Fuengirola contratará a detectives privados para vigilar a los funcionarios de baja

El Ayuntamiento de Fuengirola quiere contratar a una agencia de detectives para vigilar a los funcionarios municipales que estén de baja. El Consistorio ha iniciado el procedimiento para licitar un contrato menor cuya base es de 14.999 euros más IVA, es decir, 18.148 euros. El proceso está impulsado por la Concejalía de Recursos Humanos, dirigida por María Hernández, y la duración será durante un año. En ese tiempo, la compañía que se haga con el trabajo tendrá que vigilar la vivienda y los lugares que frecuenten un mínimo de diez trabajadores en situación de incapacidad temporal. El seguimiento se realizará al menos tres días por cada persona, aunque el periodo se puede ampliar, según recoge el informe que motiva la necesidad de este contrato, cuyo proceso se hizo público el pasado martes 5 de agosto. La presentación de ofertas acaba el próximo lunes.

“El motivo del contrato es el elevado absentismo laboral que presentan determinados servicios municipales, muy por encima de la tasa media del país”, señala el documento que se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Estado y con membrete del Ayuntamiento de Fuengirola, cuya alcaldesa es Ana Mula, del Partido Popular. Fuentes municipales asegura que la tasa de absentismo ha rondado en algunos momentos el 10% y que sobre todo afecta a los Servicios Operativos y a Limpieza. Añaden que esta no es la única medida puesta en marcha por el Consistorio para combatir la situación: también ha solicitado informes a la mutua laboral y al servicio de vigilancia de la salud para ahondar en medidas que redunden en la mejora de la salud de los trabajadores. “Para el equipo de Gobierno es importante garantizar a los vecinos de Fuengirola que haya un uso eficiente de los recursos públicos y que no exista un mal uso del dinero público”, subrayan las mismas fuentes, que defienden la legalidad del contrato. “Es algo novedoso, porque la administración no suele contratar estos servicios, pero no existe ninguna ilegalidad en ello”, insiste Antonio Carrillo, del despacho Carrillo Detectives Privados, donde sí están acostumbrados a realizar pesquisas sobre absentismo laboral, pero siempre son trabajos para empresas privadas. “Hay muchísimos casos”, asegura.

El texto incluye que es una “medida excepcional”, “que no se espera su repetición inmediata” y que tiene como objetivo “la investigación y seguimiento de trabajadores en situación de incapacidad temporal o con informe de apto con limitaciones”, cuyos nombres serán propuestos por el Servicio de Dirección de Personal. El mínimo de trabajadores —que cobran el 100% de sus salarios mientras están de baja— a vigilar por la compañía que se haga con la adjudicación en Fuengirola será de diez, aunque a la hora de asignar el contrato el municipio valora con más puntos —hasta en un 40% del total— a cuantos más funcionarios se realice seguimiento. (El restante 60% de la valoración es la propuesta económica: a menos precio, más puntos). La idea es que los detectives sigan a los empleados públicos desde su propia vivienda y los lugares que puedan frecuentar. La finalidad no es otra que “comprobar y poder demostrar de forma fehaciente si realiza alguna actividad por cuenta ajena o propia o cualquier otra actividad incompatible con la situación de incapacidad temporal o limitación de aptitud (deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etcétera)”, indica el documento municipal.

El contrato subraya que los seguimientos tendrán un mínimo de tres días de duración para que se puedan constatar y demostrar los hechos —si existen— salvo que desde el departamento de Recursos Humanos municipal considere suficiente un número de días inferior. En otros casos, el periodo también puede crecer cuando el ayuntamiento considere insuficientes ese mínimo de tres días. Entonces “se realizará una solicitud de ampliación del seguimiento y se deducirá la parte proporcional de otros seguimientos no realizados que formen parte del contrato”.

Domicilios, teléfonos o redes sociales

Antes de convertirse en su sombra, los detectives deberán realizar un trabajo previo de investigación sobre la persona que van a seguir. Según el documento, se trata de “corroborar los datos facilitados por al Ayuntamiento” así como comprobar si existen otros domicilios, teléfonos, lugares de trabajo, incidencias que puedan aparecer en páginas oficiales o redes sociales “que puedan aportar valor añadido al seguimiento”. Este análisis previo deberá ser incorporado al informe definitivo, “debiéndose reflejar en cuales ha dado positivo (indicando cuáles son) y en cuales negativo (indicando de forma expresa su inexistencia o la imposibilidad de conocerlos)”.

“El seguimiento a realizar debe ser el mismo si lo que se busca es demostrar actividades, movimientos corporales u otras acciones incompatibles con la situación que da lugar a la situación de incapacidad temporal o limitación de su aptitud en su puesto de trabajo”, añade el contrato, que dice que el seguimiento deberá estar diseñado para “evidenciar de forma muy clara que el trabajador está realizando su actividad laboral habitual o cualquier otra”. “Nunca serán suficientes hechos que lo presupongan sin un nexo claro y directo con los hechos que se pretenden probar”, concluye el texto.

El Ayuntamiento de Fuengirola, con una plantilla de personal formada por unos 800 empleados, no es el primero que realiza este tipo de contratos, pero sí supone una rareza en las licitaciones de las administraciones públicas. Apenas hay casos, aunque justo el pasado otoño el Ayuntamiento de Alcorcón destinó 16.940 euros a la contratación de una empresa de detectives privados. Ello se puede comprobar en el portal de transparencia de la empresa pública ESMASA, donde se aprobó la contratación de AZ Detectives —fue la elegida entre las tres compañías que se presentaron a la oferta— para investigar, también, a empleados con bajas laborales de larga duración.

En 2023, el PSOE denunció en Córdoba que la empresa municipal de autobuses, Aucorsa, utilizó también un detective privado para vigilar a un conductor que se encontraba de baja por incapacidad laboral. Fue despedido, pero un juzgado declaró el despido como improcedente, según recoge Europa Press. La agencia también recoge que el Concello de Pontevedra contrató un servicio de vigilancia para investigar a un funcionario del servicio municipal de extinción de incendios que llevaba varios meses de bajo. “La finalidad de este procedimiento, desde nuestro punto de vista, era asustar o amedrentar a los trabajadores por no comulgar con las imposiciones que vienen de este Gobierno municipal”, dijo entonces el portavoz de la Junta de Personal, Héctor Santaló.