La Fiscalía califica de “lacra” con “consecuencias indeseables” las demoras para juzgar los grandes casos de corrupción

El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción se ha incrementado en en último año con casos como el que implica a los exdirigentes del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ese aumento de la carga de trabajo queda reflejado en la memoria anual de la Fiscalía, en la que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, expone que su departamento intervino el año pasado en 915 procedimientos judiciales frente a los 885 del año 2023 o los 841 de 2022. Pero al margen de ese incremento, Luzón pone el foco en otro problema que considera “una lacra”: la demora que sufren estos procesos durante las fases de investigación y hasta llegar a juicio. Estas dilaciones, advierte el jefe de Anticorrupción, tienen “consecuencias indeseables”, entre ellas, la prescripción de algunos delitos y el riesgo de que los investigados oculten los frutos derivados de su actuación criminal.

Durante el año 2024, la Fiscalía Especial formuló 42 escritos de acusación, frente a los 35 presentados en el año 2023. No obstante, este departamento, que se encarga de las macrocausas de corrupción y la criminalidad organizada, intervino en más de 900 procedimientos judiciales, según recoge la memoria anual que ha presentado este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial. Los delitos de acaparan la mayoría de las acusaciones de este departamento son delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contrabando, malversación, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, cohecho y crimen organizado, entre otros.

Luzón, que como todos los jefes de las fiscalías especializadas es el encargado de redactar el capítulo de la memoria centrado en su departamento, recuerda que todos los procedimientos asignados a su Fiscalía revisten una “especial trascendencia”, ya que este es un requisito para que sea su unidad la que se haga cargo de un caso. Esta premisa implica que la tramitación de la mayoría de las causas que investigan sea compleja, pero esta circunstancia no justifica las dilaciones que registran, según Luzón. “La demora que sufren estos procedimientos durante su fase de investigación e instrucción es una de las lacras que dañan la eficacia y la propia credibilidad de la Administración de Justicia”, advierte el jefe de Anticorrupción.

Entre las razones que explican estas dilaciones el fiscal jefe alude a que la mayoría de casos implican a un gran número de investigados, perjudicados y acciones populares; a que muchos de ellos afectan a aforados o a personas con privilegios procesales; a la necesidad de recurrir a la cooperación internacional y de elaborar complejas periciales económicas y a un marco procesal “inadecuado que favorece las estrategias dilatorias de los investigados debido a un sistema de recursos ‘sobredimensionado”.

Luzón avisa también de que las demoras en la investigación tienen “consecuencias indeseables”, entre otras, “dar tiempo a los investigados para ocultar el producto del delito” y la prescripción de algunos hechos y “la casi sistemática aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas” que suele implicar una reducción de la pena prevista para los acusados. A estas consecuencias el fiscal jefe suma la exposición pública de los investigados, sometidos a “juicios paralelos” que dañan su presunción de inocencia y la “insatisfacción generalizada” de los ciudadanos ante una respuesta penal “lenta e insuficiente”.

El jefe de Anticorrupción llama la atención sobre el hecho de que las mayores dilaciones a menudo se producen en la fase intermedia (después de la instrucción y presentación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal), y no en la fase de instrucción. Luzón alude directamente a casos instruidos en la Audiencia Nacional o al fraude de los ERE de Andalucía en los que han llegado a pasar más de seis años entre el escrito del fiscal y la celebración del juicio. “El tiempo que transcurre entre la presentación de la calificación provisional por la Fiscalía y el señalamiento del comienzo de las sesiones del juicio oral es verdaderamente inasumible”, afirma Luzón, que añade: “La celebración de estos juicios en relación con unos hechos prácticamente olvidados por todos los intervinientes en el proceso penal resulta extraordinariamente complicada, donde la práctica de la prueba se diluye o distorsiona, cuando no se hace impracticable, la atenuante de dilaciones indebidas, en ocasiones apreciada como muy cualificada, preside unas casi inevitables conformidades y el resultado del juicio, ya sea finalmente la sentencia condenatoria o absolutoria, nunca es satisfactorio”.

