PSOE y PP abren una guerra por la gestión de los incendios que asolan Castilla y León y Galicia

La gestión de las catástrofes se ha convertido en terreno abonado para la confrontación política entre los dos grandes partidos. Mientras las llamas de una decena de incendios siguen devorando miles de hectáreas, sobre todo en Castilla y León y Galicia, PP y PSOE intercambian reproches y desmentidos, en un cuerpo a cuerpo que no encuentra tregua ni en momentos de extrema gravedad.

El epicentro de la batalla lo copan dos asuntos: la mayor o menor presencia en las zonas devastadas, y los supuestos recortes de medios para combatir incendios. La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, criticó la ausencia de los presidentes autonómicos del PP sobre el terreno en los primeros compases de la crisis. “O están en El Ventorro o están tomando el sol en la playa o están en Miami o en paradero desconocido”, dijo mezclando la dana con los incendios de estos días, que pillaron de vacaciones a algunos dirigentes populares. Precisamente, esa es la crítica que ha venido sosteniendo toda la semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que replicó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándole de “frivolizar con el dolor ajeno”.

Ambas formaciones han pedido comparecencias cruzadas. El PSOE de Castilla y León, la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que explique la situación. Y el PP, la de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para que rinda cuentas de una supuesta reducción de los medios aéreos de lucha contra el fuego. El redimensionamiento, de 47 a 42 aeronaves, figura en un documento de su ministerio, donde además se detalla que “un factor importante que impide contratar un mayor número de medios es la ausencia, por el momento, de Presupuestos Generales del Estado”.

La acusación desató la mayor tormenta del día. El Gobierno replicó que existe “otro contrato de medios aéreos adicional”, de cuatro aviones de coordinación (ACO). E insistió en que cuenta con 10 aviones anfibios (FOCA) de propiedad estatal, lo que elevaría la cifra a 56, todos ellos disponibles para las comunidades autónomas que los soliciten. Además, contraatacó con más números, los del presupuesto destinado a la extinción de incendios forestales, que pasó de 84,4 millones en 2024 a 109,3 millones este año, un 29% más.

La movilización material y humana contra los incendios alcanzó este jueves un nuevo pico. En Castilla y León, los efectivos desplegados superan los 1.500, según datos de la Junta. Galicia asegura contar con más de 7.000 entre los bomberos forestales, medios municipales, autonómicos y estatales de su plan para la temporada de alto riesgo, aunque no trabajan todos al mismo tiempo porque hay descansos. Y más de 1.100 militares de la Unión Militar de Emergencias (UME) están desplegados en las zonas críticas, mientras alrededor de 2.300 esperan para dar relevos o se enfocan en temas de logística y transportes.

Además, hay otros 5.000 efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados pertenecientes a los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para controlar el tráfico, investigar las causas del fuego o ayudar en las tareas de extinción. “Todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país”, apuntó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X.

Junto al despliegue masivo de recursos, en el manejo de las crisis gana cada vez más importancia la escenografía. Por eso, mientras desde Génova trataban de apuntalar el mensaje de que Sánchez permanece aislado por los casos de corrupción, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, tildaba de “ridículo” demandar la presencia del presidente del Gobierno. “Es el Partido Popular quien tiene a todos los miembros de vacaciones y no aparecen”, contestó.

Mientras tanto, entre quienes afrontan la lucha contra el fuego de cerca, el diagnóstico dista de ser unánime. La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCYL) pone el acento en los errores de prevención. “Los vigilantes son sustituidos por carísimas cámaras de vigilancia que han demostrado su incapacidad para la detección temprana de incendios forestales”.

Francisco Rodríguez, alcalde popular de Chandrexa de Queixa (Ourense), una de las localidades afectadas, asegura que la coordinación entre medios autonómicos y estatales en la zona está siendo “correcta”, y prefiere no entrar en valoraciones que impliquen repartos de culpas. “La gente está preocupada, parece un atentado, no hay manera de controlarlo. Con el viento y el calor esto es terrible. Por suerte aquí solo se ha quemado una casa de gente que estaba fuera y solo viene de vacaciones”, relata al teléfono.

Políticos de más alto nivel, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coinciden en la terminología, calificando también de “correctas” las tareas de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas del PP. Igual que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que habló de un clima de “máxima colaboración y coordinación” con la Generalitat valenciana, otra de las comunidades azotadas por el fuego. Más énfasis puso Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. En una entrevista en Onda Cero, señaló que el funcionamiento de los equipos de emergencias está siendo “absolutamente operativo, ágil en la capacidad de respuesta”, y negó fallos de coordinación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en otras agendas no duda en ir al choque abierto con el Gobierno, también optó esta vez por aparcar la guerra. “Lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya, pasarnos las facturas. [...] Cada vez que hay una catástrofe estamos a Twitter, y no es momento”, afirmó durante una visita a Tres Cantos, golpeada recientemente por un incendio.

El reto logístico es mayúsculo para España, el segundo país de la UE en extensión, y solo el cuarto en población, que cuenta con extensas zonas de baja densidad de habitantes. Los grandes incendios implican la movilización de recursos locales, provinciales, autonómicos y estatales, amén de voluntarios que exponen su vida pero que carecen de capacitación más allá de su buena fe.

En el caso de Castilla y León, estos días se han combinado bomberos de la Junta con efectivos de apoyo del Ministerio de Transición Ecológica, las Brigadas de refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Cáceres, Ávila, León, Cantabria, Soria o Burgos. Y soldados de la UME de León, Madrid, Zaragoza o Sevilla. La UME suele ser bienvenida en labores logísticas, de transporte o no tan técnicas como la gestión de un incendio, donde los bomberos reprochan su menor operatividad porque en ciertas acciones los soldados deben comunicar sus movimientos a sus superiores en una cadena poco engrasada.

A esa larga lista de actores no cesan de añadirse nuevos medios. La Comunidad de Madrid anunció este jueves el envío de dos helicópteros de extinción a Extremadura y Castilla y León. Andalucía, dos aviones a Extremadura y medio centenar de efectivos a Castilla y León. Y la Unión Europea dos hidroaviones que salieron de la base de Nimes (Francia), y ya están en Galicia.