¿Cómo investigar a un presunto narcotraficante sin vulnerar sus derechos?

La Guardia Civil detuvo con casi dos toneladas de hachís en un camión a una banda de narcotraficantes que se dedicaba a introducir droga desde Marruecos a España en enero de 2025. Unos días después, el caso dio un vuelco. Uno de los enviados a prisión provisional confesó a los agentes que el costo no sólo se introducía por la frontera, sino que existía un narcotúnel. La causa permaneció bajo secreto y unas semanas más tarde los investigadores explotaron otra fase de la operación y encontraron por primera vez el conducto que funcionaba desde hacía años para pasar fardos entre Ceuta y Marruecos. El caso se bautizó como Hades (dios griego del inframundo). “Si no hubiéramos mantenido en secreto la causa no hubiéramos descubierto el túnel jamás”, asegura una fuente de la investigación.

La operación se desarrolló en fases, como es cada vez más habitual en el mosaico de la criminalidad actual en el que las bandas y los capos se entremezclan, compartiendo espacios y proveedores. “Ahora las organizaciones trabajan de forma parcelada. En una investigación está, por ejemplo, un grupo que hace el agua [transporta la droga en narcolanchas], los de la tierra que tienen contratados a otros que tienen guarderías [lugar para guardar la droga]”, relata una fuente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Son operaciones por estratos. Puedes detener a unos y mantener el secreto para llegar al resto”.

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 23 de febrero —que aterriza cómo deben ser los elementos esenciales que se facilitan a los detenidos sobre una causa bajo secreto para que éstos puedan recurrir si entran en prisión provisional— ha levantado polvo entre los que luchan contra el narcotráfico, como ha revelado EL PAÍS. El órgano de garantías dio la razón a un guardia civil arrestado en esa Operación Hades al considerar que la jueza no le dio detalles suficientes de su imputación. La magistrada María Tardón le denegó el acceso a una conversación concreta y el órgano de garantías, en una sentencia votada por unanimidad (tres conservadores y tres progresistas), ha desarrollado una doctrina que llevaba aplicando nueve años para acotar en qué deben consistir estos elementos esenciales. No vale con una mención genérica de los elementos de la imputación, sino que se debe descender al detalle. Por ejemplo, con las transcripciones de una conversación telefónica.

La sentencia crea jurisprudencia para todo tipo de delincuencia, para los internos en prisión preventiva de cualquier delito. Pero son los expertos de la lucha contra las redes de narcotráfico los que han elevado la voz en este asunto porque explican que esta criminalidad, más compleja que la delincuencia común, necesita muchas veces mantener las causas bajo secreto durante más tiempo para poder llegar hasta el fondo de la investigación contra los narcos. Fiscales, policías, abogados y jueces debaten sobre esta decisión que pone en una balanza la eficacia de la investigación penal y el respeto a los derechos de los detenidos. Dos factores que no son fáciles de conjugar. Algunos magistrados que acostumbran a ver temas de drogas en el sur de España explican que el concepto de “elementos esenciales” siempre había sido indeterminado y costaba ver qué debía entregarse a los sospechosos sin poner en jaque el secreto. “Desde hace años nos planteábamos de qué teníamos que informar. Si le informo de mucho deja de ser secreta y si no le informo de nada vulnera el derecho fundamental de la defensa”, admite Miguel Castillo, togado en la Audiencia Provincial de Cádiz.

En la sala de vistas enfrente de los jueces se sientan los defensores de los narcos, que analizan con lupa cada decisión para buscar fracturas y nulidades en la investigación. Muchos abogados que se han especializado escrutan sumarios para encontrar rendijas por las que colar sus recursos y, por eso, para ellos el desarollo de esta información básica al inicio de una causa es vital para que el cliente no acabe en prisión y la defensa se complique a través de visitas a la cárcel y un cristal. “Hace ya tiempo que los tribunales han aprendido a darte algo de información cuando la causa está secreta, pero todas seguían la misma dinámica: te apuntaban un poco por encima cuáles eran los indicios y ya”, cuenta el penalista Andrés Zapata.

