Granados afronta su primer gran juicio por el amaño de contratos desde Administraciones gobernadas por el PP

Francisco Granados lo fue casi todo en el PP de Madrid: concejal y alcalde (de Valdemoro, 85.000 habitantes); diputado autonómico; consejero de Transportes, Infraestructuras, Vivienda, Presidencia, Interior y Justicia; senador; secretario general del partido regional; y, sobre todo, hombre de confianza de la presidenta Esperanza Aguirre, que lo aupó a la primera línea política. Hasta que en octubre de 2014 comenzó su gran debacle, cuando fue detenido y encarcelado por el caso Púnica (una operación bautizada así por su apellido: el nombre en latín del árbol del granado es Punica granatum). Ahora, más de 10 años después de su arresto, el otrora poderoso dirigente popular se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional por esa trama. Desde este lunes, el tribunal celebra el primer gran juicio contra él por su implicación en el presunto amaño de contatos de la red de corrupción.

El caso Púnica es un macrosumario que se abrió en 2014 y que se dividió en más de una decena de líneas de investigación. Desde entonces, solo se han celebrado cuatro juicios sobre la trama; y el exconsejero popular únicamente ha estado acusado en uno de ellos, aunque en esa vista oral no se le atribuía el supuesto desvío de fondos públicos o adjudicaciones irregulares (epicentro de la causa), sino haber recibido un chivatazo de un guardia civil sobre las pesquisas. Por ese aviso, Granados fue condenado en 2017 a dos años de prisión, confirmados por el Supremo.

A partir de este lunes, en cambio, el ex secretario general del PP madrileño afronta una imputación mucho más comprometedora y que impacta de lleno en el partido conservador. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye delitos de fraude y prevaricación por participar en el amaño, entre 2004 y 2013, de contratos para la celebración de festejos impulsados por varios municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por los populares, y por el propio Ejecutivo autonómico. Por esos hechos, el ministerio público le pide seis años de cárcel; y el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular, hasta 38 años de reclusión.

Pero Granados no estará solo ante el tribunal. Además de apuntar contra el antiguo consejero de Esperanza Aguirre, Anticorrupción reclama dos años y ocho meses de prisión para David Erguido, exsenador y exdiputado autonómico popular. Y también ha presentado acusación contra media docena de exalcaldes del PP: José Carlos Boza y José Miguel Moreno, exregidores de Valdemoro; Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio.

Las irregularidades que se enjuician desde este lunes por esta parte del caso Púnica (Pieza 7 del macrosumario) tienen como epicentro a Waiter Music, una compañía encabezaba por el fallecido José Luis Huerta, que dirigía la mayor parte de sus esfuerzos a conseguir que los Ayuntamientos controlados por el PP le adjudicaran la organización de sus festejos. Pero, para lograrlo, infringía supuestamente la ley. Según concluyó el juez instructor Manuel García-Castellón, “muchas” de esas concesiones fueron amañadas para concedérselas a Huerta o a empresas que él “controlaba directa o indirectamente”. A cambio, él ofrecía “extras” a los políticos: prestaba “servicios privados” a las agrupaciones locales del Partido Popular o a sus miembros, que nunca eran abonados.

Según la investigación, los sospechosos manipulaban los expedientes y procedimientos administrativos —para “dar una sensación de formalidad y minimizar cualquier sospecha de irregularidad”—. De esta forma, beneficiaban al empresario con la concesión de la organización de fiestas patronales, cabalgata de Reyes, carnavales o conciertos de verano. Y él lo agradecía con otros favores.

El juez instructor apuntó que José Luis Huerta regó de regalos a los cargos públicos (hubo relojes, plumas, bolsos...) y “corrió” con los gastos de actos electorales y eventos del PP. También, entre otras presuntas dádivas, pagó “fiestas privadas” a Granados, y alguna “comunión”. “Así como una celebración privada de Erguido el 7 de marzo de 2008 en el Campo de golf del Canal Isabel II, que este tampoco abonó”, resaltan las pesquisas, que califican al exsenador como “hombre de confianza” del ex secretario general del PP regional.

“Posición de prevalencia”

El sumario describe, por ejemplo, cómo Waiter Music logró facturar así al Consistorio de Valdemoro casi nueve millones de euros entre 2004 y 2013. José Luis Huerta, que mantenía una “relación de amistad” con Granados, había desembarcado en ese municipio y tejido una red de influencias que conservó a pesar de que fueron sucediéndose distintos alcaldes del PP (a Granados le sustituyó José Miguel Moreno en 2003, cuando el primero dio el salto al Gobierno regional; y en 2011 llegaría José Carlos Boza).

Al finalizar su investigación en 2021, el magistrado García-Castellón destacó el papel clave que jugó Granados. El dirigente político no solo “introdujo” a Huerta en Ayuntamientos, como los de Valdemoro y Ciempozuelos (“Sin su apoyo y colaboración desde atrás, José Luis Huerta no habría tenido el acceso que tuvo”); sino que se aprovechó de su “posición de prevalencia y superioridad” dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre para “favorecer” al empresario en otras “contrataciones que dependían de la Comunidad”.