A continuación, se detallan otros aspectos recogidos en la última meoria de la Fiscalía:

Crecimiento de un 40% de los delitos de odio. La Fiscalía formuló 293 escritos de acusación en 2024 por delitos de odio, lo que representa un crecimiento de casi el 40% respecto a los 210 de 2023. El Ministerio Público atribuye este incremento a los nuevos criterios establecidos por esta unidad especializada de la Fiscalalía para el tratamiento penal de los insultos discriminatorios que tengan un componente de humillación pública. Así, las acusaciones por “lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios” (artículo 510.2 a) del Código Penal) casi se duplicaron, pasando de 85 en 2023 a 162 en 2024. Los principales motivos de discriminación en los escritos de acusación fueron el racismo y la xenofobia, seguidos de la orientación sexual e identidad de género. El Ministerio Público advierte también de que la atenuante de dilaciones indebidas es de aplicación casi sistemática.

Agentes detenidos por narcotráfico, un hecho “preocupante”, que no debe alarmar. Las causas por tráfico de drogas han crecido un 23,2% en 2024 y en un 32,1%, en los juzgados centrales de instrucción, que llevan los de mayor gravedad. “Lo que podría parecer una amenaza silenciosa para la sociedad va mostrando efectivamente más potencial de daño”, destaca la memoria, que incide en la violencia y una “potente capacidad de corrupción” que se ha revelado como “real” y que conduce “a un deterioro de la seguridad y una merma en la confianza de las instituciones públicas”. El balance de la Fiscalía Especial Antidroga, dirigida por la Fiscal Jefa Rosa Ana Morán, también se detiene en el “éxito” en la identificación de servidores públicos corruptos tras investigaciones largas y complejas. “Aunque es obviamente preocupante, no debe alarmar ya que no se trata de corrupción generalizada sino de casos individuales respecto a los que los propios cuerpos policiales, con el trabajo sus Unidades de Asuntos Internos, han podido identifi­car y reaccionar”. Entre esos casos se encuentra la detención de un capitán de la Guardia Civil por su implicación en una trama de narcotráfico del Puerto de Valencia, de guardias de Ceuta que facilitaban el paso de hachís a la península, o de un mando policial destinado en la unidad de blanqueo de Madrid con millones de euros del narcotráfico ocultos tras las paredes de su casa.

Inquietud por las armas de guerra. “Descargas de hachís Kalashnikov en mano”. La fiscal Antidroga de Huelva relata con detalle el fenómeno que está experimentando su provincia: “Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que en casi todas las desarticu­laciones de organizaciones criminales, aparezcan estas y sus municio­nes. O que las descargas de hachís se aseguren por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y Kalashnikov en mano, lo que ha causado una gran alarma social, no solo a nivel provincial, sino también nacional”. El uso de estas armas viene asociado, además, con una difusión de la ostenta­ción de estas en redes sociales. “Se ha llegado a tal punto que incluso existe una causa judicial en la que un investigado ha usado y presumido del uso de un AK47 [un modelo de rifle de asalto] para la resolución de un conflicto familiar por la custodia de menores”, explica la fiscal.

“Solidaridad” frente al alza de menores migrantes. La llegada constante de menores extranjeros a través de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla ha generado una “sobreocupación de la red de protección y los centros de recepción”. “Para superar esta situación de crisis es deseable la unidad, solidari­dad y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, subraya la Fiscalía, que opta por “abordar de forma equitativa estas llegadas masivas”. Este deseo llega después de que el Gobierno haya aprobado, a finales de agosto, el decreto para poder iniciar la distribución de menores migrantes. La norma fija la capacidad de acogida de cada territorio y da luz verde para que aquellas que estén desbordadas pidan la declaración de contingencia, algo que ya han solicitado Ceuta, Melilla, ambas del PP, y Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el Partido Popular. Hasta el momento, 11 comunidades autónomas (todas del PP, excepto Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE) han presentado recursos contra la reubicación de menores en sus territorios.

La Fiscalía alerta además de que, especialmente en Canarias, muchos menores salen del sistema de protección sin papeles, pese a tener derecho a regularizarse en España. “Las documentaciones de los menores de edad no se están realizando correctamente”, denuncia. La memoria alerta también de un colapso en algunos equipos técnicos de menores y de la “gran inestabilidad de las plantillas y la falta de cobertura de las bajas laborales”.

