Alfombra roja para el pelo blanco

El doble asesinato de los marqueses de Urquijo fue un crimen que subyugó a España en la época de la Transición y derivó en una de las sentencias más polémicas de la época: el Tribunal Supremo condenó al yerno de las víctimas, Rafi Escobedo, como autor de las muertes “solo o en compañía de otros”. La frase, con su misteriosa ambigüedad, se convirtió en una muletilla mil veces repetida aquellos años. Un eco recóndito ha debido de permanecer entre los venerables corredores del Supremo. Tres décadas y media después, cinco magistrados del alto tribunal dictaminan que el no menos famosísimo correo autoinculpatorio del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue filtrado por el anterior fiscal general del Estado “o una persona de su entorno inmediato”. Álvaro García Ortiz, solo o en compañía de otros.

Desde que hace 19 días se conoció el fallo condenatorio a palo seco, sin mediar argumento, planeaba una incógnita: ¿cómo harían los cinco de los siete magistrados de la Sala Segunda que lo avalaban para sostener que el fiscal filtró el correo cuando media docena de periodistas declararon en el juicio lo contrario? La duda, en el caso del Supremo, ofende. Nunca se debe subestimar la portentosa capacidad de esas mentes jurídicas para sortear cualquier obstáculo fáctico.

Hay cosas que los legos en los arcanos de la ciencia jurídica no podemos entender, del mismo modo que nunca comprenderemos cómo es posible que en la física cuántica un gato pueda estar vivo y muerto al mismo tiempo. Con esa lógica solo al alcance de unos pocos, la mayoría de la Sala ha dicho que no tiene motivo para dudar de la credibilidad de los periodistas, incluso les ha dedicado en la sentencia algunos cariñosos arrumacos, y a la vez —con elegancia, sin rebajarse a la vulgaridad de exponerlo con esas palabras— ha basado la condena en que uno de ellos mintió en el juicio.

La sentencia establece como hecho inapelable que García Ortiz filtró el correo al especialista en tribunales de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, la noche del 13 de marzo de 2024 para que este lo divulgase poco después. Campos negó expresamente en el juicio que su fuente fuera el fiscal general. También establece la sentencia que esa noche hubo una “comunicación” entre ambos a partir del registro de una llamada telefónica de cuatro segundos. El periodista declaró que ese tiempo correspondía al salto del buzón de voz del fiscal, quien, según explicó bajo advertencia de que mentir ante un tribunal es delito, ni le contestó ni le devolvió la llamada. Se entiende que las dos magistradas firmantes del voto particular, ajenas a las intrincadas sutilezas argumentales de sus compañeros, dejen constancia de su perplejidad: “La sentencia no acuerda deducir testimonio [abrir diligencias] contra los citados periodistas, pese, aunque no lo diga expresamente, a no creer sus afirmaciones, pues no se tienen en cuenta como prueba de descargo”.

El que fue juez instructor del caso, Ángel Hurtado —aquel hombre que en la Gürtel no veía la mano del PP por ninguna parte y en este veía la del fiscal y hasta la del Gobierno por todas partes— ya había escrito que García Ortiz trató de salir al paso de los bulos del entorno de Ayuso para desmentir una cuestión que calificaba de “escasa relevancia”: si la oferta de un pacto de conformidad por los delitos fiscales del novio de la presidenta había partido del abogado de este o de la propia Fiscalía. Lo que ocultaba Hurtado es que esa confusión la había provocado Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe (de gabinete) de Ayuso, para denunciar a base de bulos algo que difícilmente puede considerarse de “escasa relevancia”: una maniobra “turbia y sucia” contra la líder madrileña que comprometía la reputación del ministerio público. Los cinco autores de la condena se han movido en la misma línea. Si alguien no logra superar las decenas y decenas de folios de la sentencia para llegar al voto particular, cuesta entender por qué García Ortiz se metió en ese jardín que le ha procurado la perdición. Las escasas veces que aparece la palabra bulo es siempre entrecomillada para hacer referencia a las declaraciones del propio fiscal.

Tienen que ser las dos autoras del voto particular las que detallen prolijamente todo lo que han omitido sus compañeros: los mensajes difamatorios de MAR en las redes sociales y en sus chats con periodistas, las falsedades publicadas por varios medios para decir que el acuerdo con el novio de Ayuso se había frustrado “por órdenes de arriba”, los ataques de la presidenta a la fiscal provincial de Madrid por haber tenido un cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o su afirmación de que estaba en marcha una maniobra de “todos los poderes del Estado” contra su pareja. “Resultaba necesario desmentir”, justifican las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, “las imputaciones de actuación irregular, incluso delictiva, que se habían realizado achacándolas a la Fiscalía y, en especial, a una actuación del fiscal general del Estado”.

Nada de esto es mencionado ni se le concede la menor importancia en los 180 folios obra de los cinco firmantes de la condena. Lo más que llegan a decir es que las maquinaciones de MAR habían “insinuado un comportamiento del Ministerio Fiscal no procedente” y aireado “especulaciones gratuitas”. En última instancia todo se reduce a una simple e inocua “polémica mediática”. Así tal cual lo escriben para reprochar a García Ortiz: “Informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas”.

MAR puso en marcha en marzo de 2024 una operación de intoxicación informativa para tapar el fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña, cuyos negocios han permitido a esta irse a vivir a un ático de lujo en la capital. Más tarde se paseó campante por el Tribunal Supremo para presumir de sus hazañas mediáticas. Ante el juez instructor justificó sus falsas deducciones aduciendo: “Es que ya tengo el pelo blanco”. En el juicio, delante de toda España, volvió a sacar pecho. Nadie le reprochó nada. Le han tendido una alfombra roja para la siguiente ronda de patrañas.