¿Y si el juez Hurtado hubiese ordenado espiar a los periodistas?

El papel de los periodistas no es ser protagonistas, sino testigos. Averiguar lo que sucede para poder contarlo con el mayor rigor posible. Frente a algunos sedicentes periodistas que se presentan como actores principales de supuestas noticias, el oficio de informador requiere pasar desapercibido. Hablar lo menos posible (lo necesario para que el interlocutor cuente lo que sabe) y escuchar mucho.

Sin embargo, el reciente juicio al fiscal general del Estado no solo ha sido insólito porque es la primera vez que el titular de tan alta institución se ha sentado en el banquillo de los acusados; también porque los periodistas han estado bajo la lupa de la Justicia como quizá nunca antes. Lo que era previsible, ya que se dilucidaba si Álvaro García Ortiz filtró el correo en el que el comisionista y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, acusado de defraudar 350.000 euros, ofrecía un pacto a la fiscalía para evitar el juicio a cambio de declararse culpable.

La vista oral permitió asistir a la bochornosa declaración del jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quien justificó haber lanzado un bulo alegando que él es periodista, no notario. Es cierto que no se necesita un título universitario para ejercer el periodismo, pero quizá sería el momento de exigir a quienes pretenden formar parte del gremio un curso de ética periodística.

Afortunadamente, la mayoría de la docena de periodistas (cuatro de ellos de EL PAÍS) que pasaron por el estrado salvaron la dignidad de la profesión. Como José Precedo, quien expuso el dilema moral al que se enfrenta el informador que conoce el nombre del verdadero autor de un delito, pero no puede revelarlo para salvar a un inocente porque que se lo impide el secreto profesional. La obligación (no el derecho) de preservar la identidad de las fuentes.

Los abogados de la acusación han intentado devaluar el testimonio de los periodistas y uno de ellos llegó a homologarlo al del acusado. Nada más lejos de la realidad. Al contrario que este último, el periodista no puede mentir. Puede guardar silencio pero, si declara, está obligado a decir la verdad. Alguno, en su afán por colaborar con la justicia, fue todo lo lejos que pudo sin vulnerar el secreto profesional, como José Manuel Romero, exsubdirector de EL PAÍS, quien situó su fuente en el ámbito de la Fiscalía de Madrid. Él y otros compañeros negaron expresamente que el origen de la filtración fuese García Ortiz. Que me perdonen, pero si este último resulta condenado, deberían ser acusados de perjurio.

Durante la instrucción, el juez Ángel Hurtado ordenó registrar el despacho del fiscal general del Estado y clonar el contenido de su teléfono y su ordenador, para comprobar si había enviado el polémico correo — el “documento litigioso” en la jerga jurídica— al reportero de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, el primero que reprodujo frases entrecomilladas del mismo. Lo que no hizo fue intervenir su móvil ni el de otros periodistas. El Tribunal Constitucional sentenció en 2022 que el juez de instrucción de Palma Miguel Florit vulneró los derechos fundamentales de los periodistas cuyos móviles y ordenadores incautó para averiguar la fuente de sus informaciones sobre un caso de corrupción.

La situación podría cambiar si se aprueba en sus actuales términos el anteproyecto de ley del secreto profesional de los periodistas que, en primera lectura, aprobó en julio pasado el Consejo de Ministros. El texto señala que los jueces y tribunales “solo podrán ordenar la instalación de programas informáticos de vigilancia intrusiva” (programas espía) en los móviles, ordenadores y dispositivos de los periodistas “para fines de investigación” de los más de 30 delitos incluidos en la orden europea de detención; entre los que no figura el de revelación de secretos. Pero añade a esa lista cualquier otro al que corresponda una pena igual o superior a cinco años en el ordenamiento jurídico español. Es decir, advierte un jurista consultado por EL PAÍS, basta con que el juez decrete durante la instrucción que está investigando la presunta comisión de un delito grave —aunque luego esta sospecha acabe diluyéndose— para que se puedan someter a un periodista a una “vigilancia intrusiva”.

Es cierto que el anteproyecto del Gobierno traspone casi textualmente un reglamento europeo, pero, como ya le ha advertido el Consejo General del Poder Judicial, este marca un umbral mínimo en la protección del secreto profesional al que el Gobierno no está obligado a ceñirse; más aún si está por debajo del que ya ofrece la legislación española, según el dictamen del órgano de gobierno de los jueces.

Como remate, un par de observaciones. No se entiende la obsesión que se evidenció en el juicio por averiguar quién filtró la textualidad del email de González Amador. Lo que protege el deber de sigilo es el contenido de un documento, no su soporte físico ni su literalidad, y ese ya había sido revelado, aunque de forma torticera, por Miguel Ángel Rodríguez. Por último, como ciudadano, me cuesta entender por qué algunos delitos privados son aireados sin que nadie se escandalice y, en cambio, se quiere cubrir con el manto del secreto a los defraudadores fiscales. Si Hacienda somos todos, como decía el antiguo eslogan, tenemos derecho a saber quién ha intentado robarnos, aunque llegue a un arreglo para no ser juzgado.