Policía y Guardia Civil reciben cinco denuncias de agentes por acoso sexual en lo que va de año

Las denuncias por acoso sexual a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen llegando al Ministerio del Interior a cuentagotas. En lo que va de año, ambos cuerpos policiales han recibido cinco, de las que tres (todas ellas en el instituto armado) están en trámite y las otras dos (ambas en la Policía Nacional) han sido desestimadas, según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En total, desde que cada uno de los cuerpos puso en marcha protocolos específicos para erradicar estos hechos (la Guardia Civil en 2019 y la Policía Nacional a finales de 2022), Interior contabiliza 80 denuncias.

El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció en febrero, durante una comparecencia en el Congreso, que había dado orden de realizar una revisión “extraordinaria” de ambos protocolos de actuación al considerar que habían fallado en el caso de la denuncia por violación contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González. Esa revisión se encuentra aún “en curso y en fase preliminar”, según se señala en la misma contestación.

En su respuesta, el departamento de Grande-Marlaska detalla que la Guardia Civil fue el primero de los dos cuerpos policiales en tener un protocolo interno contra el acoso sexual, por razón de sexo, identidad y orientación sexual. Se aprobó en julio de 2019 y fue actualizado en diciembre de 2023. En estos siete años, el instituto armado ha recibido un total de 27 denuncias de agentes, de las cuales cuatro han acabado en sanción, 12 han sido archivadas, tres más concluyeron “sin responsabilidad” y las ocho últimas aún están en tramitación. En 13 de los casos se llegaron a abrir expedientes disciplinarios.

“Todas las comunicaciones o puestas en conocimiento de comportamientos que pudieran constituir acoso sexual o por razón de sexo dan lugar al inicio de las actuaciones previstas en el protocolo de acoso del Cuerpo dirigidas a la recopilación de la información necesaria, la valoración y análisis de las circunstancias concurrentes y, en su caso, la investigación de los hechos, así como a la propuesta o adopción de las medidas que resulten procedentes en el ámbito disciplinario o penal”, señala la respuesta sobre la aplicación del protocolo de la Guardia Civil. Y añade: “Conviene subrayar que, mientras se desarrollan estas actuaciones, se adoptan las medidas de protección, apoyo e información que resulten necesarias en el ámbito organizativo y asistencial, así como, si la víctima lo solicita, medidas de asesoramiento confidencial y acompañamiento especializado”.

En su respuesta sobre el acoso sexual en la Guardia Civil, Interior va más allá y detalla también el número de agentes investigados judicialmente por delitos de acoso sexual al margen del protocolo. Así, señala que desde 2018 ha habido ocho casos. Los dos últimos, en 2023. De todos ellos, solo uno ha acabado en condena, aunque en cuatro casos los denunciados siguen como imputados. El resto se reparte entre un archivo, un sobreseimiento provisional y una absolución no firme, según la terminología de la respuesta. “Todos los casos que se reflejan se iniciaron por denuncia de la persona afectada, y todos los agentes se encontraban en situación de activo y cuatro de ellos tenían responsabilidades jerárquicas”, detalla el texto.

Respecto a los casos en la Policía Nacional, la respuesta parlamentaria detalla que el mecanismo interno para prevenir y erradicar este tipo de hechos en su seno se puso en marcha más tarde que en la Guardia Civil. En concreto, en diciembre de 2022. El protocolo fue reformado en junio de 2025. Desde su entrada en vigor, la Policía Nacional ha recibido 53 denuncias, de las que casi la mitad (26) han sido desestimadas. En estas cifras no figura la denuncia de una subordinada contra el que fuera jefe de la Policía Nacional, el comisario González, que provocó la dimisión de este, ya que se presentó directamente en un juzgado sin recurrir a los cauces internos habilitados por el protocolo.

Las cifras sobre acoso sexual en la Policía Nacional reflejan que el número de denuncias se ha ido reduciendo de manera significativa en los poco más de tres años que lleva en vigor. Así, en 2023, primero en el que el protocolo estuvo en vigor, se presentaron 20 denuncias. Al año siguiente, la cifra bajó a 18 para quedar en 13 en 2025, periodo en el que supuestamente se produjo la agresión sexual del exjefe a su subordinada. Entre el 1 de enero y el 27 de febrero han sido dos. Según datos a los que accedió este diario en aplicación de la ley de transparencia, la Policía Nacional es el segundo organismo de la administración pública con mayor número de denuncias de acoso sexual, solo por detrás de las Fuerzas Armadas, donde se han registrado 261.

En su comparecencia en el Congreso de febrero, Grande-Marlaska admitió que el los protocolos para detectar y erradicar el acoso sexual habían fracasado en el caso del exjefe de la Policía ―“es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, dijo en referencia a que la mujer recurriera a los cauces internos― y, por ello, anunció una revisión extraordinaria de los mismos. En la respuesta parlamentaria se asegura ahora que esta ya está en marcha, aunque en una fase inicial, por parte de “un equipo de inspección compuesto por miembros del Ministerio del Interior”. Y añade que el trabajo realizado hasta ahora “abarca reuniones de planificación internas y de trabajo con los distintos actores implicados en implementar los mencionados protocolos, amplias solicitudes de datos para estudio y otros trabajos de campo”.

Lo que no da la respuesta parlamentaria es una fecha para la conclusión de la revisión: “Aunque se pretenda ejecutarla con la mayor celeridad posible, requiere de una labor de estudio y no se pueden marcar plazos tasados para emitir el informe de una inspección de este tipo, que exige la necesidad de entregar un producto de calidad”. Por ello, evita también, “conforme a criterios de prudencia y rigor, formular un resultado o conclusiones definitivas hasta su completa finalización”.