El comisario Villarejo vuelve al banquillo con el arranque del juicio sobre el ‘caso Dina’

El comisario José Manuel Villarejo regresa esta semana a la Audiencia Nacional para sentarse en el banquillo. Otra vez. Desde este lunes, el tribunal prevé enjuiciar al policía jubilado, junto a dos antiguos periodistas de la extinta revista Interviú (Alberto Pozas y Luis Rendueles), por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por traficar supuestamente con la información que contenía el móvil robado a Dina Bousselham, quien fuera asesora de Pablo Iglesias en Bruselas durante su etapa como eurodiputado. Los magistrados escucharán, entre otros testigos, al propio fundador de Podemos, que también se encuentra personado en el proceso como víctima de la trama.

Este es el octavo juicio que afronta Villarejo en la Audiencia Nacional —el comisario acumula cinco absoluciones y dos condenas de cárcel, que suman 16 años y un día de prisión; aunque sigue en libertad, ya que ninguna de las penas es firme tras recurrirlas al Tribunal Supremo—. Sin embargo, ninguna de las vistas celebradas hasta ahora contra él han tenido una dimensión política similar a la que arranca este lunes. El caso Dina, como se llamó a esta investigación, marcó la actualidad durante años y, además, dio un giro monumental cuando el magistrado instructor Manuel García-Castellón intentó dirigir el sumario contra el propio Iglesias, al que trató de imputar cuando era vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para comprender este enrevesado caso hay que remontarse más de una década. La Fiscalía Anticorrupción, que reclama cinco años de cárcel para Villarejo y tres años para los dos reporteros, comienza su relato el 1 de noviembre de 2015. Ese día, “uno o varios individuos” sustrajeron el teléfono a Dina Bousselham cuando se encontraba de compras con su entonces pareja en el Ikea de Alcorcón (Madrid). Ella misma acudió a una comisaría esa misma jornada a denunciarlo, sin imaginarse que nunca se descubriría al autor material del robo; que el contenido del móvil se publicaría en varios medios de comunicación a mediados de 2016; y que, además, tras el arresto de Villarejo a finales de 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encontraría en su poder un disco duro y dos pendrives con copias de sus archivos.

La Audiencia Nacional abrió entonces una investigación para indagar sobre cómo había llegado esa información hasta el comisario. Según el ministerio público, que no vincula directamente a Villarejo con el robo del teléfono, el agente corrupto la obtuvo en 2016 a través de Luis Rendueles y Alberto Pozas, que era entonces director de Interviú y que después pasaría a ocupar el puesto de director general de Información Nacional de La Moncloa —cargo que dejó en 2019 tras conocerse su relación con el caso—.

Los dos periodistas aseguraron ante el juez que una persona “anónima” dejó el 19 de enero de 2016 un sobre en la sede de Zeta, grupo editor de la revista, con una tarjeta con el contenido del móvil de la asesora de Iglesias. De seguido, ambos examinaron el material, que incluía fotografías de Bousselham semidesnuda, documentos internos del partido, datos bancarios y chats de grupos de Telegram donde participaban dirigentes de Podemos. Pero Interviú acordó no publicar nada. Y, según Anticorrupción, es a partir de entonces cuando todo se enreda.

El mismo 20 de enero, el presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, decidió entregar la tarjeta a Pablo Iglesias, “creyendo que podría pertenecerle”, según la Fiscalía. Sin embargo, por su parte, Pozas y Rendueles “hicieron una copia”, que dieron meses más tarde a Villarejo, al “que habitualmente trataban como una de sus fuentes”.

El comisario no se quedaría quieto. Anticorrupción sostiene que el policía facilitó “aquellos archivos” robados “a periodistas de su círculo de confianza” de El Confidencial y la web Okdiario, “para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito” de Podemos e Iglesias. Por estos hechos, el fundador del partido de izquierdas y Bousselham, que ejercen la acusación como víctimas de la trama y que sí insinúan la relación de Villarejo con el robo del teléfono en 2015, piden cuatro años de prisión para el policía jubilado. La exasesora reclama esa misma pena para los reporteros, para quienes el político pide tres años de reclusión.

Durante la instrucción, Pozas y Rendueles alegaron que entregaron los archivos a Villarejo después de que este contactara con ellos, y al entender que se los “requería” para “un uso policial legítimo”. Una tesis que rechazan las acusaciones.

El giro de Gacía-Castellón

El magistrado García-Castellón, que dirigió la instrucción del caso Dina, comenzó en 2019 investigando la tesis que ha llegado finalmente a juicio —respaldada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional—. Pero, en 2020, dio un giro a la causa para poner en la diana a Pablo Iglesias. Según la teoría del juez, que nunca llegó a prosperar, el líder de Podemos “se guardó” la tarjeta de Bousselham “sin decírselo a su propietaria” después de que se la entregara Asensio. Entonces, según esa tesis, el dirigente político dañó el dispositivo y, a raíz de que empezase a publicarse su contenido en la prensa, urdió un plan para presentarse como víctima de una conspiración y, finalmente, tratar de aprovecharse de la instrucción judicial.

Por ello, García-Castellón pidió al Supremo que imputase al fundador de Podemos, que era en ese momento vicepresidente del Gobierno. Pero el alto tribunal lo rechazó al concluir que no había indicios de delito. Pese al revés, el juez no desistió y encargó varios informes para dilucidar cómo se había estropeado la tarjeta. Sin embargo, su empeño acabó cuando la Policía Científica le remitió un análisis donde se aseveraba que no se podía aclarar por qué no funcionaba ese dispositivo electrónico.