La derecha recela del nuevo escudo social por la guerra tras oponerse a limitar los precios ante las emergencias

En el Congreso sí hay dos bloques bastante perfilados cuando se trata de asuntos económicos. Se apreció claramente hace dos semanas, al abordar el decreto ómnibus con numerosas medidas para salir de la crisis y se volverá a notar cuando en el debate del nuevo escudo social, en el que el Gobierno quiere incluir actuaciones relacionadas con las consecuencias de la guerra en Irán, tras consultarlas en una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. La derecha parlamentaria, formada por PP, Vox, UPN y Junts, pero con PNV muy cerca, desconfía del intervencionismo del Ejecutivo. El Gobierno recuerda que el grueso de ese bloque ya tumbó hace 15 días un decreto para “garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en casos de emergencia” y controlar los precios especulativos.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantendrá en los próximos días una serie de contactos telefónicos con todos los grupos representados en el Congreso que se presten para sondear la elaboración de propuestas relacionadas con las repercusiones de la guerra en Irán para las que dice perseguir la unanimidad. En ese afán, y el de retratar a todos los partidos, el Gobierno se va a poner en contacto incluso con Vox, al no suelen incluir en este tipo de rondas, y del que esperan una negativa a cualquier tipo de colaboración.

El PP también está reacio, aunque aguarda a ver cómo se plasma la convocatoria y con qué intenciones. Fuentes de Junts y también desde la cúpula del PNV han expresado, en una línea muy similar a la del PP, su desconfianza a que el presidente, Pedro Sánchez, pueda usar esas citas con fines propagandísticos. El Gobierno no ha querido aclarar aún si expondrá sus propuestas en esas conversaciones o si el propio presidente las podría enunciar en su convocatoria ante las Cortes, ya programada para el 25 de marzo, tras el Consejo Europeo de la semana que viene. Los populares, en cualquier caso, ya anticipan que sus ideas van encaminadas a bajar impuestos.

Los socios habituales de la coalición progresista lo que demandan y con urgencia es un escudo social pero más fuerte para paliar los efectos de la guerra, que ya se están sufriendo. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, avanzó que esas actuaciones que ya se están analizando “llegarán más pronto que tarde” y entre las mismas apostó porque estuviera la prórroga y congelación de los alquileres y un mayor despliegue de las energías renovables.

Alberto Ibáñez, de Compromís, lamentó que se esté llegando tarde y propugnó “inspecciones en las gasolineras para evitar abusos al subir el precio de los carburantes, porque el que está en reserva no se ha visto afectado”. Su excompañera de Compromís, Águeda Micó, insistió en la idea de topar precios y defendió que si para poner en práctica algunas de esas medidas hace falta aprobar “dos, tres, cuatro o diez de decretos, habrá que hacerlo”.

La secretaria general y portavoz de Podemos, Ione Belarra, fue más lejos en lo que denominó “un plan anti Trump” porque mantiene que el Gobierno sí tendría herramientas" para hacer más, como en la protección contra los desahucios y para bajar los precios de los alquileres. Todas esas ideas son anatemas para la derecha.

Desde el Ejecutivo se recordó, sobre poner topes a los precios o prohibir los desahucios a las familias más vulnerables, lo que ocurrió hace dos semanas en el pleno del Congreso cuando PP, Vox, Junts y UPN tumbaron un primer decreto social que frenaba los desahucios en esos casos y otro promovido desde el Ministerio de Consumo para “garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en casos de emergencia” y controlar los precios y negocios especulativos ante catástrofes como los incendios en Galicia, las inundaciones en Andalucía o el accidente de Adamuz. El ministro Pablo Bustinduy ya alertó entonces, tras la simbólica derrota parlamentaria, que algún día ese bofetón político se podría lamentar por otras razones y ahora apela a la memoria para interpelar a esas derechas parlamentarias.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, no se dio por aludida. Este martes, tras la Junta de Portavoces, rechazó esos argumentos críticos y reiteró que no apoyarán ningún decreto “trágala” para tapar los escándalos que cercan a Pedro Sánchez y que “legalice la ocupación” o intente colar “por la puerta de atrás medidas comunistas”. Sobre los topes de precios sentenció: “Controlar los precios a demanda es comunista”.