Las Cortes afean las “deficiencias” descubiertas por el Tribunal de Cuentas en las finanzas del Estado: “Hay deudas de los años 90”

En cada párrafo un reproche, en cada página un lamento. Todo, con la firma de la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), y de su homólogo del Senado, Pedro Rollán (PP), en representación de un grupo de diputados y senadores aparentemente inquietos con el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2022. Sus señorías “toman notas de las deficiencias señaladas”. Reconocen que “la rendición de cuentas de las entidades dependientes (...) no ha sido adecuada ni suficiente en los últimos años”. Reclaman medidas tanto al Gobierno de la Nación como a la Intervención general. Y se escandalizan con diplomacia, que es como se escandalizan quienes saben que sus textos van a ser publicados en el Boletín Oficial del Estado, como ha ocurrido este martes: por eso piden “adoptar las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera del endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado, en particular la de los préstamos y deudas pendientes de amortización desde la década de los años 90″.

Todo comienza el 28 de junio de 2024. Ese día, el pleno del Tribunal de Cuentas emite una opinión favorable sobre la Cuenta General del Estado de 2022... con un pero. “Hay aspectos susceptibles de mejora“, destaca el ente fiscalizador, que manifiesta “salvedades o incidencias” e insta a su corrección. Para ello, literalmente, pide la ayuda del Congreso y el Senado. ¿El objetivo? “Que insten al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y que modifiquen la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas”. También, “que se adopten urgentemente medidas para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social”.

El pedido cae como una bomba en la comisión mixta del Congreso y el Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, porque esa institución es el gran elefante en la habitación. El problema que todos señalan año tras año. El patrimonio neto negativo de la Seguridad Social alcanzaba al finalizar 2022, ejercicio de referencia de los reproches del ente fiscalizador, los 88.759,4 millones de euros. Una de las causas de esa deuda eran los préstamos que venía empleando el Estado para financiar la Seguridad Social: en aquel 2022, casi 7.000 millones. Desde entonces, la situación no ha mejorado: en agosto de 2025, a Seguridad Social adeudaba 126.178 millones de euros, lo que representa un 7,7% del PIB.

Ante esto, ya en 2024, los diputados y senadores instaban al gobierno en la resolución publicada ahora a cambiar el sistema, con el argumento de que “la concesión de préstamos para solventar las situaciones de crisis del sistema ha constituido una medida coyuntural que no ha resuelto las dificultades de financiación de naturaleza estructural de que adolece el sistema, situándolo además en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado”. A ello se añadía, según pedían sus señorías, “practicar el saneamiento financiero por los préstamos otorgados por la Administración General del Estado a la Seguridad Social entre 1992 y 1999 (17.168,6 millones)″. “Y, además, amortizar las deudas de la Seguridad Social con la Administración General del Estado por la liquidación de los contratos suscritos con el País Vasco y Navarra, evitando así retrasos”.

Sin embargo, la resolución de las Cortes esconde tras la contundencia de su redacción la melancolía frente a las dificultades de que lo que reclama llegue a buen puerto. Porque se le recuerda al gobierno que “se mantienen sin adoptar” resoluciones aprobadas por el Congreso y el Senado en ejercicios anteriores. Que han pasado ya “más de diez años” sin que aplique una resolución de 2012 de las Intervención de la Seguridad Social para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción. Y que se han consumido tres décadas sin que resuelva la moratoria de 1995 sobre las deudas que tienen las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro con la Seguridad Social.