La psiquiatra acusada por la muerte de un paciente agudo: “No tenía intenciones suicidas”

La psiquiatra enjuiciada por la muerte de un paciente agudo en Córdoba y que afronta una pena de ocho años de cárcel, Carmen Prada, ha alegado este jueves en la vista oral que el enfermo no pretendía suicidarse, como sí ha sostenido de manera reiterada la familia de la víctima. “El paciente tenía un riesgo de no controlar su conducta, pero no tenía intenciones suicidas”, ha alegado la jefa de salud mental del Hospital Reina Sofía, para quien la Fiscalía pide cuatro años de prisión. La acusación particular eleva la pena a ocho años por dos homicidios involuntarios, ya que la considera responsable de la muerte del enfermo y de otro hombre al que este mató años antes. La tesis que ha defendido la doctora es que el paciente no se suicidó sino que su muerte se debió a una cardiopatía complicada por un edema pulmonar y la ingesta de fármacos antidepresivos.

El paciente Francisco Miguel León Benítez murió en 2020. El juicio busca determinar si la jefa de salud mental debió declarar el internamiento forzoso en un centro psiquiátrico del enfermo agudo que su familia reclamaba desde 2010 por sus constantes episodios y estallidos violentos, lo que habría impedido su muerte a los 39 años, y la de otro hombre que el paciente mató en defensa propia cinco años antes, un crimen por el que fue absuelto. En paralelo, la jueza Carmen Gema González, titular del Juzgado de lo Penal 4 cordobés, debe decidir si la doctora incurrió en un delito de denegación de asistencia sanitaria por no forzar el internamiento del paciente, que sufrió repetidos brotes psicóticos a lo largo de una década.

“No existe el encierro preventivo”, ha defendido la médica al terminar su declaración, de una hora y media y en la se mostró notablemente nerviosa y con voz grave. Antes de su interrogatorio, el padre de la víctima, Francisco León, había alertado de las constantes denuncias y reclamaciones que interpuso desde 2010 ante los juzgados de guardia, la Fiscalía, la Junta andaluza, la comisaría y el hospital. “Avisé infinidad de veces de lo que iba a pasar. Denuncié y nadie hizo nada. Lo llevaban a Urgencias, le daban calmantes, luego a Salud Mental y a continuación a la calle. No se tomaba los tratamientos e intentó quitarse la vida varias veces”, ha censurado con la voz rota. Desde 2006 su hijo acudió a más de medio centenar de consultas médicas, fue atendido por dos psicólogos y cinco psiquiatras diferentes, y sufrió ocho episodios de crisis agudas con sendas hospitalizaciones.

La jefa de salud mental trató al paciente en diversas ocasiones y este jueves ha declarado ante la juez que este sufría episodios de alta disfuncionalidad conductual y un trastorno de personalidad mixta, pero que sus episodios eran provocados por el consumo de sustancias psicoactivas, que potenciaban sus síntomas y le hacían perder el control en episodios críticos. “Esta persona sufría un trastorno mixto de personalidad con abuso de tóxicos, no era un trastorno mental grave. No comparto el trastorno esquizoide afectivo”, ha afirmado la facultativa sobre el diagnóstico que realizó un psiquiatra privado. Los padres y hermanos de la víctima relataron en la vista oral como testigos que cuando mostraron el diagnóstico alternativo de otro psiquiatra a la jefa de salud mental, esta ignoró la opinión de su compañero experto y rechazó incluso leerlo.

El paciente sufrió ocho hospitalizaciones tras los brotes, pero su rutina habitual durante una década fue ser atendido por los servicios de salud mental comunitarios, sin ser ingresado. Tras matar al otro hombre pasó tres años en prisión preventiva antes de su absolución. “Mi hijo salió de la cárcel muchísimo peor de cómo entró porque sufrió abusos”, lamentó el padre.

La doctora rechaza la hipótesis de que el hombre hubiera acabado con su vida voluntariamente. “Descarto la posibilidad del suicidio. La familia me expresaba que la situación era inabordable y la convivencia imposible (…) Pero el seguimiento evolutivo del paciente no dependía de mí, sino del equipo comunitario”, ha argüido ante la magistrada.

“El consumo de sustancias hacía que perdiera el control. Si no consumía no aumentaban los síntomas del trastorno de personalidad y estallidos de ira. El trastorno lo tenía consumiera o no, pero este lo disparaba”, ha precisado la médica, psiquiatra de referencia del paciente. “Siempre se le recomendaba que era necesario que acudiera al equipo de conductas adictivas y al servicio de drogodependencia. Era muy impulsivo y hubo confrontaciones, pero en ningún momento fue identificado como un paciente mental grave con trastornos graves”, añadió la médica.

Por el contrario, sus familiares destacaron que el enfermo tuvo “bastantes intentos de suicidio y lavados de estómago” en los servicios hospitalarios de Urgencias. “Mi hijo ha sufrido un abandono de las instituciones y por eso ha muerto. Hemos pedido socorro pero la doctora no nos decía nada ni lo derivaba. Ella dijo que el informe [del psiquiatra privado] no le interesaba, que no quería saber nada del informe”, ha criticado la madre del enfermo. Su hermano ha rematado: “Estábamos desamparados”.

La Fiscalía ha reiterado que la víctima no recibió asistencia domiciliaria para hacerle un seguimiento de la enfermedad y atender así las peticiones de la familia, desesperada por su comportamiento violento, ya que agredió incluso a su padre en 2014. La médica ha defendido que la patología del enfermo no conllevaba atención domiciliaria hasta que falleció en 2020, sino a partir de 2021 cuando se desarrolló un protocolo. Por el contrario, la defensa de la familia ha asegurado que la ley general sanitaria es muy clara al respecto y que establece una mejor atención a los pacientes de salud mental que la recibida en este caso.

Mientras que junto a la Fiscalía de Córdoba acusa a la psiquiatra la familia de la víctima, en las defensas están personados el Colegio de Médicos de Córdoba, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y dos aseguradoras, que afrontarían las indemnizaciones económicas si la doctora resultara culpable. El juicio tendrá otras dos sesiones más la próxima semana antes de quedar visto para sentencia. Declararán los peritos propuestos por las partes y se profundizará en si la ley amparaba o no la actuación de la jefa de salud mental, en un caso inédito en la justicia española dado que ningún psiquiatra ha afrontado una petición de cárcel por supuesta desatención sanitaria de un paciente agudo, según las sociedades científicas de psiquiatría.