La Audiencia Nacional desinfla el ‘caso Villarejo’

José Manuel Villarejo extendió sus tentáculos durante décadas desde la Policía Nacional, adonde llegó en los estertores del franquismo. En 2016 se jubiló como comisario y, solo un año después, fue detenido y encarcelado de forma preventiva como epicentro de una gran trama dedicada a ejecutar encargos de espionaje a cambio de cantidades millonarias. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional abrió entonces un macrosumario, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, que ha sumado medio centenar de líneas de investigación y que ha salpicado a todos los poderes del Estado, al IBEX 35 y a la Casa Real. Pero el resultado de los primeros seis juicios del caso queda muy lejos de las pretensiones del ministerio público: hay más absueltos (como la pareja y el hijo de Villarejo) que condenados; las penas impuestas son muy inferiores a las reclamadas por la acusación; y los directivos de las grandes compañías han salido prácticamente indemnes hasta ahora.

Los seis primeros juicios del caso Villarejo han constituido un auténtico test de estrés para la macrocausa, con resultados pocos satisfactorios al compararse con las expectativas. Según un recuento de EL PAÍS, 35 personas se han sentado ya en el banquillo de la Audiencia Nacional: 19 han acabado absueltas; 1, exenta por problemas de salud; y 15, condenadas a prisión (aunque, una decena de ellas, a penas mínimas que no superan el año de reclusión). Y Villarejo, pese a ser el más castigado (suma tres sentencias en contra: una de 13 años de cárcel, otra de 8 años y otra de 3 años), sigue aún en libertad al no ser firme ninguna de las resoluciones; y ha logrado frenar buena parte de las pretensiones de Anticorrupción: ha sido absuelto en dos juicios, ha tumbado el delito de cohecho en cuatro y las penas decretadas contra él (ese total de 24 años de prisión) quedan lejísimos de las solicitadas inicialmente por el ministerio público (cerca de 200 años).

“Eso demuestra lo desmesurado de las acusaciones en este proceso”, lamenta Sergio Nuño Díez de la Lastra, abogado de Gemma Alcalá, esposa de Villarejo, que ha sumado otra victoria en las últimas semanas. A través de un escrito fechado el 6 de noviembre, la Sala de Apelación de la Audiencia notificó que nadie había recurrido al Supremo la absolución de Alcalá dictada en el primer gran juicio a la trama (sobre los proyectos Iron, Land y Pintor) y, por tanto, se declara su firmeza. Esto significa que Anticorrupción, que llegó a pedir más de 83 años de cárcel para ella por su implicación en la red corrupta, renuncia a batallar por una condena ante el alto tribunal. “Se han instrumentalizado las acusaciones contra los familiares de Villarejo, que era quien realmente interesaba a la Fiscalía”, apostilla el letrado.

El cohecho, tumbado. El gran varapalo llegó tras el primer juicio, que comenzó en octubre de 2021, duró un año y versó sobre tres encargos de espionaje al equipo de Villarejo (los ya mencionados proyectos Iron, Land y Pintor). Aunque la Fiscalía logró que se diera por probada la existencia de la trama encabezada por el comisario y validara los registros y las grabaciones que le intervinieron (esos famosos audios que mantuvieron en vilo a las altas esferas del país mientras se conocían a cuentagotas), la Audiencia Nacional solo condenó a 10 de las 27 personas que se sentaron en el banquillo —absolvió, entre otros, a la mujer y al hijo del policía—.

Además, las penas quedaron muy lejos de las reclamadas por esta parte de las pesquisas (la condena de Villarejo fue de 19 años de prisión, rebajada después a 13 años, frente a los 110 años que se pidió inicialmente). Pero, sobre todo, se descartó el delito de cohecho, que vertebra buena parte del inmenso proceso. Dos de los tres magistrados del tribunal consideraron que el comisario no cometió las ilegalidades en “el ejercicio de su cargo” (es decir, como policía) sino que actuaba dentro de la “esfera privada”. Y esa tesis se ha repetido en el grueso del resto de juicios celebrados, lo que ha provocado que decayeran las principales acusaciones contra él (solo se le ha condenado por cohecho en una vista).

Esta es una de las grandes cuestiones sobre las que el Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse. La Audiencia Nacional ya ha comunicado que se han elevado a esta instancia las condenas dictadas contra Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo. Si el Supremo reintroduce el cohecho, cambiará el marco para los múltiples juicios que quedan —en enero, por ejemplo, está previsto que el comisario vuelva al banquillo por cohecho por recibir supuestamente un encargo del empresario Javier López Madrid para hostigar a la doctora Elisa Pinto—.

Exculpados los directivos de Planeta, Repsol y Caixabank. Otros dos juicios contra la trama se saldaron con condenas de cárcel a Villarejo, al imponerle tres años y un día de cárcel por ejecutar en 2014 un encargo del Grupo Planeta; y otros ocho años por espiar para Repsol y Caixabank. Sin embargo, la Audiencia Nacional circunscribió toda la responsabilidad penal al comisario y a alguno de sus colaboradores directos, y dejó fuera a los cinco directivos de estas compañías que también habían sido procesados. El tribunal consideró probado que esos gigantes empresariales entraron en contacto con la trama a través de sus jefes de Seguridad y se hicieron con sus servicios. Pero, en el caso de Planeta, exculparon a sus altos cargos porque no “ha quedado probado que supieran” que Villarejo se encontraba en servicio activo. Y, al abordar las acusaciones contra Caixabank y Repsol, porque no se acreditó “fehacientemente” que sabían que la red corrupta accedía a datos confidenciales para sus labores de espionaje. Cuatro de esos directivos de las tres compañías eran funcionarios de Policía en excedencia.

Dos absoluciones. Los dos últimos juicios celebrados contra la trama se han saldado con sendas victorias de Villarejo, que ha resultado absuelto en ambos. Este octubre, el comisario esquivó otra pena de 23 años de cárcel que le reclamaba la Fiscalía por el llamado Proyecto Saving. Pese a que el tribunal consideró probado que José Moya, expresidente de la compañía Persan, le pagó medio millón de euros para un encargo de espionaje y que, incluso, la trama se hizo con el tráfico de llamadas de varias víctimas; los magistrados consideraron que no se había acreditado “con el rigor que exige el proceso penal” que el policía se valiera de su cargo para acceder a ese material confidencial. “No se puede presumir, en contra del reo, que por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin”, dijeron.

Este noviembre llegó su segunda exculpación. La Audiencia volvió a considerar acreditado que su equipo recibió en 2015 otro encargo de espionaje que implicó recopilar datos reservados de un empresario de Marbella (Málaga). Esos datos confidenciales acabaron en poder de la trama, pero los jueces afirmaron que no se han aportado indicios suficientes que demuestren la implicación directa de Villareja en la extracción de esa información sensible. La Fiscalía le solicitaba otros nueve años de prisión.

La pieza de Barajas. Uno de los seis juicios del caso Villarejo celebrados hasta ahora no tuvo a este policía como protagonista. En esta vista se sentaron en el banquillo el también comisario Carlos Salamanca, exresponsable de fronteras en el aeropuerto madrileño de Barajas y amigo de Villarejo; y el empresario y abogado Francisco Menéndez. La Audiencia Nacional condenó a cinco años y ocho meses de cárcel a Salamanca (una pena reducida después a tres años) por recibir entre 2010 y 2015 importantes cantidades de dinero (al menos, más de 125.000 euros en efectivo) y regalos (coches de alta gama, relojes de lujo, viajes...) para que hiciera la vista gorda y facilitara la entrada sin control en España de altos cargos de la petrolera estatal guineana Gepetrol, vinculada al régimen dictatorial de Teodoro Obiang. A Menéndez, que fue quien acudió en 2017 a la Fiscalía para denunciar la trama de Villarejo y confesar, solo se le impusieron tres meses de prisión.