La Policía Nacional toma la antigua prisión okupada de Palma ante la creciente inseguridad

Casi medio centenar de agentes de la Policía Nacional de Baleares y de la Policía Local de Palma han tomado en la mañana de este miércoles el recinto de la antigua prisión de capital balear en la que alrededor de 200 personas malviven entre basura y condiciones insalubres desde hace años porque no tienen otro lugar al que ir. Los agentes han irrumpido sobre las ocho de la mañana en esta infraestructura abandonada desde 1999 para identificar a sus residentes y comprobar si contaban requisitorias judiciales pendientes. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que el operativo se ha desarrollado de forma conjunta con la Policía Local motivado por razones de seguridad ciudadana. En las últimas semanas, detallan, se han incrementado las quejas vecinales por robos en vehículos, las denuncias por consumo de drogas y uso de armas y los problemas entre los mismos usuarios de la prisión. El operativo se ha saldado con la detención de una persona y el decomiso de numerosos objetos de los que se investiga su procedencia.

A las puertas de la cárcel esperaban esta mañana muchos de sus residentes, que han sido desalojados por la policía y aguardaban a que finalizara el operativo para poder regresar a sus estancias en un día frío y lluvioso. En el interior del recinto, hace meses que la situación no mejora. La basura se sigue acumulando por todas las esquinas y el agua de la lluvia se filtra por paredes y techos, con visibles problemas de moho, humedad y riesgo de derrumbe por las filtraciones en algunas zonas. El patio de la antigua prisión está sepultado por montañas de desechos: desde colchones a botellas, ropa y restos de envases de alimentos. Las torres de vigilancia están tomadas por grupos de personas que las han reconvertido en su casa, allí tienden la ropa, cocinan y duermen.

Aurora Ballester, natural de Mallorca, vive en la cárcel desde hace cuatro años con su marido. Ambos tienen trabajo, ella en un comedor escolar y él como albañil. Sin embargo, la pareja no puede hacer frente a los desorbitados precios de los alquileres y ha terminado malviviendo en una pequeña estancia de esta prisión que mantienen limpia y ordenada, con una puerta con candado para evitar problemas. Allí cocinan, se duchan con el agua que van a buscar a una fuente cercana y que calientan. Hacen su vida a pesar de que el frío se cuela por todas partes. “Esta mañana la policía nos ha despertado a las ocho, nos ha pedido la documentación y luego se ha marchado. Es bueno que vengan a controlar a la gente que hace daño aquí”, señala. Y es que reconoce que en las últimas semanas se han producido incidentes, sobre todo porque hay grupos de personas que roban y que provocan incendios altamente peligrosos en un recinto que cuenta con toneladas de basura inflamable esparcida por todas partes.

Gemma González, valenciana de 50 años, se queja precisamente de esos grupos de personas que queman materiales y provocan problemas. Ella llegó a la prisión el pasado mes de octubre desde Ibiza y denuncia que este invierno están siendo frecuentes los incendios. “Cada dos o tres días queman algo, la mierda que echan la van quemando y luego hay alguna gente que quiere hacer daño”, señala. Afirma que en la galería en la que ella vive han logrado retirar toda la basura y dejarla limpia, para tratar de vivir en las mejores condiciones posibles. También tiene trabajo como limpiadora, pero no puede hacer frente al pago de un alquiler.

Quejas vecinales

La otra cara de la moneda es la de los residentes del barrio, que denuncian un incremento de la inseguridad y de la conflictividad, provocada en buena parte por algunos de los habitantes de la antigua cárcel. El ayuntamiento inició el pasado mes de marzo el proceso para desalojar el recinto, alegando que cuenta con varios informes que concluyen que las edificaciones del complejo no están en condiciones para ser habilitadas y recomendaban que nadie habitara el recinto. Sin embargo, desde entonces no se han producido cambios, más allá de algunas intervenciones policiales esporádicas.

El presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol, Biel González, denuncia que la situación ha degenerado sobre todo en el último año, en paralelo al aumento de los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad. “Se han instalado mafias que venden droga y alquilan las celdas, esto crea mal ambiente. Hay un aumento de robos a pequeña escala en los coches, el domingo hubo un tirón de bolso a una señora mayor, se han quitado ruedas de vehículos y se ha robado electricidad de las farolas del ayuntamiento”, lamenta el líder vecinal, que llama la atención sobre el gran problema que suponen las quemas de basuras que practican algunos de los moradores de la cárcel y que generan problemas en el colegio que está pegado a la antigua prisión.

Este viernes, apoyados por los comerciantes del barrio, los residentes en este barrio de Palma han convocado una manifestación para exigir seguridad y civismo e instar al ayuntamiento a que ponga solución a un problema que se prolonga desde hace años. El solar es municipal y tiene que ser el equipo de gobierno el que adopte una solución, que González cree que tiene que llegar a través de un juzgado porque hay personas que ya han hecho de este edificio su hogar y están asentados allí desde hace muchos años. “Es un problema enquistado y el día que hagan algo tienen que ir las excavadoras con ellos. Mientras la gente no tenga donde vivir, pasará esto”, denuncia.

De vuelta a la prisión, en el pequeño salón que tienen montado en el ala más cercana a la autovía que circunvala la ciudad, Gemma se sienta a la mesa con un mantel en la que hay restos de un plato con comida. Junto a la mesa, han colocado un sofá que tiene vistas al marco sin cristal de la ventana que da al muro principal que separa la calle con el alambre de espino todavía instalado en la parte superior. Un perro con jersey corretea por debajo de las sillas. Un hombre que prefiere no decir su nombre, natural de Mallorca, está con ellas. Tiene 55 años y está en paro. No puede pagar una habitación y hace dos meses se vio abocado a vivir en este recinto. “Por lo menos no me mojo”, lamenta, mientras denuncia las dificultades para obtener un empleo a su edad. Cruz Roja acude cada miércoles a la prisión para ofrecer bolsas con algunos alimentos y ropa de abrigo para sus moradores, pero este residente denuncia que los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma les tienen completamente abandonados. “No te dan ayudas, no están ni se les espera, no han aparecido por aquí”, concluye.