia judicial. Recio aduce en la mayoría de los casos “razones organizativas”. En cambio, la asociación y el entorno de uno de los jueces, Luís Villares, en cuyo caso la presidenta alega que su imparcialidad se ha visto afectada por varias recusaciones, denuncian que la verdadera razón de estos movimientos es “la presión” ejercida por “el lobby de las eólicas”. Villares y otra magistrada, María Dolores López, se ocupaban de estos casos en la sección tercera, un órgano que ha paralizado decenas de proyectos eólicos con fuertes críticas de la Xunta del PP y de la patronal.

Los dictámenes que han parado provisionalmente parques eólicos responden al aluvión de denuncias de colectivos vecinales y ecologistas por presuntos daños ambientales de estas infraestructuras. Han sido rechazados tanto por la patronal y empresas del sector como por la Xunta y el PP gallego, cuando estaba Alberto Núñez Feijóo al mando y ahora con Alfonso Rueda. Los populares han vinculado las resoluciones de la sección tercera con el pasado político de Villares, que fue líder de En Marea y candidato a la Presidencia de la Xunta en 2016.

El movimiento implica un trasvase entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Villares y López pasan de la tercera a la cuarta, y Rosa Agrasso y Alexis Fernández hacen la transición inversa. En los acuerdos adoptados por Recio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la presidenta explica que “por razones organizativas, se hacen precisos ciertos cambios en la composición personal de las secciones”, debido al “número de procedimientos que se tramitan en cada una de ellas, y por entender que la reestructuración va a reforzar el buen funcionamiento de la sala”.

Sobre Villares, argumenta que el Tribunal Supremo ha avalado que fuera apartado de varios asuntos debido a su “intervención en la política”, lo que ha vulnerado el derecho fundamental a un juez imparcial. “Esto es lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la sección tercera de esta sala y, por consecuencia, de la sección cuarta”, afirma Recio. “La finalidad última es la de salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad con que funciona esta sala”. Añade “necesidades reorganizativas” y, en los cuatro casos, considera que estos traslados suponen “un crecimiento profesional” al abordar “nuevas materias”.

Fuentes jurídicas consultadas indican que el trasvase entre secciones de una misma sala es habitual y una competencia de los presidentes de sala. Sin embargo, subrayan que siempre se procura hacerlo “a las buenas”, teniendo en cuenta las preferencias de los magistrados. Una solución frecuente es organizar un “concursillo” para que quienes quieran opten a vacantes en otra sección. El uso y costumbre es explicar las razones por las que el presidente estima que un magistrado hace falta en un sitio más que en otro. Un magistrado de ese mismo orden jurisdiccional cuenta que a él lo cambiaron de urbanismo a tributario y tuvo que “empollar”, pero entendió que eran necesidades de la producción.

En último término, se puede hacer “por las malas”, apuntan las fuentes preguntadas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha visto asuntos similares y resolvió mayoritariamente a favor del presidente de sala. En cualquier caso, los operadores jurídicos coinciden en que el cambio forzado es excepcional. En el TSJ de Madrid, con la mayor especialización en materia contenciosa-administrativa de España, no se recuerda un caso igual. La propia Recio, en el programa de gobierno que aportó al CGPJ en la carrera para presidir esa sala ―puesto por el que compitió con Villares―, se comprometió a “no alterar, en principio, la composición personal de las secciones” y de hacerlo, sería “voluntaria”.

Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenece Villares, denuncia que el traslado se hizo “sin audiencia de los afectados” y lo enmarca “en un contexto de constante presión mediática y política por sus resoluciones relativas a la autorización de parques eólicos”. “Todo apunta a que se está apartando a estos magistrados por presión del lobby de las eólicas, porque no tiene otra explicación”, dice el portavoz nacional de JJpD, Edmundo Rodríguez, en declaraciones a EL PAÍS. La asociación advierte de que tal movimiento “afecta directamente a las garantías de inamovilidad de los tribunales y a la independencia judicial”.

Los operadores jurídicos consultados descartan que perjudique a la garantía de inamovilidad de los togados. Según explican, el vínculo intocable lo es entre el magistrado y el órgano judicial al que pertenece, que en este caso es la sala. Las secciones se organizan atendiendo a razones funcionales. Cuando un magistrado cambia de sección mantiene su competencia sobre los asuntos en trámite, aquellos donde se hayan celebrado vistas o haya fechas de deliberación señaladas. Por tanto, el movimiento afecta principalmente “a futuro”. Si se intentara apartar a un magistrado de un caso concreto, sin razones fundadas y “de forma totalmente arbitraria”, entonces sí se estaría atentando contra un derecho fundamental: el del juez predeterminado por la ley.

El proceso que ha seguido el TSXG es polémico. El acuerdo de traslado lo firmó Recio el 12 de marzo. En el caso de Villares, fundamenta su decisión en una reciente anulación de tres sentencias emitidas por la sección tercera que daban la razón a la sanidad pública frente a la empresa concesionaria del hospital de Vigo. El Supremo esgrimió falta de imparcialidad de Villares porque cuando era líder de En Marea realizó manifestaciones sobre esos asuntos. Recio defiende que por esa razón debe ser trasladado, aunque el nuevo órgano también emite resoluciones que afectan a esa compañía.

Los “tentáculos” del PP y las eléctricas

Villares se enteró de su traslado forzoso cuatro días después de que la presidenta de la sala lo rubricara. Ella lo convocó a una reunión en la que, según fuentes conocedoras del encuentro, le dijo: “No podemos estar todos los días en la prensa”. El magistrado le expresó su rotundo rechazo a ser cambiado de puesto “por una campaña mediática y del poder económico”, en alusión a las críticas de las empresas eólicas y a cómo ha sido señalado públicamente por la Xunta y el PP gallego. Recio aseguró a Villares que los dos magistrados de la sección cuarta habían pedido ir a la tercera, pero en el entorno del juez comentan que al salir de la reunión se enteró de que no era así. Sobre esta conversación, Recio, a través de la oficina de comunicación del TSXG, afirma que solo se refirió ante Villares a los procedimientos por los que fue recusado, no a los de los eólicos, y sostiene que todos los magistrados trasladados se han podido reunir con ella “las veces que lo han considerado preciso”.

Otras fuentes cercanas al proceso afirman que Recio se negó a recibir en grupo a los cuatro afectados. El asunto fue abordado en la Comisión de la Sala de Gobierno del TSXG el 13 de marzo. No aparecía recogido en el orden del día, solo en el acta de los acuerdos como anexo, algo que, según fuentes del TSXG, es habitual cuando llegan asuntos a última hora. Fue notificado oficialmente a los afectados el miércoles 18, cinco días después.

El entorno de Villares interpreta los cambios como “una represalia clara” por la paralización de parques eólicos. Aunque con nombre y apellidos el PP solo ha señalado al exlíder de En Marea, fuentes cercanas al juez creen que también se sustituye a otro miembro de la sección para “deshacer el trabajo colectivo y los criterios” que aplicaba este tribunal. Villares estudia recurrir la decisión en alzada ante el CGPJ.

El BNG, por su parte, ve “una decisión absolutamente arbitraria que compromete la independencia judicial”. “Ya ni esconden cómo el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP que se inmiscuyen en la judicatura son cada vez más extensos”, critica la viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil.