Primera confesión en el juicio a Granados y seis exalcaldes del PP: “Cumplía con las instrucciones”

Ricardo Godino, concejal de Festejos del PP en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid, 5.500 habitantes) durante más de una década, se ha convertido en el primer acusado en confesar en el juicio que acoge la Audiencia Nacional desde el pasado lunes sobre el caso Púnica, que sienta en el banquillo a media docena de exalcaldes del PP y al exconsejero Francisco Granados por una supuesta trama de amaño de contratos en ayuntamientos y en la Comunidad de Madrid. A través de un escrito enviado al tribunal, al que tuvo acceso EL PAÍS, Godino admite su implicación en la manipulación de adjudicaciones en favor del empresario José Luis Huerta y señala al antiguo regidor de su municipio, Carlos Alberto Estrada: “Cumplía con las instrucciones del alcalde”.

Esta confesión del exconcejal supone el primer gran empujón a la tesis de la Fiscalía Anticorrupción en este juicio. El ministerio público sostiene que el fallecido José Luis Huerta se alió con varios cargos del PP para extender sus tentáculos por las administraciones que gobernaban. Y, precisamente, en esa línea apunta el documento remitido por Godino a los magistrados, fechado el 16 de enero (apenas tres días antes de comenzar la vista oral). En su texto, el exconcejal popular describe cómo la trama corrupta se introdujo en Moraleja de Enmedio a través del alcalde y cómo este le dio indicaciones para amañar las concesiones en favor del empresario durante años.

“Aproximadamente sobre 2001-2002, el entonces alcalde Estrada me presentó a Huerta, administrador de Waiter Music, indicándome que dicha persona y su empresa se encargarían de la organización y ejecución de los eventos y festejos municipales”, recuerda el exedil de Moraleja de Enmedio, que asumió la concejalía de Festejos en 1999 y permaneció en el ayuntamiento hasta 2011. Godino añade que, a partir de entonces, “fue consciente de que todos los servicios relacionados con las festividades serían adjudicados de forma directa a José Luis Huerta”. “Sin concurrencia competitiva ni solicitud de ofertas a otras empresas”, remacha el escrito de confesión.

Anticorrupción mantiene que las administraciones del PP manipulaban los expedientes y procedimientos administrativos para “dar una sensación de formalidad y minimizar cualquier sospecha de irregularidad”. A ese aspecto se refiere Ricardo Godino al explicar el modus operandi usado para falsear, por ejemplo, un concurso para adjudicar unos festejos del verano de 2009 a las compañías de Huerta: “El alcalde y él discutieron la necesidad de pedir ofertas a tres empresas, indicando Huerta que facilitaría tres empresas ‘suyas”, subraya el escrito del exconcejal del PP, que reconoce que era consciente de la “irregularidad”, pero “acató la decisión”. “Resultando adjudicatario Waiter Music (lo que ya se sabía que iba a ser así de antemano)”, apostilla el documento.

“Supervisión a pie de campo”

En su escrito de acusación, la Fiscalía atribuye un delito de prevaricación a Godino, por el que le pide una condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años. Sin embargo, el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular, ponen sobre la mesa una pena más dura: solicitaron al tribunal que le castigue con 13 años y medio de cárcel por tráfico de influencias, malversación, fraude a las Administraciones Públicas, falsedad documental y prevaricación.

A lo largo de su confesión, el exconcejal admite que “su labor se centró en la supervisión material y a pie de campo de los eventos” bajo sospecha, pero añade que se encontraba en “una posición de dependencia funcional respecto a las directrices de la Alcaldía”. “Los estudios básicos y elementales de Ricardo y su desconocimiento absoluto de la normativa administrativa en general y de contratación pública en particular, le hacían desconocedor del tipo de contrato o del procedimiento a seguir en cada caso, asumiendo las instrucciones que le daba Estrada”, continúa su abogado. El pasado diciembre, el exalcalde de Moraleja de Enmedio ya fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por amaños de otros contratos investigados en otra parte del macrosumario de Púnica.

Otro posible confeso

La Audiencia comenzó el pasado lunes con este juicio sobre el caso Púnica. Es la quinta vista oral sobre la trama y la segunda que sienta en el banquillo a Granados, ex secretario general del PP de Madrid (ya se le condenó en 2017 a dos años de cárcel por haber recibido un chivatazo de un guardia civil sobre las pesquisas). En esta ocasión, el tribunal se centra en cómo Huerta —que mantenía una “amistad” con el entonces consejero de Esperanza Aguirre— extendió sus tentáculos por las Administraciones populares para lograr contratos de organización de festejos, lo que le permitió embolsarse cantidades millonarias. A cambio, él regaba supuestamente de regalos a los cargos públicos y corría con gastos del partido conservador.

Pero Granados, Estrada y Godino no están solos ante el tribunal. Entre otros, también se encuentran acusados David Erguido, exdiputado autonómico y exsenador del PP; y otros cinco exregidores populares: José Miguel Moreno y José Carlos Boza (exalcaldes de Valdemoro); Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; y María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos.

El pasado lunes, durante la primera sesión del juicio (dedicada a las cuestiones previas), el abogado de José Miguel Moreno ya anunció que su cliente también tenía pensado confesar, pero mostró sus reticencias a hacerlo después de que la Fiscalía avanzase que barajaba aumentar los delitos que imputaba. En el caso de hacerlo, habrá que ver qué dice exactamente el exregidor de Valdemoro y sobre quién pone la diana, ya que el juez instructor Manuel García-Castellón concluyó que Granados fue quien “introdujo” a Huerta en ese municipio a través de Moreno, que lo había sustituido en el cargo de alcalde después de que él diera el salto al Gobierno de Aguirre. La vista oral se reanuda este miércoles.