El Supremo rechaza aplazar el juicio del ‘caso mascarillas’ como pedía Ábalos

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del exministro José Luis Ábalos de aplazar un mes el juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde Transportes durante la pandemia del coronavirus. Los magistrados han fijado ya el calendario de la vista oral, que empezará el 7 de abril y se extenderá hasta el día 30 de ese mes con sesiones de mañana y tarde.

La defensa de Ábalos, que asumió el letrado Marino Turiel el pasado enero, había pedido al Supremo que aplazase la vista un mes ante la “complejidad” del juicio. Aseguraba que se le hacía imposible “asumir la carga de trabajo” y el “esfuerzo material y mental” que supone. “La celebración del juicio en la fecha actualmente señalada impediría a esta parte preparar la defensa con las mínimas y debidas garantías”, insistía.

El alto tribunal le ha contestado que el pasado febrero ya le avisó de que las sesiones tendrían lugar “después de Semana Santa”. Y ha recordado que se trata de “una causa con preso”―Ábalos y su exasesor, Koldo García, están en prisión provisional desde el 27 de noviembre―, por lo que su señalamiento “debe ser siempre prioritario”.

El letrado alegaba también que no había podido acceder a la causa al completo porque al intentar entrar en la plataforma informática “el ordenador se queda pensando de forma indefinida en un bucle continuado”. El Supremo le ha respondido que esa aplicación depende del Ministerio de Justicia, por lo que asegura que “lo único” que puede hacer para solucionarlo es poner a su disposición en la secretaría del tribunal el conjunto de la causa “para su consulta o bien su copiado en disco duro externo”.

Así las cosas, el alto tribunal mantiene su previsión indicando que el juicio se celebrará a lo largo de 14 días, repartidos entre el 7 y el 30 de abril, en sesiones de mañana y tarde. Está previsto que desfilen más de 75 testigos y 20 peritos. Los magistrados escucharán el testimonio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, imputada en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, entre otros. En cambio, han descartado que testifiquen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los ministros María Jesús Montero y Fernando Grande-Marlaska; y el presidente de la Generalitat y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuya comparecencia habían pedido las acusaciones.

Este primer juicio del caso Koldo sentará en el banquillo a Ábalos, el que fuera su hombre de confianza, Koldo García, y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Los investigadores les configuran como una organización criminal dedicada a cobrar comisiones a cambio de favores políticos, en este caso concreto para comprar mascarillas desde el Ministerio de Transportes y sus empresas públicas en plena pandemia.

El Supremo también investigaba, en otra rama, los presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas por los que están imputados el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como varios empresarios, incluidos exdirectivos de Acciona. Sin embargo, la renuncia de Ábalos al escaño el pasado 28 de enero propició que esa parte de las pesquisas recalara en la Audiencia Nacional, que ya investigaba a Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero por estos hechos.

Durante la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero, las defensas de Ábalos y su exasesor intentaron que el caso mascarillas viajara también a la Audiencia Nacional, algo que lo habría retrasado enormemente, según advirtió el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Los magistrados lo descartaron, reteniendo la competencia del Supremo sobre esta parte de las pesquisas en base a un acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal en 2014, según el cual, cuando un acusado renuncia al fuero después de que se haya dictado la apertura de juicio oral, la competencia para juzgarle se mantiene en el tribunal que ha llevado la instrucción, en este caso, el Supremo.

Ábalos, García y Aldama están acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio años para su antiguo asesor, mientras que la acusación popular, liderada por el PP, eleva a 30 años la petición para ambos. Para Aldama, en cambio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han reducido la petición de pena a solo siete años al considerar que ha colaborado con la justicia autoinculpándose y aportando información sobre la trama corrupta.

El tribunal que les juzgará estará integrado por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor en ese cargo, Manuel Marchena; y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.