¿Dónde están los cinco millones de los principales implicados en el ‘caso Cerdán’?

Un misterio rodea al caso de corrupción más grave que amenaza con tumbar al Gobierno. ¿Dónde están los cinco millones de euros que, según el magistrado Puente y el fiscal Luzón, enriquecieron por comisiones ilegales a la supuesta trama corrupta integrada por José Luis Ábalos ―exministro de Transportes―, Koldo García, su asesor principal, y Santos Cerdán ―exsecretario de Organización del PSOE, preso desde el pasado 1 de julio―?

Casi dos años después de que la Fiscalía Anticorrupción destapara una supuesta red corrupta dentro del ministerio de Transportes y se iniciara la investigación ―con pinchazos telefónicos, balizas en vehículos para seguimientos personalizados y análisis de documentación patrimonial de todo tipo― apenas hay pistas del destino dado al dinero de las mordidas.

Nada se sabe del camino recorrido por esos cinco millones de euros ―cantidad que el juez calcula a través de una “inferencia basada en la lógica de la experiencia”― hasta llegar a sus beneficiarios últimos. Ni siquiera hay un indicio de dónde ha podido quedar depositada la fortuna del pillaje y cuál es el origen exacto de los fondos empleados para corromper a cargos públicos.

En este tiempo han llegado al Supremo varias denuncias falsas ―así consideradas por la propia Fiscalía― sobre la existencia de cuentas en un banco de República Dominicana a nombre de medio Gobierno de Pedro Sánchez, del Fiscal General del Estado, y también de Santos Cerdán.

En ese escenario contaminado por algunos bulos, jueces (de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo), fiscales anticorrupción y guardias civiles buscan el botín de dinero negro que supuestamente propició un trienio (2018-2021) de mordidas y amaños en un ministerio clave del Gobierno de Pedro Sánchez.

Cerdán, Ábalos y García, el trío de la supuesta corrupción, acusados de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, siguen negando los hechos más graves de esta historia de manejos ilícitos.

Ábalos, un exministro acusado de enchufismo y cobro de cohechos

José Luis Ábalos, vive bajo vigilancia, imputado y con medidas cautelares. La investigación ha acreditado que utilizó su cargo para enchufar en empresas públicas a varias mujeres.

Con una de ellas, Jessica Rodríguez, mantuvo una relación sentimental. Esta mujer vivió dos años en un apartamento caro del centro de Madrid pagado por un colaborador de Víctor Aldama, el comisionista que se hizo millonario gracias a los tratos de favor en el ministerio de Transportes.

Aldama se alió a una empresa, Soluciones de Gestión, para lograr a dedo contratos multimillonarios de Transportes, Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. Estas instituciones compraron mascarillas por más de 50 millones de euros en lo peor de la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción no vio nada irregular en estas adjudicaciones, dado que cuando se produjeron no existían los controles ordinarios sobre la Contratación pública, pero sospechó que Aldama, quien ganó seis millones por sus gestiones en plena emergencia sanitaria, repartió supuestamente beneficios con quienes se lo habían facilitado: Koldo García y José Luis Ábalos.

Las grabaciones que Koldo García hizo durante años no han dejado rastro aún de este pago de mordidas; Aldama no aparece en los audios comprometedores ni se habla en ellos de mascarillas. Sin embargo, las grabaciones sí revelan el supuesto enriquecimiento ilícito del ministro Ábalos, al que todavía deberían medio millón de euros algunas constructoras beneficiadas durante su etapa al frente de Transportes.

Mientras tanto, la investigación de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos solo ha conducido a la presentación de informes con errores bochornosos que tuvieron que corregir ―valoraron en dos millones de dólares un solar en una zona remota de Colombia que en realidad costaba 700 euros y que el exministro había vendido en 2013― o graves sospechas, aclaradas un minuto después de que la UCO las enviara al juez, sobre 500.000 euros sin retenciones que nunca cobró Ábalos o el salario del Congreso que recibía por transferencia bancaria a través del grupo parlamentario socialista.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, es el único de los tres principales implicados en la trama corrupta que está en prisión preventiva. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, está convencido de que Cerdán es el cerebro de la red delictiva y que su salida de la cárcel entrañaría un alto riesgo de destrucción de pruebas. Aunque ni Luzón ni el magistrado instructor apoyaron registrar su vivienda o incautar sus dispositivos electrónicos, una medida lógica adoptada contra Ábalos y Cerdán, para combatir la posible destrucción de pruebas. Tan solo ordenaron a la Guardia Civil entrar en la sede nacional del PSOE para volcar el contenido de los ordenadores usados por el exsecretario de Organización. La UCO aún no ha informado sobre el resultado de esta diligencia.

