Conde-Pumpido avisa de que el Constitucional tardará “bastantes meses” en resolver la amnistía

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado este jueves que el tribunal tardará “bastantes meses” en resolver todos los recursos presentados contra la ley de amnistía. Explicó que una vez dictada la sentencia sobre el más importante, correspondiente al recurso del PP, ahora se va a dar prioridad a las peticiones de amparo de los líderes del procés, entre ellos Carles Puigemont y Oriol Junqueras, líderes de Junts y ERC, respectivamente. En relación con el primero dijo que ya no será posible resolverlo antes de fin de año, porque la recusación que presentó Puigdemont ―sólo 24 horas antes de que su impugnación fuese admitida a trámite― supondrá un retraso de un mes, lo que sitúa entre finales de enero e inicios de febrero próximos el fallo del tribunal.

En la presentación de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, Conde-Pumpido explicó que quedan numerosos recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, lo que supone que quizás no estén dictadas todas las sentencias antes del verano. Para ir desbrozando el camino, en el próximo pleno del tribunal se resolverá la impugnación de la comunidad autónoma de Aragón, así como la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo. Añadió que hay que distinguir entre el “control abstracto de constitucionalidad” de la ley de amnistía –lo que se hizo al resolver el recurso del PP-, y los amparos solicitados por los líderes del procés, en los que lo que se discute es la aplicación que hizo el Supremo de dicha norma, considerando que no incluía el delito de malversación.

“Sinceramente, aunque ha habido mucha polémica sobre este tema, me extraña que se plantee que España fuese el único país de la Unión Europea cuyo Parlamento no pudiera aprobar una ley de amnistía”, añadió Conde-Pumpido. “Todos los países de la UE, o bien tienen la amnistía en su Constitución –como por ejemplo Francia, Italia o Portugal-, o si no la tienen, como Alemania, sí estiman que su Parlamento podrá dictar leyes de amnistía, y ya se han aprobado cuatro por lo menos. Incluso el derecho europeo se refiere a la amnistía en muchas ocasiones”, agregó. Conde-Pumpido dijo también que en España no sólo el principal partido de la oposición recurrió la ley de amnistía, sino que “sorprendentemente, porque no había pasado en 45 años, todas las comunidades autónomas (del PP) reiteraron ese mismo recurso, cada una con su peculiaridad”. Por tanto, ahora “tenemos que ir resolviendo uno por uno”, y lo tendremos que hacer “poco a poco”, a lo largo de “bastantes meses”.

Al aludir a las polémicas suscitadas por esta ley, y los ataques recibidos por el Constitucional por su sentencia sobre este asunto y por la relativa al fraude de los ERE de Andalucía, Conde-Pumpido defendió la independencia del tribunal y condenó las descalificaciones de que ha sido objeto desde ámbitos políticos. En respuesta a estas estrategias, afirmó que “quien descalifica desde la política al Tribunal Constitucional se está descalificando a sí mismo, porque los magistrados hemos sido elegidos por todos los poderes del Estado”, en un proceso en el que participan el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a través de su órgano de gobierno. “Nuestra independencia –añadió- es esencial y debemos preservarla frente a las críticas coyunturales”.

Conde-Pumpido lamentó que, sin embargo, exista lo que a su juicio es una doble vara de medir a la hora de defender la independencia de jueces y magistrados, según la institución en la que desempeñen su tarea. En este sentido denunció que “se ha generalizado la idea de que es grave criticar al poder judicial y que hay barra libre para insultar al Constitucional”. El presidente del órgano de garantías vinculó esta situación al clima de crispación entre las fuerzas políticas, que ha provocado un considerable aumento de la conflictividad que debe resolver el Constitucional. Dijo al respecto que el año pasado aumentó en un 24% el número de conflictos entre instituciones o poderes del Estado, mientras él mismo, como presidente del tribunal, recibe amenazas de querellas en casos en que es el propio demandante el que las anuncia si no se resuelve a su favor el asunto planteado.

Conde-Pumpido reclamó que se ponga fin a este tipo de situaciones y defendió que los jueces se abstengan de criticar a los políticos, y viceversa, reservando el derecho a discrepar de las resoluciones con argumentos sobre el desacuerdo. Abogó, en suma, por el respeto mutuo entre las instituciones y sus componentes, considerando intolerable que llegara a hablarse del órgano de garantías como “cáncer de la democracia”. Quien desde la política deslegitima al Constitucional, subrayó de nuevo con mayor énfasis, “se deslegitima a sí mismo”.