El Gobierno trocea el decreto antiapagón para colar algunas medidas ya en agosto

La mayoría de los ministerios están de vacaciones o con el pistón bajo, pero no en la vicepresidencia tercera y el Ministerio de Transición Ecológica. Este lunes 11 de agosto acaba el plazo para presentar alegaciones a un real decreto tramitado por la vía de urgencia que contiene muchas de las medidas contenidas en el real decreto ley antiapagón que fueron rechazadas en el Congreso por PP, Vox, Junts y Podemos en el pleno escoba del pasado 22 de julio. El Gobierno ha optado, para paliar aquel varapalo político y ante la necesidad de poner en marcha cuanto antes correcciones al sistema que permitió el apagón del 28 de abril, por trocear y colar muchas de aquellas reformas con distintas fórmulas parlamentarias. Organizaciones y colectivos a favor del autoconsumo han puesto en marcha una campaña para denunciar el olvido de las pequeñas comunidades energéticas.

El decreto antiapagón que el Ejecutivo llevó al pleno de final de temporada el 22 de julio pretendía poner en marcha algunos cambios para evitar un teórico nuevo apagón en todo el país como el del 28 de abril. La normativa debía suponer un balón de oxígeno para la inversión en renovables en un momento crítico en el que los grandes capitales están dudando sobre si apostar por las energías verdes en España y en el sector se advirtió de que podrían correr peligro inversiones por valor de unos 3.000 millones de euros.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagensen, pidió responsabilidad y altura de miras a todos los grupos porque las propuestas para reformar y reforzar el sistema contaban con el apoyo de las grandes patronales del sector, pero también de importantes organizaciones ecologistas. No fue suficiente. El enconado e imprevisible panorama político actual del país facilitó una sonora derrota al Gobierno, que perdió al no sumar más que 165 votos a favor frente a 183 en contra, para lo que se unieron al final el PP, Vox, UPN, Junts, los cuatro diputados de Podemos, y los diputados del BNG y la Chunta Aragonesista. No hubo una gran discusión técnica ni de fondo sobre el contenido del real decreto ley y de hecho el PP de lo que se quejó más fue de que el PSOE no les hubiera tentado con alguna llamada.

El propio presidente, Pedro Sánchez, ausente de viaje en aquella sesión, y la vicepresidenta Aagensen anunciaron que las reformas bloqueadas aquel día serían retomadas de inmediato. Y es lo que se pretende hacer ahora, de manera troceada, con distintas fórmulas, para superar por un lado el escollo de la oposición parlamentaria pero sin grandes demoras.

El Ejecutivo entiende que los cambios planteados siguen siendo “necesarios y urgentes” y en el último Consejo de Ministros del 29 de julio previo al verano se aprobó un real decreto que rescató muchas de las medidas del decreto ley anterior sin la necesidad de que sean convalidadas por las Cortes. Ese decreto se ha tramitado por la vía de urgencia y ahí se han incluido novedades en la supervisión y control del sistema eléctrico, el fomento del almacenamiento de la energía y la definición de repotenciación.

El plazo para presentar alegaciones a ese decreto acaba este lunes 11 de agosto, lo que ha sido cuestionado por algunos colectivos afectados. Al Gobierno esas prisas le parecen “coherentes” con la urgencia y la necesidad de las reformas. Se espera su entrada en vigor en el último trimestre del año tras superar esta fase informativa, pasar por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el Consejo de Estado y ser ratificado por el Consejo de Ministros, si no se produce ningún recurso judicial, que no se espera.

Un movimiento ciudadano ha abierto una página web para captar firmas y adhesiones a un manifiesto contra la supresión en este nuevo decreto exprés de una de las novedades que habían sido más alabadas del decreto ley anterior, contenida en su artículo 38 y referida al autoconsumo. Han recabado más de 1.000 firmas y una docena de organizaciones en su apoyo y presentarán una alegación colectiva para recuperar “la posibilidad de extender el autoconsumo compartido hasta 5 km de distancia y 5 megavatios de potencia, abriendo la puerta a comunidades energéticas reales en miles de pueblos y ciudades de España”. Este colectivo defiende que esa opción “suponía un paso clave para democratizar el sistema eléctrico, permitiendo que la ciudadanía pudiera generar y compartir energía más allá de su propio tejado” y abría “por primera vez un marco para que familias sin tejado, pequeñas cooperativas y pueblos enteros pudieran acceder a energía limpia y compartida”.

En el Ministerio de Transición Ecológica reconocen que esa mejora ha desaparecido, pero argumentan que sí se intentarán salvar con el decreto ya en marcha muchas de las medidas que fueron derrotadas por razones políticas en julio y aseguran que su compromiso en todo lo relacionado con el autoconsumo sigue vigente y “ha crecido exponencialmente en esta legislatura”.

Fuentes gubernamentales recuerdan que partidos como Podemos se opusieron en julio a convalidar el decreto ley con esos contenidos de autoconsumo cuando públicamente se han manifestado en favor de ese tipo de abastecimientos y remachan que si aquel decreto ley hubiera sido refrendado esas soluciones estarían ya en marcha.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha ido más allá y ha precisado por qué no se ha incluido en el nuevo decreto la extensión del autoconsumo compartido hasta los cinco kilómetros. “El Gobierno”, ha argumentado, “está trabajando en un futuro real decreto sobre autoconsumo en el que plantea incorporar no solo algunos elementos del no convalidado sino otras mejoras al respecto, que se presentará a la vuelta de verano”.

En el ministerio y el Gobierno son conscientes de que otras mejoras, las que requieren rango de ley como el anunciado gestor de autoconsumo y muchas más, tendrán que volver a llevarlas al Congreso con todo lo que ello conlleva de complejas alianzas parlamentarias y aseguran que el plan es plantear esa nueva y arriesgada votación cuanto antes.