El Constitucional empieza a estudiar la amnistía a Puigdemont sin levantar su orden de detención

El Tribunal Constitucional se dispone a admitir a trámite el recurso del líder de Junts, Carles Puigdemont, contra la decisión de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación. La decisión se tomará en el pleno que se inicia este martes, el primero tras el paréntesis de agosto. Paralelamente, el tribunal denegará la medida cautelarísima solicitada para que se levante la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo contra Puigdemont si se detecta su presencia en territorio español.

El recurso, presentado en julio pasado, consideraba urgente que se anulase ese mandato a los cuerpos policiales tras la sentencia por la que el órgano de garantías avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía. La defensa pidió esta medida como cautelarísima para que el tribunal pudiera actuar “inaudita parte”, es decir, sin pedir alegaciones al resto de partes del proceso, pero esta solicitud será denegada.

El recurso de Puigdemont planteó que, en el caso de rechazarse esa opción, se estudiara dejar sin efecto la orden de detención solo como medida cautelar, que se diferencia de la anterior en que antes de tomar decisión alguna hay que pedir alegaciones a las partes, en este caso la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, que intervino en la causa penal contra los líderes del procés en el Tribunal Supremo. Lo previsible es que el Constitucional admita esta segunda petición e inicie los trámites de consulta a las partes para resolver en un pleno posterior si hay razones para que Puigdemont pueda regresar a España sin riesgo de ser arrestado antes de que se resuelva el fondo de su petición de amparo.

Fuentes del Constitucional, sin embargo, estiman que esta segunda solicitud también es muy poco probable que prospere. Dichas fuentes subrayan que Puigdemont se encuentra fugado fuera de España por voluntad propia desde hace casi ocho años.

La defensa del líder de Junts ―ejercida por el letrado Gonzalo Boye― cuestiona en su recurso las tesis del Supremo para no aplicar la amnistía al delito de malversación, y entiende que contraviene la voluntad del Parlamento. De ahí que considere que el levantamiento de la orden de detención constituye “una exigencia constitucional vinculada a la defensa del modelo de democracia parlamentaria consagrado en la Constitución”.

Sobre el fondo de la cuestión, el recurso plantea que en el caso de Puigdemont se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, porque la amnistía es plenamente aplicable al delito de malversación. Añade que se ha lesionado también el derecho de participación política del líder de Junts porque la “orden nacional de detención activa ya constituye por sí sola una coacción directa e inmediata que le impide entrar en territorio español, desarrollar actividades políticas en su país o ejercer la representación que tiene encomendada por sufragio universal ante el Parlament de Catalunya en condiciones de igualdad”.

La ponente del caso es la magistrada Laura Díez, del sector progresista del tribunal. En paralelo al recurso de Puigdemont, el tribunal estudiará los presentados por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y por los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Lluís Puig y Toni Comín.

El propósito del Constitucional es tener resueltos estos recursos antes de fin de año, o a lo sumo a comienzos de 2026. En el órgano de garantías se cree conveniente conocer primero la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las impugnaciones presentadas contra la ley de amnistía por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Dicho fallo puede llegar en noviembre próximo. Si el TJUE decide que la citada ley no afectó a sus intereses financieros ni contravino principios esenciales del derecho europeo, y si Puigdemont logra a su vez el amparo del Constitucional, habrá dado un paso que puede ser decisivo para que el propio Supremo deje sin efecto la orden de detención dictada en su contra.

En todo caso, tampoco cabe descartar que en ese escenario sea la sala Penal, que juzgó a los líderes del procés, la que acuda a la justicia europea con una nueva impugnación, en forma de consulta prejudicial, antes de tomar una decisión sobre la situación de Puigdemont.

Inconstitucionalidad

Por otra parte, el tribunal deliberará este mismo mes sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo contra la ley de amnistía. El tribunal acordará previsiblemente la estimación parcial de dicha impugnación, que planteaba que la ley vulneraba el derecho a la igualdad al aplicar la amnistía a los delitos cometidos por los impulsores del procés, pero no a los autores de acciones delictivas contra los planes independentistas.

El Constitucional ya resolvió esta cuestión en su sentencia sobre la ley de amnistía, al ordenar que los beneficios de esta norma fueran aplicables a hechos delictivos cometidos por detractores del procés. El Supremo también planteó que la ley vulneraba la separación de poderes, tesis ya rechazada en el mismo fallo anterior, en el que se subrayó que la aplicación del texto aprobado por el Parlamento siempre ha quedado en manos de la justicia, respetando sus competencias constitucionales.

En breve, el órgano de garantías estudiará asimismo el recurso del ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán contra su situación de prisión provisional. Fuentes del Constitucional estiman que no tiene muchas probabilidades de prosperar, porque en principio no cabe entender que el asunto tenga trascendencia constitucional. Además, para anular dicha medida, el tribunal tendría que entender que la orden de ingreso en la cárcel no estuvo suficientemente motivada.