El fallo contra el fiscal, revulsivo en los territorios socialistas

En las federaciones territoriales del PSOE no se empujará al jefe de Gobierno hacia una fecha determinada para las elecciones generales que, si no hay adelanto, llevarán la presente legislatura hasta 2027. Pero sí aspiran a que se celebren antes de los comicios municipales y autonómicos que queden sin celebrar. Si en 2023 las generales se celebraron un par de meses después de las locales y regionales; en esta ocasión les va la vida política en que el orden se invierta. Primero, que se examine el Gobierno de España.

Este clima está instalado aunque en las últimas horas el ánimo es diferente: de la desolación por las nuevas revelaciones de los presuntos gastos irregulares del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de su familia, a la indignación por el fallo condenatorio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un revulsivo inesperado. En los chats internos de militantes del PSOE, la indignación es absoluta, lo que les lleva a paliar, momentáneamente, el abatimiento por los casos de presunta corrupción.

Una ronda de conversaciones con interlocutores socialistas de diferentes territorios deja un reguero de apreciaciones alejadas del decaimiento de pocos días atrás tras las voces que incriminan presuntamente a Santos Cerdán. El desarrollo del juicio contra el fiscal general del Estado condujo erróneamente, a la vista del contenido del fallo sin conocer aún la sentencia, a instalarse la sensación de que la condena era imposible por falta de pruebas. No es que en el PSOE se defienda a alguien que es considerado culpable por el Tribunal Supremo, sino que “se le considera inocente”. Esta precisión de un dirigente veterano, con cargo en la ejecutiva federal, la enmarca en la moralidad, para destacar que no se apoya a delincuentes.

Hoy no es fácil encontrar a alguien en el PSOE que defienda la inocencia de los ex secretarios de organización imputados, pero ocurre todo lo contrario con Álvaro García Ortiz. A él le consideran inocente porque no se ha podido demostrar que filtró el correo electrónico en el que se explicaba la situación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fallo del Tribunal Supremo, en efecto, no apunta a la filtración sino a la nota de prensa que impulsó personalmente el fiscal para desmentir el bulo lanzado desde la Comunidad de Madrid por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. El Supremo considera que ha habido revelación de datos reservados.

A la espera de la sentencia, en el Gobierno y en ámbitos mayoritarios del PSOE se ha defendido que el testimonio de los periodistas, con declaraciones indubitadas sobre su conocimiento de los correos por fuentes ajenas al fiscal, era del todo creíble. Fuentes jurídicas apuntan que la sentencia no entrará en estos testimonios, sino que pondrá el foco de la condena en la nota de prensa, aunque en un primer momento se consideró que “aparentemente” no había materia delictiva en tal escrito.

Desde la perspectiva política, no jurídica, en el PSOE, además de en amplios sectores progresistas, este fallo, que llevará al Gobierno a sustituir a García Ortiz en breve, ha reavivado el deseo de seguir adelante con la legislatura. El objetivo de los líderes territoriales socialistas es levantar el ánimo en sus circunscripciones y que los ciudadanos lo aprecien. No es fácil porque se arrastra un cúmulo de inconvenientes procedente de la política nacional. El PP se regodea en los ataques a Pedro Sánchez en todos los rincones de España. Desde el comienzo de la legislatura, por tener como socios a izquierdistas e independentistas y, casi inmediatamente después, por el caso Koldo, que luego fue Ábalos y después, Cerdán. Los socialistas cuya actividad está en la política local y regional quieren sacar cabeza y romper la dinámica, instalada con fuerza, en la que solo el PP y el avance de Vox son protagonistas.

El Gobierno central quiere mostrarse útil para todos los españoles, lo que beneficiará a sus aspirantes a alcaldes, concejales y cargos autonómicos. En el Consejo de Ministros se tomarán decisiones difíciles de rechazar por los socios parlamentarios, insisten fuentes gubernamentales, a pesar de la evidencia del portazo de Junts. No cejará tampoco Sumar en exigir y forzar al Gobierno de coalición a adoptar medidas de impacto social. Estos últimos, empezando por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no tienen la menor intención de ser comedidos en sus apreciaciones sobre el fallo del Supremo. El presidente del Ejecutivo, manifestó este domingo en Sudáfrica, donde asistió a la cumbre del G-20, que acata, pero no comparte la decisión de Tribunal Supremo. No fue una improvisación adelantar que tras la sentencia del Supremo, una vez que se conozca, hay otras “instancias” a las que acudir; en referencia implícita al Tribunal Constitucional.

En el Gobierno saben que este aviso del presidente va a servir de apoyo para que el PP recrudezca su acusación de que el Gobierno no respeta el Estado de derecho. Sánchez asume que así será, pero, según fuentes gubernamentales, no va a contemporizar sobre los asuntos en los que cree que tiene margen para actuar dentro de la ley para defender sus posiciones. Así será mientras dure la legislatura, en medio de amenazas de Junts y avisos del PNV.