“La diplomacia española sigue regida por una normativa franquista”

Alberto Virella Gomes, nacido hace 60 años en Nazaré (Portugal), a donde emigró su abuelo paterno, un militar republicano represaliado por la dictadura, es desde diciembre pasado presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que agrupa alrededor del 60% de los casi mil diplomáticos en activo. Tras haber acudido el 25 de febrero al Senado, este martes tiene cita con la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Exteriores del Congreso, ante quienes piensa exponer la “muy alarmante situación” que a su juicio atraviesa la diplomacia española. La reunión coincide con un acto solemne: la entrega de despachos, por parte del Rey, a la LXXVI promoción de la Carrera Diplomática, la segunda en la que hay más mujeres que hombres.

“Venimos arrastrando desde hace al menos dos décadas una serie de carencias en recursos, medios y organización”, explica Virella. “Es una responsabilidad compartida de sucesivos gobiernos que con el paso del tiempo no ha hecho más que agravarse. Estamos a niveles críticos en muchos aspectos y es sumamente urgente tomar medidas”.

Para avalar su diagnóstico, pone los datos sobre la mesa: España, con 49 millones de habitantes, tiene menos de 1.000 diplomáticos. Polonia, con 38 millones, 1.700: Dinamarca, con seis millones, 1.300: Portugal, con 10,4 millones, 490. “Nuestro vecino ibérico tiene la mitad de diplomáticos que nosotros, pero no llega a la cuarta parte de población. Yo diría que estamos claramente infradotados en un mundo muy competitivo. Hemos llegado a un punto en que ya no se puede estirar más”.

Una de sus reivindicaciones es la aprobación del nuevo reglamento de la carrera diplomática, “un instrumento fundamental para el funcionamiento del Ministerio de Exteriores en su conjunto”, alega. Se aprobó uno nuevo en 2014, pero los tribunales lo anularon por un fallo formal y sigue en vigor el de 1955. “Escuchamos a veces que somos un cuerpo anclado en el pasado”, lamenta, “pero llevamos años reclamado un reglamento moderno y eficiente y parece que se está más cómodo con una normativa franquista”.

El presidente de la ADE denuncia el incumplimiento de la Ley de Acción y del Servicio Exterior de 2014, cuya disposición adicional tercera ordenaba realizar, en el plazo de seis meses, un “informe sobre la situación de los inmuebles y los medios materiales y personales” de la Administración del Estado en el extranjero, para adecuarlos a los objetivos de la política exterior. “No se ha hecho. Ni en seis meses ni en 11 años”, sentencia.

Otras medidas, como las ayudas a la escolarización de los hijos de los funcionarios destinados en el exterior, no se han actualizado desde 2001. “Por ejemplo”, explica, “no se contempla la educación especial o la infantil de 3 a 6 años”. Los llamados billetes de arraigo, un vuelo gratuito de ida y vuelta a España para el personal destinado en el extranjero y sus familias, que se suspendió en 2013 por la crisis, aún no se ha recuperado. “No son billetes de vacaciones, son para mantener el vínculo con tu país”, alega.

Virella se queja de que cuando se aprueban normas sobre funcionarios siempre se olvidan del servicio exterior. “El proyecto de ley de Función Pública en tramitación prevé los días de permiso por enfermedad o fallecimiento de un familiar según se produzca en la misma localidad o en otra dentro del territorio nacional. Pero ¿qué pasa si el funcionario está en el extranjero?”

Reconoce que el plan de digitalización de la red consular, dotado con 115 millones, supondrá una ayuda a medio plazo, pero advierte que de que su implantación supone un problema adicional a corto plazo, pues detrae personal para realizar cursos de formación. “Sería perfecto si los consulados no estuvieran sobresaturados. No es el caso, cuando los españoles residentes en el exterior se han multiplicado por tres desde principios de siglo mientras las plantillas no han aumentado o se han reducido en algunos lugares”.

El presidente de la ADE se queja de que el ministro, José Manuel Albares, no responde a sus cartas, aunque reconoce que sí hay interlocución con el subsecretario del departamento, Xavier Martí, pero alega que este tiene capacidad “muy limitada” para dar respuesta a sus demandas. Valora que la Junta de la Carrera, en la que participan los diplomáticos, asigne los puestos en el exterior, pero critica que muchos nombramientos se los reserve el ministro y, especialmente, que “no haya transparencia” sobre los criterios que se emplean. “No criticamos ningún nombramiento concreto, salvo el de los embajadores políticos, pero pedimos que haya criterios objetivos. Más críticos somos con los ceses extemporáneos que no se explican”, alega.

Pregunta. En el Senado solo les recibieron los parlamentarios del PP, ¿teme que se les identifique con un partido?

Respuesta. No hay razón para que así sea, salvo la mala fe. Nuestras reivindicaciones son exclusivamente profesionales y nuestra única aspiración es prestar el mejor servicio a la sociedad española.

P. ¿Cómo está cambiando la incorporación mayoritaria de mujeres a una carrera que hasta no hace tanto tiempo les vetaba el acceso?

R. Apoyamos todas las medidas que favorezcan un equilibrio entre hombres y mujeres, pero advertimos de ya se están dando casos de diplomáticas que renuncian a ir al exterior por falta de medidas de apoyo familiar. Además, tenemos un atasco con las nuevas promociones, pues no hay plazas suficientes para que salgan al extranjero en un plazo de cuatro años desde su ingreso, como dice la normativa. Ese es el asunto de mayor preocupación para los jóvenes.

P. Legalmente, la ADE es un sindicato. ¿Es impensable una huelga de diplomáticos?

R. [Largo silencio] Estamos en la fase de hacernos oír por la sociedad española y sus instituciones. Tenemos la esperanza de que no sea necesario plantearse esas medidas sindicales, pero no podemos descartarlas.