El Gobierno apura para salvar en el próximo pleno los 10.000 millones de fondos europeos vinculados a la ley de movilidad sostenible

La ley de movilidad sostenible, una de las reformas comprometidas por España en el marco del Plan de Recuperación, vuelve a poner en aprietos al Gobierno. Tras una larga tramitación parlamentaria, la Junta de Portavoces ha decidido este miércoles que el pleno del Congreso debata la norma —un proyecto del Ministerio de Transportes— la próxima semana, pero no cuenta todavía con los votos necesarios para su aprobación. Podemos ya ha condicionado su respaldo al texto, que considera poco ambicioso, a que se paralicen las ampliaciones previstas en el aeropuerto de El Prat y el puerto de Valencia. Ante las líneas rojas impuestas por el partido de Ione Belarra, fuentes parlamentarias confirman que el Gobierno mira ya a UPN, cuyo voto sería clave para que viera la luz verde. En juego hay unos 10.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos vinculados al paquete que incluye esta norma.

La ley, uno de los hitos pendientes en el plan de la Comisión, no pudo completar su tramitación en la anterior legislatura y volvió a ser enviada desde el Consejo de Ministros a las Cortes en febrero de 2024. La semana pasada, la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara baja aprobó el dictamen después de incorporar una treintena de enmiendas negociadas con los grupos. El texto contó con los votos a favor de los socios habituales, incluido Junts, y el rechazo de PP y Vox. Ni Podemos ni UPN tenían voz en la comisión, donde el Grupo Mixto está representado por el BNG, a favor de la ley. Con la negativa de los dos partidos de la derecha y el de Belarra sumarían 174 diputados, por lo que el sí del navarro Alberto Catalán es clave para evitar un empate que haría que el proyecto decayese a la tercera votación. Fuentes parlamentarias del PSOE aseguran que en esta fase no descartan ninguna vía, incluso obtener finalmente la abstención de Podemos. “Estamos hablando con todos, como siempre, y falta una semana. Una semana para las negociaciones parlamentarias de las leyes es un mundo entero”, ha asegurado en rueda de prensa el portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López.

De momento, UPN niega que el Gobierno se haya puesto en contacto con ellos para iniciar las conversaciones y evitan desvelar su posición sobre un texto cuyo redactado final, dicen, aún desconocen.

La norma avanza en la descarbonización del transporte, busca digitalizar el sector y reconoce la movilidad “limpia y saludable” como un “derecho social” que las administraciones deben impulsar. Entre las medidas que incorpora se encuentran la financiación estatal del transporte público urbano o la obligatoriedad de que las empresas elaboren planes para incentivar el transporte en bicicleta y en coche eléctrico hacia los centros de trabajo. Estas propuestas deberán estar listas en un plazo de 24 meses y serán requeridas en aquellas compañías que cuenten con más de 200 trabajadores o 100 por turno (en vez de los 500 que contemplaba la norma inicialmente).

El texto definitivo incluye, además, la prohibición de vuelos cortos cuando exista una alternativa para desplazarse en ferrocarril con una duración de hasta dos horas y media o en tren nocturno. También se elimina de la norma que el gas licuado sea considerado una energía renovable.

“Es una enorme hipocresía e incongruencia política impulsar una ley que todos saben que va a ser papel mojado, porque las políticas concretas de este Gobierno son puro desarrollismo, que nutren de contratos milmillonarios a empresas constructoras”, ha reiterado Belarra este miércoles en rueda de prensa. “La ley no va a salir adelante si no se paralizan los megraproyectos contrarios a la lucha contra la emergencia climática que son las ampliaciones del Puerto de Valencia y el aeropuerto del Prat”, ha reafirmado la secretaria general de Podemos.

“Nos jugamos mucho, y no solo porque de esta ley dependan 10.000 millones de euros del compromiso con la Unión Europea, sino también para demostrar que es posible avanzar fuerzas muy diferentes pensando en el bien común. Hemos protegido el autobús, el taxi y potenciado el ferrocarril, por lo que no entendería que nadie votase en contra”, defiende en declaraciones a EL PAÍS Alberto Ibáñez, portavoz de Sumar en la ponencia de la norma.

Fuentes parlamentarias sostienen que, más allá de las estrategias partidistas de oposición, también al PP le interesaría apoyar la ley por la inyección financiera que supone en las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por los populares.