Él ha sido uno de los abogados presentes en el juicio de la Audiencia Provincial de Valencia que dictó el pasado enero de 2026 una sentencia absolutoria para 14 acusados de una trama de tráfico de estupefacientes que había sido capturada gracias a los mensajes de la plataforma encriptada Sky ECC como prueba principal. Esta resolución, que todavía debe revisar el Supremo, marcó un hito al cuestionar las garantías técnicas de la interceptación masiva de estos mensajes. Algunos de los acusados habían estado en prisión provisional.

Media docena de letrados consultados consideran decisiones como esta del Constitucional son una buena noticia porque reprochan que, en ocasiones, la prisión provisional se acuerda a la ligera. Como medida de presión para que los sospechosos confiesen o para lograr conformidades antes del juicio sin que realmente, dicen, haya indicios suficientes para la medida cautelar más restrictiva de derechos. Lo explica Álvaro Aznar Revuelta quien defendió en 2020 el primer caso en España que supuso la excarcelación de siete investigados por falta de acceso a los elementos esenciales del procedimiento en la Operación Colón. “No hay que olvidar que la prisión es una condena sin juicio. Es privar a una persona de libertad sin que tenga una verdadera y material posibilidad de defensa”, dice el letrado onubense. Él ha sido también abogado de Francisco Javier Martín Pérez, más conocido como Kiko El Cabra, que fue detenido y encarcelado durante meses acusado de ser el piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en febrero de 2024 en el puerto de Barbate y que, finalmente, tuvo que quedar en libertad tras demostrarse que no había sido él.

Aznar Revuelta admite, en cambio, que la decisión de la corte de garantías “dificulta” la posibilidad de mantener una causa bajo secreto, pero entiende que “lo que realmente están diciendo Europa y el Constitucional” es que una vez la operación cristalice y se practiquen las detenciones correspondientes debe darse a las defensas acceso a todo lo actuado.

Y eso es lo que han corrido a hacer algunos letrados, presentando recursos para que sus clientes se vean beneficiados con esta sentencia del Constitucional. Como Juan Gonzalo Ospina que logró la primera excarcelación de las 24 que ha acordado la Audiencia Nacional en estas semanas por falta de elementos esenciales tras las detenciones. “Es un hecho histórico que mejora los derechos fundamentales y purifica la óptica de la investigación penal”, dice. Ospina coincide con sus compañeros en que en España se abusa de la cárcel provisional y, a su juicio, la legislación debería modernizarse para buscar medidas cautelares menos gravosas. “Me gustaría que hubiera una reforma legislativa para imponer fianzas, retirada de pasaporte, arrestos domiciliarios, inclusive, una geolocalización en el móvil. Se utiliza mucho y mal la prisión provisional. Hay técnicas modernas, una persona en la cárcel no se defiende igual que una que no lo está“, reclama.

Pero en la otra cara de la moneda están los investigadores, los que se enfrentan día a día con los obstáculos que les impiden desarticular del todo las grandes organizaciones criminales que están asentándose en España. Desde la Audiencia Nacional refutan que la información que se entregaba hasta ahora a los detenidos fuera insuficiente y advierten de que, con los mimbres de esta jurisprudencia, será mucho más complicado construir operaciones eficaces en las que el secreto se explote por fases para no ser descubiertos. “No se hacía una explicación genérica; se le explicaba de forma genérica la investigación y luego se dicen hechos concretos sobre la parte en la que se le incardina [al acusado] dentro de su organización criminal”, replica una magistrada del órgano. En esta línea, sindicatos policiales han reaccionado también a la sentencia que, a su juicio, desnuda las diligencias con reserva: “Desplaza el equilibrio hacia un modelo que puede debilitar de forma efectiva la capacidad de actuación policial frente a fenómenos delictivos complejos”, dijo la Confederación Española de Policías (CEP) en una nota de prensa esta semana.

