Palizas, hambre y expulsiones: la violencia en Mauritania que explica la caída de llegadas de cayucos a Canarias

“La policía me golpeó mucho y no me dio comida. Me trataron como a un animal. Cuando quería ir a orinar o hablar con un agente, me golpeaban la mano o la espalda con un látigo”. Ibrahim Kamara, un joven de 23 años de Sierra Leona, es uno de los inmigrantes que se ha atrevido a denunciar la violencia que sufrió en su paso por Mauritania, desde donde pretendía dar el salto a Europa. Su caso, ocurrido en agosto de 2022, está recogido en un extenso informe de la organización Human Rights Watch (HRW) en el que se documentan los abusos, malos tratos y hasta tortura contra los migrantes y refugiados que recalan en este país de la costa occidental africana, principal puerto de salida de los cayucos que llegan a las islas Canarias. Durante más de cuatro años la organización ha entrevistado a 223 personas, entre ellos más de 100 migrantes o solicitantes de asilo, que en algunos casos mostraron las cicatrices y heridas compatibles con las agresiones que describían. También recopiló fotos, vídeos y documentos que confirmaban detenciones, expulsiones o lesiones.

El documento revela la cara oculta del control migratorio, la que explica por qué las llegadas de embarcaciones precarias han caído en lo que va de año más de un 46% respecto a 2024, según datos oficiales del Ministerio del Interior español. Las autoridades mauritanas, como ya lo hacen las marroquíes o las tunecinas, ejercen de gendarmes de la UE y últimamente han multiplicado su control. Sus métodos, sin embargo, llevan años en entredicho. Los relatos de los migrantes recogidos por HRW denuncian golpes, hambre, humillaciones, expulsiones masivas y miedo a morir bajo custodia policial. El maltrato, señalan las víctimas, se aplica contra las personas negras.

En los seis primeros meses de este año, más de 28.000 personas fueron expulsadas a la frontera con Malí y Senegal de forma forzosa, según datos oficiales recogidos en la investigación. Abandonados a su suerte sin agua y comida, en muchos casos en zonas amenazadas por la actividad terrorista. Es más del triple que en 2019. En parte porque el flujo de migrantes y refugiados hacia el país es mucho mayor, como también lo es la presión ejercida por los países europeos para frenarlos.

En el camino, muchos de esos migrantes ―entre los que se encuentran mujeres, mujeres embarazadas y menores de edad― han denunciado abusos de todo tipo, encierros y expulsiones a zonas remotas. Solo el viaje en autobús de los centros de detención a los confines del país, a cientos de kilómetros de distancia, es un castigo en sí mismo por la dureza de las condiciones en las que se realiza. Pero es que esas expulsiones además, según HRW, serían ilegales por su naturaleza colectiva, prohibidas por el derecho internacional.

“Perfilación racial, extorsión, arrestos masivos, detención de días o semanas, con poca o ninguna comida, expulsiones colectivas, palizas y tortura: estas son solo algunas de las violaciones que migrantes y solicitantes de asilo han sufrido en los últimos años a manos de las fuerzas de seguridad en el contexto del control fronterizo y migratorio en Mauritania”, denuncia la organización. “Mientras tanto, estas mismas fuerzas de seguridad han seguido recibiendo apoyo financiero y material de la Unión Europea y España”, añade.

La organización ha documentado decenas de violaciones de derechos humanos entre 2020 y 2025. “Nos hicieron sufrir mucho en el desierto. Nos desnudaron, nos quitaron la ropa, nos dejaron tirados en el suelo desde la una hasta las dos de la madrugada… Luego nos dijeron: ‘Váyanse’, y nos obligaron a caminar en el frío… medio desnudos”, cuenta Ousmane Diallo, un guineano de 22 años, capturado por la policía en septiembre de 2022. Tras ese episodio, Diallo volvió a ser detenido en Nuadibú y expulsado a Malí. La investigación recoge entre los abusos supuestas agresiones sexuales a hombres y mujeres. También, en casos más puntuales, tortura.

Las páginas del informe recorren las penurias de los centros de detención para inmigrantes, un agujero negro. La detención se ha convertido en un peaje casi inevitable para miles de personas que aspiran a llegar a Europa. Pero también para las que no. Entre los testimonios está el de un adolescente de Guinea, de 17 años, que se mudó a Mauritania para trabajar tras quedarse huérfano y que acabó detenido. “Me tuvieron dos semanas allí. No estaba limpio, dormía en el suelo... Había días que solo comía una vez al día”, recuerda. HRW documenta que en ocasiones menores de 13 a 17 años fueron recluidos en las mismas celdas que hombres adultos, contraviniendo todas las normas internacionales. Varios testimonios se refieren a agresiones y extorsiones para sacarles dinero, unas prácticas que repetidas por varias personas acaban documentadas por HRW como un patrón.

El Gobierno mauritano ha negado las acusaciones de tortura y racismo. A pesar de todo, la ONG señala que Mauritania ha dado pequeños pasos. En mayo de 2025, adoptó un protocolo de desembarco de los migrantes que incluye obligaciones de dar atención médica y realizar triajes para identificar vulnerabilidades de los náufragos. El país, que promovió una regularización de inmigrantes en 2022, también se ha mostrado abierto a una mayor fiscalización de observadores externos.

La investigación pone énfasis en la complicidad europea. Mauritania es un socio clave en el tablero migratorio. Para España, que tiene allí desplegados medio centenar de agentes entre policías y guardias civiles, y para la UE. Una investigación de EL PAÍS junto a Lighthouse Reports demostró cómo los fondos europeos (y españoles) financian operaciones de expulsión masiva de inmigrantes para abortar los planes migratorios de miles de personas en Marruecos, Mauritania y Túnez. En el caso de Mauritania, las camionetas usadas para arrestar migrantes coinciden con los vehículos que el Ministerio del Interior español donó al país en 2018.

Seis personas entrevistadas por HRW en diferentes situaciones ―detención arbitraria, condiciones de detención abusivas, niños detenidos con adultos o expulsiones sin el debido proceso― situaron a agentes españoles en los centros de detención de inmigrantes de Nuadibú y Nuakchot donde ellos se encontraban. Destacaron que las autoridades españolas deberían conocer las condiciones de los migrantes detenidos y los abusos, una conclusión a la que también llegó la investigación de EL PAÍS.

Con la ruta migratoria hacia las islas Canarias abierta de par en par, las relaciones se reforzaron en marzo de 2024, cuando se inició una nueva era de colaboración migratoria. Bruselas prometió la entrega de 210 millones de euros para blindar fronteras, intensificar la vigilancia marítima y terrestre, y combatir el tráfico de migrantes. España, por su lado, prometió 300 millones en proyectos, cooperación y créditos para inversores. Desde entonces ha aumentado el control, pero los acuerdos siguen sin estar condicionados a un respeto de los derechos de los inmigrantes. La UE afirma que todos sus contratos tienen cláusulas de respeto a derechos humanos, pero HRW alerta de que no existen mecanismos eficaces de control ni sanción.