La presidenta del Supremo tilda de “inoportunas y rechazables” las “descalificaciones” a jueces por parte de los poderes públicos

La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, ha defendido “con firmeza” la independencia del poder judicial en su discurso de apertura de tribunales, pero con importantes matices, al añadir que “independencia no equivale a libre albedrío”. “La característica de la independencia judicial es precisamente –dijo- que nuestro único marco de referencia es el ordenamiento jurídico. Esa es la fuente de nuestra legitimidad y la garantía de que la justicia se administra sin más guía que el derecho”, ha asegurado en un discurso en el que ha hecho una referencia velada a las declaraciones del presidente del Gobierno en TVE sobre los “jueces que hacen política”. La presidenta del Supremo consideró “totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos”.

Perelló subrayó en diversos pasajes que es preciso contar con la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento de las instituciones, y que ello reclama a su vez que éstas se respeten mutuamente. “El ámbito de la independencia judicial –afirmó- es absoluto. Así lo proclama la ley orgánica del Poder Judicial, cuando dispone que todos están obligados a respetar la independencia de jueces y magistrados. Ese respeto no es una fórmula retórica, exige que no se nos presione, que no se nos condicione, que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier otro tipo, ni con expectativas que desconocen los principios y los tiempos del proceso”.

La presidenta del Supremo criticó las que consideró “las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos”. Explicó que “tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces”. En el mismo sentido, Perelló reivindicó la importancia de la “lealtad constitucional”, basada en el “respeto mutuo”.

También en este punto introdujo matices al añadir que “son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos”, si bien “no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional”. La presidenta del Supremo subrayó que en el Estado de derecho toda actuación de los jueces se desarrolla “en el cauce de un proceso”, que discurre “con todas las garantías de audiencia y defensa”. Lo importante –prosiguió- es que toda decisión resulta “susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes”, de modo que “los posibles errores son corregidos en el seno del propio poder judicial, que es sumamente garantista”.