En 2024 llegaron a España 5.922 menores extranjeros por vía marítima, en pateras u otras embarcaciones frágiles frente a los 4.865 del año anterior, y los 2.375 de 2022. La nacionalidad predomi­nante es la marroquí (1.834), seguida de los niños de Mali (1.190), Argelia (1.006) y Sene­gal (687). También se destaca que, durante 2024, se dieron situaciones de abandono de menores migrantes (principalmente de origen marroquí) en las puertas de las Comisarías, puestos de la Guardia Civil o Centros de protección de menores, manifestando encontrarse en situación de desamparo.

Nuevas excavaciones en fosas. Sobre los hallazgos en fosas del franquismo, la Fiscalía señala que continúan las labores de excavación en nuevas fosas y se han localizado hasta el momento un total de 150 cuerpos, entre ellos, el de un menor de unos doce años de edad. La Fiscalía Provincial de Soria ha informado durante el año 2024 de la existencia de dos fosas en parajes naturales cercanos a los municipios de Adradas y de Villasayas. Según los estudios presentados, que recoge la Memoria, más de 500 civiles fueron asesinados en Soria, desarmados, lejos del frente, sin resistencia y de manera sistemática y premeditada.

Violencia digital. La fiscalía subraya con preocupación “la detección, cada vez en mayor número, de víctimas menores de edad que conocen o tienen el primer contacto con el agresor precisamente a través de las nuevas tecnologías”. Junto a los delitos de descubrimiento y revela­ción de secretos, así como de sexting [envío de imágenes o mensajes sexuales a través del móvil], han detectado otros tipos delictivos como amenazas de difusión de datos íntimos, coacciones, acoso u hostigamiento, colo­cación de programas espías o vejaciones e injurias.

Problemas de salud mental en los casos de acoso escolar. El acoso escolar ha sido valorado por primera vez estadísticamente en esta memoria, con un total de 1.196 casos. Los fiscales destacan el hecho de que los problemas de salud mental de los menores subyacen en muchos de estos casos, bien como causa o bien como consecuencia de la infracción.

Baja la importancia de los delitos por conducción bajo la influencia del alcohol, y suben los de conducción sin permiso. Los fiscales destacan la tendencia a la estabilidad en las cifras de siniestralidad vial y una disminución de la cantidad de delitos de conducción bajo la influencia del alcohol y drogas, que absorben especialmente por los tipos de conducción sin permiso, de forma que se sitúan en niveles estadísticos muy cercanos. El fenómeno que ya había emergido tímidamente en años previos, se ve este año de forma “más acusada”. “Habrá que esperar a la evolución estadística de los próximos años para con­firmar la persistencia”, inciden.

Violencia de género, el domicilio “no es un lugar seguro”. Mientras que de enero a mayo de 2024 se ha producido un descenso importantí­simo de feminicidios (de un 71,43 % y 83,33 %, respectivamente), se ha registrado un incremento de un 40% de muertes de mujeres a manos de sus parejas hombres en el mes de junio. La memoria concluye como evidencia que el domicilio compartido o propio “no es un lugar seguro para estas víctimas” dado que el maltrata­dor busca o aprovecha estos espacios para agredir las víctimas. 38 de los 50 feminicidios consumados se cometieron en el domicilio común del agresor o de la víctima, lo que representa el 76% de la cifra total.

Las “negligencias y accidentes” siguen detrás de la mayor parte de los incendios forestales. En el apartado de la memoria dedicado al área de Medio Ambiente y Urbanismo se recuerdan los datos de los últimos años sobre el origen de los incendios forestales, donde la mano del hombre está en la mayoría de los casos, pero no de forma deliberada. “Se puede observar que las negligencias y accidentes siguen estando detrás de la mayor parte de los incendios forestales, si se compara con los incendios de origen intencionado”, apunta el ministerio público. Del total de fuegos investigados (se dejan fuera de este recuento los que tienen origen natural, por ejemplo), el 51% son por negligencias o accidentes y el 24,2% son intencionados, es decir, los fuegos motivados por “acciones cuyo fin es la generación de un incendio forestal”.

Con información de Manuel Planelles y Elena Reina.