El Gobierno deja en el aire el futuro de Almaraz y saca pecho por la renuncia fiscal de las eléctricas

El Gobierno ha evitado posicionarse este viernes sobre la petición de prórroga de Almaraz reclamada formalmente por las eléctricas ayer jueves. Según ha confirmado la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la solicitud de ampliación de vida útil de la planta atómica cacereña llegó ayer mismo y darán traslado del proceso al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que emita el primer dictamen sobre si es segura la prórroga desde el punto de vista nuclear. “No es el momento de posicionarnos, sino de que lo haga el CSN”, ha dicho la máxima responsable de política energética en España. “Nosotros no nos vamos a posicionar” antes del dictamen del CSN, ha zanjado Aagesen.

Lo que sí ha querido subrayar la ministra es que las eléctricas han acabado solicitando la prórroga de Almaraz renunciando a bonificaciones fiscales que llevaban meses pidiendo, tal y como avanzó El PAÍS el pasado 15 de octubre. “Hoy quiero dejar un mensaje claro: desde el Gobierno de España, desde este ministerio, nuestra posición no se ha movido en ningún momento y con esto quiero decir que hemos sido consistentes desde el principio. Presentamos tres líneas rojas muy claras y en este caso son las empresas las que se han movido, las que han tomado su decisión de hacer una solicitud. Eran ellas las que tenían en su mano la presentación de la solicitud y lo hicieron ayer. Precisamente en esa solicitud lo que lo que hacen es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que el gobierno hemos dicho desde el principio; que los consumidores, los contribuyentes, en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y, por lo tanto, han presentado una solicitud sin condiciones”, ha explicado.

Aagesen ha querido recalcar que, como Gobierno, están obligados a tramitar la petición de las eléctricas y que eso no prejuzga ningún resultado de su veredicto. En este punto, ha dejado la pelota primero en el tejado del CSN, que tiene que validar la extensión de Almaraz.

“Una de las líneas rojas también tenía que ver con la seguridad nuclear y por lo tanto lo que haremos es dar traslado al Consejo de Seguridad Nuclear, ese organismo independiente y técnico que tendrá que avalar desde el punto de vista técnico si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear”, ha explicado la vicepresidenta tercera.

La cuestión es altamente sensible para el Gobierno, de ahí que haya evitado adelantar su posicionamiento acerca de la prórroga nuclear. Por un lado, tienen la presión de su socio de Gobierno, Sumar, que se ha manifestado frontalmente en contra de revisar el calendario de cierre pactado en 2019 y que prevé el cierre de Almaraz en 2027.

Esta misma mañana, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, miembro de Sumar, señalaba que “el Gobierno debe mostrarse firme ante las pretensiones del oligopolio eléctrico y debe mantener el calendario actual de cierre tal y como está previsto y tal y como tenemos firmado en el acuerdo de gobierno Sumar y el PSOE”.

Sin embargo, el debate también se extiende al punto de vista territorial. El PSOE de Extremadura ha pedido que se mantenga Almaraz, ya que se trata del mayor foco de actividad empresarial de la comarca cacereña donde se ubica la central. Las encuestas en Extremadura otorgan un apoyo mayoritario a la continuidad de la actividad de la planta. Y esta patata caliente llega justo cuando la presidenta de la Junta de Extremadura ha convocado elecciones para el 21 de diciembre. Antes de lanzar el adelanto, se comprometió a rebajar la ecotasa regional que paga Almaraz a la mitad si proseguía su actividad desde 2027.

Desde el otro lado, las eléctricas han venido manteniendo desde hace meses que la operativa nuclear está muy lastrada en el aspecto económico, ya que carga una serie de impuestos específicos que hacen inviable su operativa. Sin embargo, el Gobierno ha optado por no ceder y esperar a que fueran las empresas las que pidieran la petición de alargamiento de la central nuclear sin contrapartidas fiscales, como finalmente ha ocurrido.

No obstante, los plazos de tramitación de esa prórroga se mezclan con los calendarios electorales y en el sector hay fuentes convencidas de que las eléctricas lograrán algún tipo de bonificación si finalmente el PP o una alianza popular con VOX logran el Gobierno de la nación.

Sea como fuere, en el sector también hay quien interpreta que la tramitación que ha activado el Gobierno para que el CSN estudie la prórroga de Almaraz supone abrir la puerta ya a estudiar dicha extensión. Otros, sin embargo, recalcan que el Ejecutivo está obligado a cumplimentar la solicitud de los agentes y esa tramitación no prejuzga nada.