Un sindicato denuncia que usar detectives para vigilar a funcionarios de baja “criminaliza” a los trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato CSIF, ha denunciado que la contratación de detectives privados por parte del Ayuntamiento de Fuengirola para vigilar a sus empleados que estén de baja es una medida “excesiva y desproporcionada” que “criminaliza” al los trabajadores. “Puede suponer una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal y familiar”, destaca la organización, que responde así a las intenciones del consistorio malagueño de vigilar a los miembros de la plantilla municipal que estén en situación de incapacidad temporal. Y que justifica la iniciativa por la “alta tasa de absentismo” que existe en determinados servicios, como las áreas de Servicios Operativos y Limpieza que, según fuentes municipales, roza el 10%.

Las condiciones para adjudicar el contrato por 18.148 euros y un año de duración fueron publicadas la semana pasada. El proceso incluye vigilar un mínimo de diez funcionarios durante, al menos, tres días. Según se puede leer en su pliego de condiciones, se espera que los detectives sigan a los empleados públicos para “comprobar y poder demostrar” si estos “realizan alguna actividad por cuenta ajena o propia o cualquier otra actividad incompatible con la situación de incapacidad temporal o limitación de aptitud (deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etcétera)”. El seguimiento tendrá lugar desde la propia vivienda hasta los lugares que puedan frecuentar estas personas. El Ayuntamiento será quien decida qué personas son las elegidas para el seguimiento y, a partir de ahí, los detectives tendrá que comprobar si cuentan con otros domicilios, teléfonos o lugares de trabajo, además de localizar “incidencias que puedan aparecer en páginas oficiales o redes sociales que puedan aportar valor añadido al seguimiento”.

Este lunes, el sindicato CSIF ha mostrado su rechazo a este proceso y ha defendido “el criterio médico y la presunción de veracidad de los partes de incapacidad temporal”. Además, ha advertido de que “la asignación de una situación de incapacidad temporal corresponde exclusivamente al médico o equipo médico del Servicio Andaluz de Salud, de las mutuas o del Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiendo de la contingencia”. Para Joaquín Almagro, máximo responsable del área de Administraciones Públicas en la organización en la provincia de Málaga, el seguimiento domiciliario o en lugares frecuentados por la persona trabajadora “puede suponer una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad personal y familiar”. Y, por ello, la contratación de detectives privados es un tratamiento “excesivo y desproporcionado”.

“Ante un índice elevado de bajas, el deber de la Administración es investigar las causas”, indica Almagro, que señala como posibles motivos la carga de trabajo, la organización o las condiciones ergonómicas, psicosociales y de salud laboral. A partir de ahí, cree que el municipio debe “adoptar medidas preventivas en lugar de perseguir a los trabajadores”. El sindicato subraya que el uso de detectives privados no resuelve el origen del problema, sino que “desplaza la responsabilidad hacia la plantilla, generando un clima de desconfianza”. Para CSIF, el Ayuntamiento debería haber pedido informes y la colaboración del servicio de prevención para conocer las posibles causas de las y, también, mejorar la organización, revisar cargas de trabajo y adoptar medidas preventiva, además de “favorecer la transparencia, sin generalizar ni criminalizar a la totalidad del personal”. “Usar medidas de control excepcionales como la contratación de detectives privados en el contexto de la negociación de la evaluación del puesto supondría una medida clara de presión que incluso podría vulnerar derechos de los trabajadores”, han concluido desde la organización sindical.

El Ayuntamiento de Fuengirola, con una plantilla de personal formada por unos 800 empleados, defiende la legalidad del contrato. “Es completamente legal. Como todo expediente de contratación, tiene informes positivos del jefe del área, de la Asesoría Jurídica y del departamento de Contratación”, explicaron fuentes municipales, que destacaron que esta no es la única medida que tiene como objetivo combatir la situación. Así, también ha pedido informes a la mutua laboral y al servicio de vigilancia de la salud para mejorar de la salud de los trabajadores. “Para el equipo de Gobierno es importante garantizar a los vecinos de Fuengirola que haya un uso eficiente de los recursos públicos y que no exista un mal uso del dinero público”, subrayaron las mismas fuentes.

El de Fuengirola no es la primera administración pública que pone en marcha estas contrataciones, aunque suelen ser excepciones. De hecho, hay pocos casos, aunque el pasado otoño el Ayuntamiento de Alcorcón destinó 16.940 euros a la contratación de una empresa de detectives privados con el mismo objetivo: investigar y realizar seguimiento a empleados con bajas laborales de larga duración.