El Gobierno y Extremadura negocian bajo la presión de acabar en el Constitucional la ley con la que PP y Vox tumbaron la norma de memoria regional

El Gobierno de España y la Junta de Extremadura negocian en una comisión bilateral los múltiples puntos de fricción que ha provocado la Ley de Concordia de Extremadura, con la que PP y Vox han sustituido a la anterior Ley de Memoria Histórica y Democrática regional en medio de acusaciones de revisionismo por parte de la izquierda, que ve el texto “una humillación” a las víctimas de la dictadura franquista. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado este miércoles. El texto de la resolución, del 2 de diciembre, reconoce las “discrepancias manifestadas en relación con los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 16 y 17, la disposición transitoria y la disposición derogatoria” de la ley. En las mismas circunstancias, el gobierno central acabó llevando al Constitucional la ley de concordia de la Generalitat Valenciana y la del gobierno de Aragón (ambos del PP) que derogó la de memoria democrática regional. Castilla y León, por su parte, enterró su propuesta cuando el PP dejó de gobernar con Vox.

Cuando una ley autonómica puede chocar con la Constitución o con competencias del Estado, ambas administraciones se reúnen en una comisión bilateral para intentar solucionarlo antes de ir al Tribunal Constitucional. Este es un caso paradigmático, porque las posiciones de las dos partes están más que alejadas.

La norma extremeña cuestiona las políticas de memoria democrática vigentes desde 2007. Dentro del texto se insiste en que “la Transición fue un ejemplo, internacionalmente reconocido de cómo cerrar heridas” y en que “nunca ha debido estar entre las potestades del legislador actual juzgar colectivamente a los españoles de entonces”, en referencia a los que vivieron la Guerra Civil, la dictadura, y su final. La norma se presenta como un intento de superar “la división y el resentimiento”, ampliando el concepto de víctima a todas las personas que hayan sufrido violencia política, ideológica, religiosa o terrorista desde 1931 hasta la actualidad. Incluye así la etapa de la República.

En el texto también se reconocen a las víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y del terrorismo de ETA. La ley subraya que “una ley de Concordia no debe olvidar a las víctimas del terrorismo”, y señala que la actuación pública debe evitar “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles para moldear su memoria individual”. Además, esta ley aprobada por PP y Vox recoge la creación de un censo público de víctimas, un mapa de fosas y un procedimiento administrativo para exhumaciones que incluye autorizaciones, informes y protocolos técnicos.

Sin embargo, el alcance y la orientación de la ley han generado discrepancias con el Gobierno central, especialmente por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha criticado que se derogue la anterior norma regional, aprobada por el PSOE.

Aquella era una “ley justa, que busca la dignidad y la verdad”, dijo el ministro en 2025. “El sufrimiento de las familias no puede ser ignorado. Las víctimas merecen justicia y reconocimiento”, denunció Torres.

El Gobierno central cuestiona aspectos esenciales del texto: desde la redefinición del periodo histórico y del concepto de víctima hasta la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Es la evidencia del choque entre dos modelos de aproximación al pasado reciente: uno que reivindica la Transición como punto de cierre y otro que defiende la memoria democrática como política pública de derechos humanos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura también expresó su rechazo a esta ley, que consideró innecesaria, en el momento de su aprobación, a finales de 2025.

“Recuperar la memoria histórica es una cuestión de derechos humanos que nos debería concernir a todas y todos”, afirmó entonces el presidente de la organización, José Manuel Corbacho.

El portavoz de la asociación memorialista también criticó que la ley elimina capítulos enteros de la anterior normativa de 2019 que, según afirma, sí cumplía con los estándares del derecho internacional en cuanto a verdad, justicia y reparación. “La nueva ley es una copia parcial de otras similares presentadas por PP y Vox en otras comunidades, y blanquea la dictadura franquista, a la que ni siquiera menciona explícitamente”, denunció.