Francisco Granados trata de anular las acusaciones contra él en su primer gran juicio

Francisco Granados, exconsejero de los gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre, se ha lanzado al ataque en la Audiencia Nacional, que acoge desde este lunes el primer gran juicio contra él por su supuesta implicación en el amaño de contratos públicos del caso Púnica. Durante la primera sesión de esta vista oral, dedicada a la fase de cuestiones previas, el abogado del exdirigente del PP Javier Vasallo ha planteado que habrían prescrito los supuestos delitos que se le atribuyen a su cliente por esta parte del sumario (centrada en las concesión ilegal de contratos de festejos al empresario José Luis Huerta, de Waiter Music). Granados también se desliga de las presuntas irregularidades.

Con esta contraofensiva, la defensa del exconsejero autonómico trata de tirar abajo las acusaciones que se han puesto sobre la mesa. Al acabar esta línea de investigación de la causa, el juez instructor Manuel García-Castellón concluyó que Granados, que mantenía una relación de “amistad” con Huerta, lo “introdujo” en varios Ayuntamientos, como en Valdemoro (donde fue alcalde de 1999 a 2003) y Ciempozuelos. Y que, debido a su “posición de prevalencia y superioridad” dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre, lo “favoreció” igualmente para “contrataciones que dependían de la Comunidad”.

La Fiscalía Anticorrupción reclama que se condene a seis años de cárcel a Granados, quien fue también secretario general del PP de Madrid. El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular, le piden hasta 38 años de reclusión.

El caso Púnica es un macrosumario abierto por la Audiencia Nacional en 2014, que se ha dividido en más de una decena de líneas de investigación. Este es el quinto juicio que se celebra sobre la trama. Pero, hasta ahora, Francisco Granados solo se ha sentado dos veces en el banquillo por su presunta implicación en la red corrupta: en la vista que ha comenzado este lunes (en la que se le imputa el supuesto amaño de contratos públicos) y en una anterior celebrada en 2017 (cuando fue condenado a dos años de prisión por haber recibido un chivatazo de un guardia civil sobre las pesquisas).

Este lunes, en la fase de las cuestiones previas, los abogados de otros dos acusados han anunciado que van a confesar durante el juicio, tras alcanzar un pacto con la Fiscalía: José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro por el PP (de 2003 a 2011) y Ricardo Godino (exconcejal de Moraleja de Enmedio). En el banquillo de los acusados también se sientan David Erguido, exsenador y exdiputado autonómico popular; y otros cinco exregidores del partido conservador: José Carlos Boza, que dirigió el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2011 y 2014; Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio.