El PSOE ultima un duro informe para cerrar ya el ‘caso Salazar’ con una oferta de apoyo jurídico y psicológico a las víctimas

El PSOE se ha pegado un larguísimo y sangriento tiro en el pie en un asunto de extrema sensibilidad para el mundo progresista, un caso de acoso sexual grave en La Moncloa, en el corazón del poder de Pedro Sánchez, protagonizado por uno de sus hombres de máxima confianza, Paco Salazar. El caso era ya en sí grave cuando estalló en julio, pero la gestión interna de las denuncias (estuvieron cuatro meses sin contactar con las víctimas) ha terminado de hundir la imagen del PSOE en esta cuestión y está generando un conflicto interno creciente.

El entorno de Sánchez ha buscado dos vías rápidas para poner fin a esta crisis y retomar la agenda del Gobierno, especialmente de Sanidad, el asunto que protagonizará este martes el Consejo de Ministros tras el escándalo de la gestión del Hospital de Torrejón. Primero, este martes, se producirá el cese formal del que fuera la mano derecha de Salazar en La Moncloa, Antonio Hernández, y al que al menos una víctima acusa de encubrir a Salazar y de hacerle “luz de gas” para que no le diera importancia a sus comportamientos y no se quejara.

Pero sobre todo, este mismo martes también, o como mucho el miércoles, el partido tiene previsto cerrar de una vez el expediente del caso Salazar con un informe muy duro, contundente, en el que el comité antiacoso, muy criticado internamente por su inacción durante estos meses, dará toda la razón a las víctimas, se pondrá claramente de su lado. Según fuentes conocedoras de los trabajos internos en el PSOE, el informe admitirá los errores cometidos y, sobre todo, les ofrecerá el apoyo total del partido; incluido el psicológico y jurídico, con posible pago de abogados si ellas deciden llevar la denuncia a los tribunales.

Con Salazar, según estas fuentes, los términos serán muy duros, pero el PSOE no puede tomar ninguna medida jurídica ni ningún procedimiento interno porque se ha dado de baja del partido. En el PSOE hay mucha discusión sobre la posibilidad de acudir directamente a la Fiscalía a denunciar el caso, porque este tipo de acoso es un delito claro. Pero la dirección y su equipo jurídico (el propio Sánchez lo señaló así el sábado ante varios periodistas en el Congreso), entienden que eso es inviable porque la legislación obliga a que sean las víctimas las que decidan si quieren o no llevar este asunto a la justicia.

No está tan claro qué pasará con Hernández, que de momento no se ha dado de baja del PSOE. Ahí sí podría haber algún procedimiento interno, aunque no por acoso, sino por no haber apoyado a las víctimas y haber contribuido a que no lo denunciaran antes.

El comité antiacoso no informa de sus pasos a la dirección

Los detalles del caso de Antonio Hernández, cuya destitución anunció el Gobierno el domingo por la noche, en pleno puente festivo, son muy elocuentes para mostrar la rocambolesca gestión interna de este asunto, que está siendo muy criticada dentro del partido y que aumenta el desgaste por una crisis que ya supuso un nuevo golpe directo a la credibilidad de Sánchez en julio. Era un tercer miembro del núcleo duro de su máxima confianza al que debía apartar por un escándalo, después de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Pese a ello, había logrado quedar en un segundo plano porque además Salazar no es muy conocido públicamente.

La tramitación del caso se ha acelerado en la última semana, después de que Pedro Sánchez llamara el lunes muy molesto a Rebeca Torró, la secretaria de Organización del PSOE, al conocer a través de elDiario.es, que el partido no había hablado con ellas en más de cuatro meses. Finalmente, el comité antiacoso contactó con las víctimas la pasada semana, pero, según diversas fuentes gubernamentales, este grupo de mujeres feministas encargadas de tramitar este delicado asunto no informa absolutamente a nadie de sus movimientos porque así figura en el protocolo. Y tampoco del contenido de las denuncias.

Por eso la cúpula del Gobierno y del PSOE, según estas fuentes, no supieron que el nombre de Hernández estaba ahí y que el viernes, un día antes de que Sánchez hablara en el Congreso, la mano derecha de Salazar acudió a declarar a Ferraz citado por el comité antiacoso porque su nombre aparecía en las denuncias como encubridor. Fue el domingo, cuando elDiario.es publicó esa parte de la denuncia, cuando Sánchez ordenó la destitución inmediata de este alto cargo. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y Diego Rubio, jefe de gabinete y máximo responsable del equipo en La Moncloa, contactaron con él para anunciárselo. Y ahí supieron que había estado en Ferraz el viernes.

Hernández, según diversas fuentes, niega las acusaciones, pero asumió su salida sin oposición. A pesar de estos movimientos, el PSOE va completamente por detrás de la publicación de las informaciones periodísticas y trasmite una sensación de ocultamiento y de tomar decisiones arrastrado por el escándalo público que preocupa a muchos en sus filas. Esto es lo que en teoría debería empezar a cambiar con el cierre del expediente.

Ferraz reivindica que es el único partido que tiene un comité antiacoso y un protocolo claro para estos casos, aunque haya habido fallos en su ejecución, y asegura que no aceptará lecciones del PP, que ha decidido citar a Salazar en el Senado para estirar la polémica. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que se reunió hace pocas semanas con Salazar a almorzar cuando aún no se conocía el detalle de las denuncias pero sí por qué había salido de la cúpula, pidió este lunes disculpas a las víctimas por la lentitud del partido aunque cargó contra el PP: “No vamos a admitir ningún tipo de lecciones de la derecha ni de la ultraderecha, porque PP y Vox, cuando gobiernan, lo primero que hacen es cercenar los derechos de las mujeres y mercadear con ellos”, sentenció.

Cuestionamiento de Rebeca Torró

Aun así, el caso deja muchas heridas abiertas y muchas preguntas sobre el funcionamiento de un partido que con Sánchez ya lleva tres cúpulas diferentes con problemas serios y un nexo conductor: un trío de hombres, Ábalos, Cerdán y Salazar, que han tenido mucha relación entre ellos, han llegado a convivir en pisos en Madrid y que fueron claves en su carrera. En un momento de máxima debilidad de Sánchez, cuando fue expulsado de la cúpula y estaba muy solo, los tres desde distintas federaciones y circunstancias apostaron por su candidatura.

Ahora, en la cúpula del PSOE temen que se esté utilizando internamente el caso, cuya gravedad no niega nadie, para hacer movimientos contra el equipo elegido por Sánchez, que tiene a Rebeca Torró como su principal exponente cada vez con más críticas internas. Torró era una persona de confianza de Salazar, que iba a ser claramente un hombre muy poderoso en la nueva dirección socialista que debía sustituir a Cerdán, pero que cayó tras la publicación de las denuncias de acoso el día en que iba a ser aupado.

Distintas dirigentes del PSOE consultadas destacan que el problema principal no está en los segundos niveles o en Torró, cuya destitución es muy improbable una vez que Sánchez asumió el error en primera persona, ni en las feministas que han formado el comité antiacoso. El problema de fondo, señalan, es que Sánchez eligió a Cerdán para arreglar el desastre de Ábalos tras su salida y después a Salazar para arreglar el de Cerdán tras su entrada en la cárcel, cuando los tres procedían de la misma hornada política. Es la selección de personas de confianza de Sánchez la que pone en cuestión este nuevo escándalo, insisten estas dirigentes.