José María Fernández Seijo, vocal progresista del CGPJ: “Yo pensaba que se podrían hacer otras cosas y de manera distinta, pero asumo que la estructura me obliga a renuncias”

José María Fernández Seijo (Madrid, 60 años) ingresó en la carrera judicial hace 35. Su último destino fue el Juzgado de lo Mercantil 11 de Barcelona. Lo echa de menos. Y también “poner sentencias”. Se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio de 2024 y se ha destacado como líder natural del bloque progresista. Dice que los primeros esfuerzos se dedicaron a reflotar un órgano “desprestigiado, que se había convertido en un contrapoder” y se hizo con grandes consensos que acabaron descarrilando. Eso le llevó a dimitir el pasado octubre, pero la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, no aceptó su renuncia. Ahora cree que hay que cumplir objetivos porque “una mayoría progresista debería permitir determinados ajustes”, por ejemplo, en los nombramientos de la cúpula judicial: “No se trata solo de jugar los partidos, también de ganarlos”.

Pregunta. El Ministerio de Justicia y el CGPJ han llegado a un acuerdo para convocar 500 plazas vacantes de magistrados. ¿Cómo lo valora?

Respuesta. Creo que es una noticia fantástica para el servicio público de la Administración de Justicia. No recuerdo una convocatoria tan grande y nos permite pensar que la justicia importa.

P. La presidenta del Consejo se quejó recientemente de que existe un déficit histórico de jueces. ¿Faltan jueces y magistrados?

R. No. De hecho, hay países de nuestro entorno que tienen menos jueces, por ejemplo, Francia, y los procedimientos duran menos. Los datos dicen que más de un 67% de los jueces tienen una carga de trabajo razonable, pero hay una horquilla, de entre el 28 y el 30% de juzgados, que están saturados. Cuestión distinta es cómo se organiza ese trabajo. El síndrome del burnout, del juez quemado, es una sensación de saturación, de falta de carrera profesional, de falta de incentivos económicos, que supera nuestras fronteras.

P. El CGPJ ha acordado una convocatoria de 125 plazas del cuarto turno [reservado para juristas de reconocido prestigio con diez años de experiencia profesional]. El Ministerio de Justicia se quejó recientemente de un “incumplimiento sistemático” de anteriores Consejos. ¿Está de acuerdo?

R. La última convocatoria es del año 2023 y estamos en febrero de 2026, por lo que imputable a nosotros hay un año de retraso. Pero sí que hay un déficit que se tiene que corregir a lo largo de estos años.

P. La reforma de acceso a la carrera aprobada por el Gobierno contempla la regularización de jueces sustitutos, algo muy criticado por la mayoría de asociaciones e incluso por el informe que emitió el CGPJ. ¿Comparte esas críticas?

R. Yo fui uno de los ponentes del informe y hago mías las críticas técnicas que hicimos. También tengo alguna discrepancia respecto del proyecto en cuanto a que decía que hay una exigencia clara de la justicia europea. Lo que pide el tribunal de la UE es que los jueces sustitutos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones que los jueces de carrera, pero no que haya una pasarela de acceso automático. Pero el proceso de regularización es una opción legislativa y hay que respetarla.

P. El Gobierno plantea también una reforma del sistema de acceso por oposiciones para hacerlo menos memorístico. ¿Cree que hay que cambiarlo?

R. Los modelos de acceso a la carrera que mejor funcionan, que son el de Países Bajos y el de Francia, cada vez alivian más la parte memorística. Tiene que haber un conocimiento técnico de las leyes, más que un conocimiento memorístico. El proyecto de ley introducía una prueba escrita para ver cómo podía razonar, algo que se llevaba proponiendo ya desde muchos años.

P. Ese proyecto generó una convocatoria de huelga por parte de asociaciones judiciales, pero el Consejo no la dio por convocada porque los jueces no tienen derecho a la huelga. ¿Debe regularse?

R. Mi opinión es que el derecho a la huelga no es compatible con el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Fue una manera de hacer ruido absolutamente innecesaria e injustificada. A partir de ahí, se abrió un debate, que es un debate histórico, sobre si los jueces tienen derecho a la huelga. Y el Consejo lo que hizo fue remitirse a lo que había decidido anteriormente. La debilidad del sistema es que no hemos sabido dar una respuesta contundente.

P. Casi ninguna de las quejas más mediáticas por comportamientos de jueces que ha estudiado el Consejo ha derivado en sanción y se transmite la idea de que la ley no permite sancionar a un juez que insulte en X al presidente del Gobierno, por ejemplo. ¿Es así o hay una interpretación laxa de ley?

R. Los tipos de sanción son muy antiguos y hay realidades como las redes sociales que no están previstas. Y tenemos una jurisprudencia que establece que el juez tiene la libertad de expresión. Es verdad que hay determinados comportamientos que creo que son reprobables.

P. Miembros del Parlamento Europeo han visitado España y algunas asociaciones de jueces les han transmitido que la independencia judicial está en peligro. ¿Su percepción es esa?

R. Todos los países tienen problemas, pero no hay un riesgo endémico de la garantía de la independencia. Hay una visión catastrofista que tiene que ver con las tensiones políticas. Pero no hay datos objetivos que nos permitan pensar que la justicia en España es peor que la justicia portuguesa, francesa, danesa o alemana.

P. Usted presentó su dimisión en octubre, pero luego decidió seguir en el Consejo. ¿Qué ha ocurrido?

R. Fundamentalmente, que la presidenta no ha aceptado la dimisión. Durante el primer año se hicieron 161 nombramientos, conseguimos unanimidades o mayorías amplísimas. Pero a la vuelta del verano ese esfuerzo de consensos se rompe. Lo que le trasladé es que, si ese esfuerzo por hacer consensos no revertía y no empezábamos a tener un programa de actuación que mejorara el servicio público, yo no me veía con fuerzas para seguir aquí. Se han hecho algunos ajustes y hemos llegado otra vez a unanimidades. El órgano no funciona de manera perfecta. Probablemente, es mayor la tensión que hay entre una visión corporativa del Consejo y una visión no corporativa que entre una visión progresista o conservadora. Este Consejo no es mi Consejo ideal. Yo pensaba que este Consejo podría hacer otras cosas y de manera distinta. Pero también asumo que la estructura a lo mejor me obliga a renuncias.

P. ¿Qué cosas le gustaría haber podido hacer que esté viendo que es imposible?

R. Una mayoría progresista de vocales debería permitir determinados ajustes, por ejemplo, en materia de nombramientos o la idea de que se hubieran respetado los criterios de paridad en las presidencias de las salas del Supremo, haber fomentado que, dentro del mérito y capacidad, se hubieran corregido casi diez años de un Consejo con una mayoría aplastante conservadora, que era reflejo de una mayoría aplastante conservadora en el Parlamento. No se trata solo de de jugar los partidos, sino también de ganarlos.

P. Cuando empezó este Consejo, sobre el papel, eran diez vocales conservadores, diez progresistas y una presidenta a priori de sensibilidad progresista. Pero eso no siempre se ha reflejado en las votaciones. ¿Confía en que esto se vaya a corregir?

R. Los nombramientos exigen 13 votos y los 13 votos obligan a configurar pactos. Si miramos las votaciones del ala progresista, la disparidad de votos ha sido más habitual que en el otro ala, que funciona con más cohesión. Yo no soy quién para dar carnets de progresista o conservador. La mayor frustración es no tener un programa de trabajo y unos objetivos comunes. Y eso es lo que espero que en los próximos meses podamos tener.