La división de los socios pone en jaque dos iniciativas clave para el Gobierno en el próximo pleno

No hay semana fácil para el Gobierno en el Congreso. Después de dos años de legislatura, prácticamente cada sesión sigue planteándose como un examen a la salud del Ejecutivo, que ha arrancado el curso encajando derrotas significativas. El pleno de la Cámara baja volverá a medir su fortaleza la próxima semana con los socios divididos en el debate de otras dos normas fundamentales para la coalición: el decreto sobre el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, de la que depende un paquete de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, según el Ministerio de Transportes. PSOE y Sumar no tienen aún los apoyos garantizados para que ninguna de ellas salga adelante y, como casi siempre, al previsible rechazo de PP y Vox se unen las reticencias de Podemos y Junts, lo que obliga a buscar otros aliados.

La medida para poner fin al comercio de material militar con el Estado hebreo era una petición de los grupos de la izquierda de la Cámara. Desde octubre de 2023, el Ejército israelí ha masacrado ya a más 65.000 palestinos y la creciente presión social, que cristalizó en las protestas por toda España durante la vuelta ciclista, ha obligado a los partidos a moverse. Pero el decreto aprobado finalmente la semana pasada en el Consejo de Ministros tiene algunos agujeros que han provocado las críticas del partido de Ione Belarra y han llevado a Sumar a pedir que sea tramitado como proyecto de ley para poder introducir en el Congreso modificaciones que permitan “ampliar su ámbito de aplicación”.

Podemos, por ahora, se resiste a aclarar el sentido del voto, pero ha sido muy duro al tildar la medida de “engaño” o “decreto fake”. Este miércoles, su secretaria general llamó en rueda de prensa a la movilización social para conseguir que el Gobierno dé luz verde a otra norma que suponga un “embargo real”. “Yo no sé lo que es un decreto fake", le respondió airado el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López. “Espero que todos aquellos que están a favor del embargo voten a favor. Si hay cuestiones que se nos pueden haber escapado, que sean negociadas en la tramitación”, dijo.

“Es muy importante que le cuenten a la gente que todos los reales decretos que se han tramitado como proyecto de ley han quedado durmiendo el sueño de los justos en este Congreso”, descartó Belarra. Podemos ha denunciado estos días que el texto no prohíbe el comercio de armamento con las filiales de empresas israelíes, ni tampoco establece controles al cargamento de los buques o impide el uso de las bases de EE UU en Rota y Morón, aunque algunas de estas medidas ya están previstas en otras normas. Además, el decreto contempla que el Gobierno pueda saltarse de forma excepcional el embargo invocando el “interés general”. Pese a las críticas, en el Gobierno algunas voces se muestran confiadas en la convalidación. Creen que el partido no puede permitirse votar en contra tratándose de un tema tan sensible como este, del que han hecho bandera, y más cuando la norma puede abrirse a cambios.

Pero incluso si Podemos lo respalda junto al resto de socios habituales del Ejecutivo, y ante el previsible rechazo de PP, Vox y UPN (171 diputados), falta por definir el voto de Junts, que casi nunca desvela su postura. Al menos una abstención de los de Carles Puigdemont sería necesaria para dar luz verde al decreto (172).

La otra ley en la cuerda floja es la de movilidad sostenible, uno de los hitos incluidos en el Plan de Recuperación que quedó pendiente de aprobar la pasada legislatura y que forma parte de un paquete de reformas al que están vinculados en torno a 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Después de una larga tramitación en el Congreso (la norma entró de nuevo en las Cortes en febrero de 2024), Podemos ha asegurado “que no saldrá adelante” si no se paralizan de inmediato las ampliaciones previstas en el aeropuerto del Prat y el puerto de Valencia. “Es una enorme hipocresía e incongruencia política impulsar una ley que todos saben que va a ser papel mojado, porque las políticas concretas de este Gobierno son puro desarrollismo. Nutren de contratos milmillonarios a empresas constructoras”, reiteró Belarra este miércoles.

Ante las dificultades para aprobarla, fuentes parlamentarias confirman que el Gobierno mira ya a UPN, cuya abstención o voto a favor desharía un hipotético empate que, de facto, haría caer la ley a la tercera votación, según el reglamento. Por ahora, el partido navarro asegura que el Gobierno no se ha puesto en contacto con su diputado, Alberto Catalán. El dictamen de la norma fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso con el apoyo de los socios, incluido Junts, y la negativa de PP y Vox. Ni Podemos ni UPN tienen voto en la comisión, donde el Grupo Mixto está representado por el BNG, a favor de la ley.

El texto definitivo, que incorpora una treintena de enmiendas negociadas con los grupos, avanza en la descarbonización del transporte, busca digitalizar el sector y reconoce la movilidad “limpia y saludable” como un “derecho social”. El ala socialista del gobierno también se muestra optimista sobre la votación, aunque reconoce que las conversaciones llegarán hasta el último minuto. “Estamos hablando con todos, como siempre, y falta una semana. Una semana para las negociaciones parlamentarias de las leyes es un mundo entero”, concedió el miércoles Patxi López.