Las sospechas de amaño de contratos de obra pública arrancan a los pocos meses de llegar Ábalos al ministerio de Transportes, cuando Santos Cerdán todavía no era secretario de Organización del PSOE. Los amaños que se investigan corresponden al periodo que va de junio de 2018 a julio de 2021, momento en el que Sánchez destituyó a Ábalos de todos sus cargos, también los del partido, y le sustituyó por Cerdán como secretario de Organización del partido. La relación de obras que, según las grabaciones de Koldo, incluía el cobro de mordidas, no afecta a las supuestas vinculaciones empresariales de Cerdán con la empresa navarra Servinabar y los trabajos hechos en esa comunidad autónoma.

Koldo García, el supuesto controlador de los manejos de la trama

Koldo García, el asesor que llegó al ministerio recomendado por Santos Cerdán, al que conocía de la actividad política en Navarra, es el protagonista de la principal sospecha que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a desarticular una trama corrupta en el ministerio de Transportes.

El asesor principal del ministro ingresó en efectivo en sus cuentas del banco cantidades de origen desconocido, según la Guardia Civil: 37.000 euros en 2019 ―recién llegado al ministerio―; 75.000 en 2020 ―el año que favoreció un pelotazo de 16 millones de euros a dos empresarios, uno de ellos el comisionista Aldama, por la venta de mascarillas―; 95.000 en 2021 ―último año en el que trabajó en Transportes― y 88.000 en 2022.

La Guardia Civil descontó de esas cantidades aquellos ingresos en efectivo producto de devoluciones, reintegro de gastos, viajes o compras de billetes de avión y le quedó un saldo de 138.000 euros que atribuyó al cobro de mordidas. Anticorrupción apoyó esta tesis. Además, el asesor del ministro adquirió en aquellos años hasta tres viviendas en Benidorm. La defensa de Koldo García prepara un informe patrimonial donde pretende justificar todos los ingresos de origen desconocido. El asesor de Ábalos no lo aclaró cuando EL PAÍS le preguntó hace varios meses por estos hechos:

García: Diez meses antes de que iniciaran el procedimiento, yo cobré una indemnización de 65.000 euros. Y las declaraciones de la renta mías, todas, son de 15 años. Me parece que, si no me equivoco, son de 40.000 euros, 40 y pico mil euros trabajando de escolta, y luego a 110.000 euros.

EL PAÍS: Y los ingresos en metálico en el banco, ¿cómo los justifica?

Koldo García: Yo cobré 65.000 euros 10 meses antes.

EL PAÍS: Pero sería mediante trasferencia bancaria.

García: Sí, sí, sí, sí. Se lo envié…

EL PAÍS: Sí, pero lo que le quiero decir es que en ese documento que nos facilitó había un número de cuenta, y aquí la Guardia Civil llama la atención sobre los ingresos en efectivo, en metálico.

García: Repito, 10 meses antes cobro 65.000 euros. Y saco los 65.000 euros, pago un par de deudas y el resto de dinero me lo quedo o hago lo que me dé la gana. ¿Vale? Eso es algo que puedo hacerlo. Es mi dinero y lo he sacado del banco. Si yo luego decido que me sobran, ¿vale? Meter algo de dinero es un problema mío.

Cerdán: un bono mensual de la piscina municipal y el regreso familiar a su pueblo

Cerdán conlleva una acusación del comisionista Víctor de Aldama imposible de demostrar. El empresario cuenta que le pagó supuestamente 15.000 euros en un bar próximo a la sede del PSOE porque había que repartir mordidas por amaños de obras públicas en el norte de España. En las grabaciones de Koldo García no aparece ningún audio sobre esa circunstancia y Cerdán asegura que no ha visto en su vida al corrupto confeso Aldama. La defensa de Cerdán sostiene que el exsecretario de Organización no ha participado de las mordidas cobradas por amaño de contratos en el Ministerio de Transportes. Sus abogados aportan algunos documentos ―como el vale de la piscina municipal de su pueblo, Milagro, donde pasó las vacaciones el año pasado― para acreditar el nivel de vida de Cerdán, cuyo sueldo le alcanza para pagar la carrera de su hija (1.800 euros al mes), el alquiler del piso en el que vivían hace un mes (2.200 euros), el renting del coche que utiliza y poco más, según sus abogados. La investigación no ha encontrado nada relevante ―salvo esas grabaciones de Koldo García donde Cerdán apenas habla― sobre los cinco millones de euros en mordidas que supuestamente se repartió en varios años junto al ministro y su asesor.