Sánchez anticipa la campaña en Extremadura con Almaraz de fondo

Los intereses territoriales y nacionales del PSOE y del ala mayoritaria del Gobierno chocan, una vez más, con las posiciones ideológicas de Sumar. Aunque los avatares de los últimos días, superponiéndose unos problemas a otros, singularmente por las consecuencias políticas y sociales de la dana, han unido a la coalición, la posible prórroga de la vida de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, ha revuelto a la parte minoritaria del Ejecutivo.

El alargamiento o no de la actividad de la central es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); sin embargo, interlocutores socialistas, nacionales y extremeños, dan casi por seguro su continuidad. El ejecutivo ha conseguido que las empresas eléctricas renuncien a la rebaja fiscal, pero Sumar reclama el cumplimiento del acuerdo de Gobierno en el que figura el cierre de la misma en 2027. Mientras tanto, Pedro Sánchez mostrará este miércoles en un acto de partido su apoyo al candidato extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Los socialistas de la región, sin distinción entre quienes apoyan o no al candidato a la presidencia de la Junta, apuestan por mantener con vida la central de Almaraz. “La nuclear es la que mantiene la zona laboralmente viva”, sostienen fuentes socialistas.

Una nueva batalla en la que Sumar entrará, apuntan interlocutores de ese espacio. Habrá conversaciones discretas, pero los dirigentes de Sumar ya han protestado enérgicamente. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, exige al Ejecutivo que se muestre firme ante “el oligopolio energético” y mantenga el calendario de cierre de las centrales nucleares.

“Nosotros vamos a ser muy exigentes, el calendario de las nucleares no se toca”, dicen. No se tocará por su parte, ya que está firmado en el acuerdo del Gobierno de coalición, pero los socialistas no están en disposición de no producir retoques en el calendario. No hay pronunciamientos públicos, tampoco los habrá este miércoles por parte del presidente del Gobierno, ya que, formalmente, el Ejecutivo no ha hecho sino poner condiciones a las empresas eléctricas que han hecho el grueso del trabajo: Pedir que se prorrogue hasta 2030 la actividad de Almaraz.

La responsable de la cartera, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avisado de que no se pronunciará hasta después de escuchar al CSN, no sin antes recalcar que las exigencias del gobierno, de que no tuviera coste para los ciudadanos y nada de exenciones a las empresas, se han cumplido. El camino se está allanando para cuando llegue el momento de autorizar la prórroga, apuntan medios gubernamentales.

El realismo que invocan los socialistas, junto a la evolución de la concepción de las nucleares, envuelve a Sumar en el pesimismo.

Y qué será de la agenda verde. Para Sumar, esta prórroga representa una enmienda a la totalidad a la misma. A ella no puede renunciar por mucho que los socialistas, desde sus gobiernos, o desde la oposición, apelen a las demandas de los ciudadanos que tienen su vida laboral unida a las nucleares, sin alternativas. En el PSOE reconocen que la creación de tejido industrial en las zonas afectadas es urgente e imperativa.

En esta concepción pragmática se apunta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En los últimos días, la Asociación Nucleares Ascó-Vandellòs (ANAV) ha declarado el grado óptimo de las centrales catalanas para alargar su vida más allá de lo ahora previsto: Ascó I en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II en 2035. Desde todos los ámbitos socialistas territoriales afectados se asegura que en absoluto reniegan de las renovables, pero cuentan con las nucleares en el proceso de transición energética.

Lo más inmediato es la continuidad de Almaraz por la campaña extremeña en la que el candidato, Miguel Ángel Gallardo, tendrá que afinar mucho su estrategia. En la organización extremeña reconocen que ha ganado dos procesos de elecciones primarias internas, aunque también resta su enorme debilidad por ser un candidato imputado por, presuntamente, enchufar al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

Sánchez quiere poner de manifiesto su apoyo al líder extremeño. Todo, en una semana con apuestas arriesgadas, como es el respaldo sin fisuras, en este caso de todo el Gobierno de coalición, al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo juicio empieza hoy, tras ser acusado de revelar presuntamente datos del investigado por fraude fiscal, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz sostendrá que no desveló nada que no se conociera, sino que consideró su obligación desmentir un bulo, lanzado por el gabinete de la presidenta madrileña. De ahí, no se ha movido. Y el Gobierno le cree.