Más drogas y armas que nunca

Los que luchan contra el crimen organizado ven con preocupación cómo el problema va en aumento sin que ellos sientan que el Gobierno esté poniendo sobre la mesa medidas reales para combatirlo. Los datos de la memoria anual de la Fiscalía muestran un ascenso evidente de las causas de narcotráfico. Entre 2022 y 2023 los asuntos de drogas en toda España se incrementaron un 10%, mientras que entre 2023 y 2024 (el último dato disponible) el ascenso fue del 23,2%. De 23.949 procedimientos iniciados por Antidroga se pasó a 29.758 en 2024. La foto de la delincuencia está cambiando a medida que otros países endurecen sus normas, advierten en la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDyCO)de la Policía, y por ello esta sentencia les parece un palo en las ruedas de sus investigaciones ya complejas de por sí. “Todo el crimen organizado se está viniendo para España. Ahora hay un acuerdo entre ellos [los narcos] para no hacer ruido, pero el día de mañana va a pasar algo y se llevará algún civil por delante seguro. Hay muchas más armas de guerra y mucha más droga que nunca”, cuenta un alto cargo.

Precisamente, la conversación que quería conocer el guardia civil que recurrió al Tribunal Constitucional y que ha dado lugar a la resolución no era una conversación cualquiera. La Policía había infiltrado a un agente en el puerto de Ceuta para destapar que la corrupción campaba a sus anchas después de una denuncia que había llegado a Asuntos Internos. La juez denegó el acceso a esa llamada porque conocía este extremo. Los investigadores advierten ahora que la sentencia presenta graves complicaciones para operaciones con agentes encubiertos que pueden ser delatados si hay un acceso prematuro a datos de causas secretas. “Primero, me parece peligrosísimo para los encubiertos porque a lo mejor la cobertura [nombre y vida ficticia] no da tiempo a desmontarla en tan poco tiempo. Y segundo, si la idea era continuar con la actividad hay que suspenderla en ese mismo momento porque van a saber que ha habido encubiertos”, sostiene esta fuente policial.

La Fiscalía del Tribunal Constitucional se posicionó a favor del recurso de amparo y su jefe, Pedro Crespo, no ve por qué motivar a un preso las causas de su ingreso suponga obligatoriamente el desvelamiento del secreto de la causa. En declaraciones a este periódico ha explicado que si había agentes encubiertos podrían haberse suprimido las referencias. “Ni siquiera aclaraban si las conversaciones eran entre terceros o si participaba el investigado. Y si son del investigado, que ya las conoce, ¿qué revelamos permitiéndoles acceder a su contenido, sin revelar que el otro es un encubierto, si el mismo investigado mantuvo esa conversación?“, señaló.

Desde la trinchera de la lucha contra las drogas, su máxima representante en la Fiscalía, la jefa Antidroga Rosa Ana Morán, explica que no es sencillo dar detalles de una conversación que ha sido intervenida a un narco sin decirle que no se le facilitan algunos datos porque se trata de un agente encubierto y se pregunta: “¿Entonces la información sigue siendo esencial? ¿O es que si no se puede dar ya no es información esencial?“. Morán ha advertido de la avalancha de recursos que esta resolución puede acarrear, pero recalca en conversación con EL PAÍS que lo que más le preocupa es la imposibilidad de compatibilizar el secreto a partir de ahora y las dificultades para desarrollar operaciones conjuntas con otros países.

Antidroga expone que es más sencillo dotar de los elementos esenciales a quienes han sido pillados con el cargamento de droga en la mano, pero que lo duro es llegar a los grandes capos. “En los jefes es donde los elementos esenciales están más ocultos, en conversaciones telefónicas, en agentes encubiertos, en equipos conjuntos con otros países. Tenemos que llegar arriba, no al de abajo“, esgrime. Para ella ”hay un punto de desigualdad" entre el Estado y los narcos: “El Estado es más débil que las defensas. Tienen mucho más dinero, muchos más abogados y están machacando a la Audiencia Nacional a recursos y peticiones“. Un ángulo distinto al que ve Luis María Chamorro, letrado en la causa de narcotráfico que capturó el mayor alijo de droga de la historia de España: ”Esto también va de igualdad de armas. Las causas secretas privilegian la posición del fiscal en las investigaciones".