Canarias solicita que el Gobierno declare la contingencia migratoria para iniciar el traslado de menores migrantes a otras comunidades

Canarias ha solicitado este miércoles que el Gobierno declare la contingencia migratoria, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado el real decreto que establece la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma. Ahora, será el Ministerio de Juventud e Infancia el que tenga que aprobar la declaración, que se prevé que salga adelante este mismo jueves.

Esta declaración permitirá el traslado de unos 4.000 de los más de 5.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran hacinados en los más de 80 centros en el archipiélago, casi el triple de los que estaban abiertos cuando comenzó la actual crisis migratoria en el verano de 2023.

Casi la mitad (1.895) de los menores que deben ser trasladados lo harán a tres comunidades: Andalucía, que recibirá a 677; Madrid, con 647; y la Comunidad Valenciana, a la que llegarán 571 adolescentes. País Vasco y Cataluña quedan exentos debido al esfuerzo de acogida realizado previamente, si bien Cataluña acogerá a 31 de forma voluntaria. En conjunto, las comunidades autónomas han de ofrecer 16.016 plazas para la atención de menores migrantes no acompañados. Para estos traslados, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha previsto un fondo de 100 millones de euros; de allí financiará la estancia de todos los menores durante sus primeros tres meses en la comunidad de acogida. Después, continuará financiando a aquellas que reciban menores por encima de su capacidad ordinaria. Una vez que una comunidad ―o una ciudad autónoma― tenga declarada la contingencia en su territorio, y lleguen nuevos menores no acompañados, estos tendrán que ser reubicados en otras comunidades en un plazo máximo de 15 días.

Este miércoles, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado el martes. Así lo ha anunciado Miguel Ángel García Martín, el portavoz gubernamental, tras la primera reunión del consejo de gobierno madrileño desde julio. Con este, ha dicho el número dos de Díaz Ayuso, Madrid habrá registrado tres recursos contra distintos aspectos del reparto de los menores migrantes. Este martes lo hacía Aragón, cuyo Ejecutivo indicó que iban a recurrir “todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso de menores” y afirmó que “el contenido de las normas aprobadas en el Consejo de Ministros ahonda en la arbitrariedad del reparto”. Además, desde el Gobierno de Jorge Azcón tildaban el real decreto de “un nuevo desatino jurídico y político” aunque afirmaron que trabajarán “en la acogida obligatoria de estos menores”.

También se ha sumado a la ofensiva Andalucía, cuya Consejería de Inclusión social ha informado de que ha ordenado a los servicios jurídicos de la Junta analizar si es viable recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma que determina los criterios de reparto de estos jóvenes para frenar su aplicación. El número máximo de menores que el decreto estipula para este territorio, hasta 2.827, quintuplica las plazas habilitadas por Andalucía. “El reparto impuesto reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado”, han advertido en un comunicado desde la Consejería.

Además de la atribución de plazas, otro de los puntos de fricción entre la Junta y el Gobierno central es el hecho de que este último no haya reconocido a Andalucía como frontera sur, una designación que implica compensaciones económicas, mientras que el País Vasco sí ha recibido esa consideración. “¿Cuántos migrantes entran desde Europa al País Vasco? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuántos van en patera cruzando desde Francia al País Vasco? Ninguno. Porque lo que hacen normalmente los inmigrantes es irse a las zonas donde hay más desarrollo económico, o bien Francia, Alemania, Bélgica, no se produce al revés”, se preguntaba este martes el presidente Juan Manuel Moreno.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha criticado esta posición de las comunidades gobernadas por el PP. “Estamos hablando de la capacidad ordinaria que tenemos que tener. Si tú como comunidad autónoma, con estos criterios de reparto, no llegas a esa capacidad ordinaria, pues tienes que incrementar el número de plazas”, ha asegurado este martes en declaraciones a los medios. “Igual que Canarias ha abierto centros de la noche a la mañana porque llegaban 100 niños a diario a las costas”, el resto de comunidades autónomas, ha subrayado, puede “tener perfectamente la misma capacidad”. Según Delgado, el decreto “viene bien” a todas las comunidades autónomas.

La publicación de este decreto en el BOE pone fin a más de un año de negociaciones y desencuentros en torno a los menores migrantes no acompañados, a los que el PP (que cogobierna Canarias) ha mostrado su rechazo frontal en todo momento. El 23 de julio de 2024, PP, Junts y Vox tumbaron en el Congreso la primera reforma de la ley de extranjería que buscaba hacer obligatoria para las comunidades la acogida de menores migrantes. Este texto había sido consensuado entre La Moncloa y Canarias.

Este rechazo condujo a un recrudecimiento de la batalla política en tornos a los menores migrantes, mientras empeoraba su situación. En marzo, el Gobierno central logró pactar con Junts el voto favorable en el Congreso a una nueva reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Un mes después, el 10 de abril, el Congreso validó ese decreto, con la presencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, los más implicados en esta tarea.

Los traslados coincidirán en el tiempo con la reubicación de los algo más de 1.000 menores solicitantes de asilo que, desde el 11 de agosto, han comenzado a salir de Canarias con destino a la Península. En este caso, se trata de un procedimiento distinto, ya que responde al cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de al menos un millar de adolescentes que permanecen en el archipiélago y que han solicitado protección internacional. Estas derivaciones se han estado ejecutando de manera semanal, en un contexto marcado por el cruce de reproches entre el Ejecutivo autonómico y el central respecto al ritmo con el que se da cumplimiento a la resolución judicial.

En paralelo, la nueva redistribución seguirá un esquema similar, con el traslado inicial hacia comunidades consideradas territorios aliados —aquellas gobernadas por el PSOE—, entre ellas Navarra y Asturias.

Con información de J.J. Mateo y Eva Saiz.