El Gobierno obligará a las plataformas digitales a retirar 53.000 pisos turísticos que presentan irregularidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana en Málaga que el Ministerio de Vivienda exigiría a partir del lunes a las plataformas digitales que retiren de sus anuncios online 53.876 pisos turísticos que presentan irregularidades. En mayo se calculaba, según la última estadística experimental del INE, que España contaba con 381.873 viviendas de este tipo, un 1,4% más que el anterior dato recogido en noviembre de 2024. Dicho estudio estima cuántos inmuebles se anuncian en las principales webs, por lo que no puede compararse con el registro.

Con esta notificación, el Ejecutivo central pretende que estas viviendas que no cumplen con la legalidad se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. “Para que pasen a ser alquileres constantes para la gente joven y familias de este país”, ha abundado Sánchez.

España fue el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. Tanto los inmuebles que se rentan a turistas como los que lo hacen por temporadas para otros usos deben tener un número único que funciona a modo de matrícula identificativa. Pero la obtención de dicho identificador, los registradores de la propiedad deben comprobar antes de concederlo que el piso cuenta con los requisitos preceptivos, que dependen de cada municipio y comunidad autónoma, dado que son estas administraciones las que tienen la mayoría de las competencias regulatorias en este campo.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico, indican fuentes del Ministerio de Vivienda. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%), tal y como ha adelantado este domingo Sánchez.

El nuevo registro obligatorio se puso en marcha el 2 de enero, pero hasta el 30 de junio se aplicó a modo de prueba. En ese periodo de tiempo, 17.163 solicitudes fueron rehusadas, lo que supone un 9% del total. En julio y agosto, cuando la inscripción fue imperativa, las peticiones rechazadas fueron 34.429, es decir, un 20% de todas las presentadas desde enero, según los datos dados a conocer el 2 de septiembre.

Madrid es la comunidad, de acuerdo con los datos que maneja actualmente el Ministerio de Vivienda, donde el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad, indican las fuentes consultadas. Andalucía es, según esas mismas cifras, la región que más solicitudes de registro obligatorio ha visto revocadas: 16.740.

Canarias, con 8.698 viviendas revocadas; Cataluña, con 7.728, y la Comunidad Valenciana, con 7.499, son las otras comunidades que concentran la mayoría de las solicitudes invalidadas.

El presidente del Gobierno ha hecho este anuncio precisamente en Málaga, la provincia donde la vivienda es el principal problema para sus habitantes, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Málaga, y que ilustra las dificultades para poder acceder a un piso en la comunidad en la que más se ha encarecido el precio de los inmuebles en el último año. De hecho, Sánchez, además de aludir a los datos nacionales, ha mencionado específicamente las solicitudes denegadas en este territorio: 8.000, el que más aglutina de todo el país.

Los datos llegan justo la misma semana en la que el Gobierno de Moreno daba vía libre a su ley de vivienda, presentada como un contrapunto al “intervencionismo” de la ley estatal y que fía la solución a generar más oferta mediante la liberalización de suelo municipal y la colaboración público-privada.

En julio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 logró que la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, a vez que denunció otros 55.000 sin número de registro, según anunció en un comunicado. La retirada llegó después de que la multinacional recurriera la decisión de Consumo ante los tribunales en varias ocasiones y que la justicia “respaldara” las actuaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy.