La trama de Leire Díez utilizó una empresa de Zaragoza sin empleados para cobrar las mordidas, según la UCO

Mediaciones Martínez SL, una empresa sin empleados capaz de facturar en 2022 más de medio millón de euros y otros 177.000 al año siguiente, aparece en el epicentro de la trama de corrupción presuntamente encabezada por la exconcejala socialista Leire Díez, el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, todos ellos detenidos la semana pasada. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta mercantil ―constituida en Zaragoza en 2009, pero que en agosto de 2024 trasladó su sede social a Madrid y cambió su denominación por Promociones Inmobiliarias Ku-Ma SL― fue supuestamente utilizada por la red para canalizar las supuestas mordidas cobrabas hacia inversiones inmobiliarias en Jaca (Huesca) y Marbella y para hacer pagos en efectivo a los tres principales investigados. A Fernández Guerrero, por ejemplo, supuestamente le entregó 49.350 euros. Como administrador único de esta sociedad figura Carmelo Aznárez Pellicer, vinculado a una decena de sociedades, en la mayoría como administrador.

Según recoge el escrito por el que el juez de la Audiencia Nacional informaba a Fernández Guerrero de los elementos esenciales de las acusaciones que habían motivado su detención, Mediaciones Martínez fue el instrumento utilizado presuntamente por la trama para cobrar comisiones en, al menos, tres de las cinco operaciones que han centrado el inicio de las pesquisas. En concreto, la que derivó en una concesión por parte de la SEPI de un rescate de 112,8 millones a la empresa Tubos Reunidos (y por la que la mercantil zaragozana recibió “a través de facturación aparentemente mendaz” 114.950 euros); los supuestos pagos de la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas, de la que Diez fue su responsable de comunicación, al despacho de abogados sevillano SDP Carrillo y Montes (por lo que este último pagó a Mediaciones Martínez 17.545 euros); y la concesión de una ayuda de 17,32 millones a Arapelle SL, propiedad de la empresa bajo sospecha Forestalia, por parte de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Por esta mediación, la compañía aragonesa recibió 200.000 euros.

Mediaciones Martínez también figura en las cuentas de la sociedad navarra Servinabar 2000, propiedad de Antxon Alonso y en la que presuntamente tiene una participación el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Según la información que Hacienda foral remitió al Tribunal Supremo para incorporar a la investigación que sigue el juez Leopoldo Puente sobre Cerdán y el exministro socialista José Luis Ábalos, las cuentas de Servinabar reflejan cuatro movimientos económicos con Mediaciones Martínez: 5.517 euros en 2021 y 54.450 euros y 107.932 euros en 2022, y 40.474 euros en 2023. Todo ello bajo los conceptos de “entrega de bienes” o “adquisiciones”. Estos tres años fueron, precisamente, los que la investigación ya ha revelado que la trama estuvo activa.

Según se detalla en el registro mercantil, Mediaciones Martínez fue creada en diciembre de 2009 por el empresario de Zaragoza J. M. M. C. para la gestión de seguros. Sin embargo, en junio de 2018 fue adquirida por la sociedad Anci Soluciones SL, propiedad de Carmelo Aznárez, quien pasó a ser su administrador único. No fue el único cambio. Desde entonces su objeto social dejó de ser la tramitación de pólizas y para pasar a “actividades empresariales en las áreas de explotación de infraestructuras, inmobiliario y promoción de suelo, energía y agua, transporte y servicios complementarios, servicios urbanos, medioambientales, servicios auxiliares a empresas y a sus instalaciones, ocio, eventos y audiovisual”. En sus cuentas de 2023, últimas disponibles, Mediaciones Martínez asegura tener un patrimonio neto de 330.291 euros.