El Gobierno estudia sanciones para quienes lanzaron proclamas racistas y pidieron “un tiro en la nuca” contra Sánchez en una manifestación de Falange

La Delegación del Gobierno estudia posibles sanciones contra los manifestantes de Falange que este viernes recorrieron diversas calles de Madrid profiriendo gritos y proclamas “racistas y antidemocráticas”, en el marco de una manifestación convocada bajo el lema Contra el genocidio del 78, en referencia a la democracia constitucional. Durante la marcha, que reunió a unas 700 personas, según cálculos de la propia Delegación del Gobierno, y que se había convocado para conmemorar la muerte Franco, se profirieron consignas “por las víctimas de la violencia inmigrante”, y contra el presidente del Gobierno: “¡Pedro Sánchez, tiro en la nuca!”. Según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, pueden ser constitutivas “de un delito de odio”.

La marcha había sido prohibida por la Delegación del Gobierno, pero fue luego autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Si durante la manifestación se produjesen gritos que vulneren el Código Penal o la ley de Memoria Democrática”, alegó el tribunal, “los poderes públicos deberán reaccionar”, incluso disolviendo la concentración, pero “no basta con albergar dudas genéricas sobre posibles efectos negativos de una reunión para restringirla o prohibirla”, añadían.

El delegado del Gobierno considera de “extrema gravedad” los mensajes “racistas, xenófobos, homófobos y amenazas de muerte” vertidos durante la marcha y fuentes de la Delegación explican que estudian ahora la imposición de sanciones al amparo de la ley de memoria democrática y también del Código Penal para “dar traslado de los hechos a las autoridades competentes si procede”. De momento, analizan el informe policial, que trasladarán a la Fiscalía.

El artículo 62 de la ley de memoria democrática considera infracción “muy grave” los actos que “inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”. La multa prevista en estos casos va de los 10.001 a 150.000 euros. Para la incoación y resolución del expediente sancionador es competente la Secretaría de Estado competente en materia de memoria democrática.

El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, se refirió este sábado, durante un acto del partido sobre la universidad pública, a la marcha de Falange. “En esa manifestación se pedía a gritos que le pegaran un tiro al presidente del Gobierno y yo quiero exigir dos cosas: a Feijóo, que condene los gritos que ayer [por el sábado] hubo en las calles de Madrid contra Sánchez, y a la misma justicia que autorizó esa manifestación con un recurso de Falange que condene ahora a quienes pedían un tiro en la nuca para el presidente del Gobierno”.

Críticas cruzadas sobre la politización de la justicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de momento, no se ha referido a lo ocurrido en la marcha de Falange. El partido ha dedicado buena parte de sus mensajes del día a la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los populares, Carmen Fúnez, ha asegurado este sábado en Puertollano (Ciudad Real) que el PSOE está intentando deslegitimar al poder judicial “para proteger a uno de los suyos” al presentar al condenado “como víctima y cuestionar la imparcialidad del Supremo”. La condena al fiscal general, subrayó Fúnez, es también una condena política al presidente Sánchez, que “lo nombró, lo protegió y lo utilizó”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha aprovechado este sábado la conferencia política de Movimiento Sumar para acusar a una parte del poder judicial de “suspender sus funciones constitucionales para intervenir en política” contra el Gobierno progresista. Díaz ha insistido en que García Ortiz “es inocente”, ha mostrado su “asombro” por el anuncio del fallo por parte del Supremo y ha acusado al PP de “querer dominar el Consejo General del Poder Judicial para incidir en la vida política” del país.