Lo que queda del franquismo en la legislación española

Medio siglo después de la muerte de Franco, los vestigios de la dictadura siguen presentes. Algunos son visibles, como los monumentos (el más espectacular, el Valle de los Caídos, rebautizado como de Cuelgamuros) y las placas fijadas en innumerables inmuebles por toda España. Otros, invisibles, se reflejan en el escaso arraigo de usos y costumbres comunes en democracias con mayor tradición. Y también los hay que pasan desapercibidos, como las normas del franquismo que siguen entreveradas con la legislación democrática hasta confundirse con ella. La Constitución mandó derogar “cuantas disposiciones se opongan” a la misma, pero eso no impide que todavía haya más de 150 leyes o decretos de la dictadura, muchos de ellos firmados por Franco, que siguen en vigor, total o parcialmente, según el registro del BOE, ya que no han sido expresamente derogados por otra norma o anulados por los tribunales. Las órdenes o resoluciones vigentes se cuentan por centenares.

Estas son algunas de las más significativas:

Secretos para siempre. La reforma de la ley de Secretos Oficiales se ha intentado sin éxito en media docena de ocasiones desde la muerte de Franco. La norma vigente se aprobó en 1968 y se retocó en 1978, antes de aprobarse la Constitución. Además de atribuir competencias a un órgano que ya no existe, la Junta de Jefes de Estado Mayor, carece de un mecanismo de desclasificación automática que haga públicos los documentos secretos transcurrido determinado plazo de tiempo, como sucede en la mayoría de los países occidentales. Esto provoca que, una vez clasificados, permanezcan bajo llave eternamente, lo que supone un agujero negro para los historiadores que investigan la reciente historia de España. Luis Manuel Miranda, letrado de las Cortes y autor del estudio Secretos de Estado y transparencia. La difícil convivencia entre el poder y el derecho, considera “urgente” la reforma de la ley porque, además de los motivos citados, hay que homologar las categorías clasificatorias a las que emplean la UE y la OTAN y delimitar al ámbito estricto de la seguridad nacional las materias que se pueden clasificar. El Consejo de Ministros remitió en julio pasado a las Cortes el proyecto de ley de Información Clasificada, que deroga la anterior, pero no está claro que cuente con mayoría en el Congreso para aprobarla.

La ley de prensa de Fraga. Todavía sigue vigente, aunque drásticamente recortada, la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. El texto incluye referencias al Fuero de los españoles, una de las leyes fundamentales del Movimiento franquista, o a los “impresos clandestinos”. Aunque abolió en teoría la censura previa imperante hasta entonces, la norma obligaba a depositar cada día, con carácter previo a su difusión, diez ejemplares de cada periódico en el registro del Ministerio de Información y Turismo, que dirigía Manuel Fraga, quien se convertiría a la muerte de Franco en fundador de AP, antecedente del Partido Popular. Este precepto fue declarado inconstitucional en 1983. La ley también señala que los directores de los medios de información deben ser españoles, tener el título de periodista y estar inscritos en un registro oficial que ya no existe. Fraga es también el padre del Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, retocado en 1976, según el cual son periodistas los licenciados en periodismo, inscritos en el citado registro y colegiados, lo que debe acreditarse con un carné oficial. “En el ejercicio de su misión, el periodista ha de observar las normas de la moral cristiana y guardar fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Estado”, dice el anexo sobre Principios generales de la profesión periodística.

Medallas para policías corruptos y torturadores. La concesión de medallas a los miembros de la Policía Nacional sigue regulada por una ley de 1964, la de condecoraciones policiales. Además de utilizar términos anacrónicos, como Ministerio de Gobernación o Policía Gubernativa, la norma presenta una grave laguna: no contempla un procedimiento de retirada de las condecoraciones concedidas en caso de sanción o condena de los galardonados. Eso ha provocado, por ejemplo, que los agentes de la denominada brigada patriótica, implicados en el caso Kitchen por espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para evitar que difundiera informaciones comprometedoras para el partido, sigan disfrutando de sus medallas y de las pensiones vitalicias y acumulativas asociadas a ellas: en conjunto, unos 16.000 euros al año. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que recurrir a la aplicación directa de la ley de Memoria Democrática para retirar a título póstumo las medallas otorgadas al policía franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, uno de los más destacados miembros de la policía política de la dictadura acusado de practicar sistemáticamente la tortura contra los opositores detenidos.

Tribunales de honor para diplomáticos. La carrera diplomática se sigue rigiendo por un decreto de 1955, ya que el aprobado en 2014 fue anulado por el Tribunal Supremo debido a que no se cumplió el preceptivo trámite de audiencia con los sindicatos durante su proceso de elaboración. El texto vigente rezuma la ideología franquista y anacronismo: menciona el Movimiento nacional y los “territorios españoles del Golfo de Guinea y posesiones españolas en África” y dedica un capítulo completo a regular los tribunales de honor, expresamente prohibidos por la Constitución, con el objetivo de juzgar a los diplomáticos cuya conducta privada les haga “indignos de desempeñar las funciones que les están atribuidas su responsabilidad”. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria en la carrera, remitió el pasado 30 de octubre una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pedía que esta norma sea urgentemente reemplazada por un nuevo reglamento moderno y plenamente democrático.

Entre las normas franquistas que todavía están en vigor, aunque algunas de ellas hayan sufrido numerosas modificaciones, destacan también la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, la ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1965, la de Minas de 1973, la de Colegios Profesionales de 1974 o la de Creación del Cuerpo de Farmacéuticos de Sanidad Nacional de 1975. Todavía en mayo de 1976, casi seis meses después de la muerte del dictador, el BOE seguía publicando algunas normas, como instrumentos de ratificación de convenios internacionales, suscritos por “Francisco Franco Bahamonde. Jefe del Estado Español. Generalísimo de los ejércitos nacionales”.