El Constitucional rechaza las recusaciones que retrasaban la aplicación de la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional ha inadmitido por unanimidad las recusaciones presentadas contra cuatro de sus miembros, con lo que despeja el camino para abordar ya los recursos de amparo de los líderes del procés a los que el Tribunal Supremo ha denegado la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación. En su pleno de este martes, el Tribunal ha rechazado la petición del líder de Junts, Carles Puigdemont, de apartar a tres magistrados del sector conservador —José María Macías, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo— de la resolución de su caso. La misma solicitud había sido presentada por el exconseller de la Generalitat Toni Comín, también rechazada. Igualmente, ha sido inadmitida la recusación de la Abogacía del Estado contra el magistrado Macías. Por otro lado, ha sido rechazada la recusación que Vox presentó contra el presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido.

En todos los casos se alegaba la supuesta falta de imparcialidad de los recusados. El Tribunal ha considerado que las alegaciones presentadas carecen de suficiente entidad para cuestionar la participación de los magistrados recusados en la resolución de los recursos de amparo de los líderes independentistas. El Constitucional —que apartó en su día al magistrado Macías de la deliberación de la ley de amnistía por sus pronunciamientos anteriores contra esta norma— estima que lo que ahora se va a juzgar es distinto, al no referirse ya al encaje de la ley con la Constitución, sino a la aplicación del perdón a un delito específico una vez que ya se ha avalado plenamente la norma cuestionada por el recurso del PP.

Tras estas decisiones, el tribunal retomará de inmediato el análisis de los recursos de amparo sobre la inaplicación de la ley de amnistía a la figura delictiva de la malversación. La primera consecuencia del rechazo de las recusaciones será la admisión a trámite de los recursos de amparo de Puigdemont y Comín, asuntos que serán avocados al pleno, por su relevancia constitucional. Con anterioridad ya siguieron el mismo camino los recursos del líder de ERC, Oriol Junqueras, y de los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Y el mismo camino de avocación al pleno tomará la solicitud de amparo del también exconseller Lluís Puig, todos ellos con el propósito de que se les apliquen los beneficios del perdón al delito de malversación de fondos públicos desviados para el desarrollo de los planes independentistas.

Las recusaciones presentadas han retrasado un mes la ejecución del calendario previsto por el Constitucional para tener resueltos los recursos de los líderes del procés antes de final de año. A partir de ahora el tribunal abrirá una pieza separada para resolver sobre la medida cautelar pedida por Puigdemont para que se levante la orden de detención que sigue vigente en su contra si se detecta su presencia en territorio español. La defensa del líder de Junts —a cargo del letrado Gonzalo Boye— pidió que se anulara dicha orden como medida cautelarísima —es decir, sin escuchar a las demás partes del proceso—, una solicitud que en medios del tribunal se descartó desde el primer momento. El exconseller Lluís Puig había formulado la misma petición meses atrás, sin lograr que prosperara.

La admisión a trámite de los recursos de amparo irá seguida de las alegaciones de las partes sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales de los líderes del procés por parte del Supremo, al negarles la aplicación de la ley de amnistía a la utilización de fondos públicos para un fin ilícito. La tesis de la Sala Penal, que juzgó la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, fue que Puigdemont y los citados exmiembros del Govern de la Generalitat se enriquecieron al utilizar dichos fondos para sus proyectos políticos, ya que con ello se ahorraron haber tenido que impulsar sus planes con su propio dinero y patrimonio.

Para la determinación definitiva de su calendario, el Constitucional sigue por otra parte muy pendiente de la sentencia que debe dictar la justicia europea sobre la ley de amnistía. De hecho, el órgano de garantías confía en que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) llegue antes de fin de año. Ello permitiría que se pueda resolver con más datos la totalidad de los recursos de los líderes del procés tras haber quedado resueltas las dudas que plantearon el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre el encaje de la ley de amnistía con el derecho europeo y la protección de los intereses financieros de la UE. De momento se espera para mediados de noviembre el informe del Abogado General del TJUE, que suele tener una especial importancia, por su influencia en el fallo posterior.