El Ministerio insta a las asociaciones a enviar un listado de los jueces y fiscales que hicieron huelga para descontarles el sueldo

Continúa la pugna entre el Ministerio de Justicia y las cinco asociaciones judiciales y fiscales (mayoritariamente, de corte conservador) que convocaron la huelga de principios de julio contra las reformas legales impulsadas por el Gobierno en materia de justicia. Este viernes, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha remitido una carta a esos colectivos para instarles a enviar un “listado verificado y autorizado de jueces y fiscales que hayan secundado” los paros para poder descontarles la parte proporcional del sueldo. El departamento encabezado por Félix Bolaños toma esta iniciativa tras comunicar que solo 29 personas (1 juez y 28 fiscales) comunicaron que se unían a las protestas para proceder a la “correspondiente deducción” salarial.

En su texto, de seis párrafos, Manuel Olmedo escribe lo siguiente: “Si ustedes, como representantes de sus correspondientes asociaciones y autodesignados responsables de la convocatoria y gestión de esta huelga, tienen un listado verificado y autorizado de jueces y fiscales que la hayan secundado, tal y como han manifestado públicamente, les solicitamos que lo envíen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado, o bien directamente a este ministerio, a la mayor brevedad para proceder a la deducción de salario”.

Esta carta constituye otro capítulo más en el largo enfrentamiento entre Justicia y las asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales). Este jueves, el Ministerio publicó una nota de prensa para informar de que solo 29 personas habían comunicado su participación en los paros (“El número de ‘huelguistas’ con deducción de salario es: 1 juez de 6.259 (0,01%) y ⁠28 fiscales de 3.185 (0,87%)”, avanzó Félix Bolaños en un mensaje en la red social X); lo que provocó la respuesta de los colectivos convocantes con un contracomunicado, donde atribuyeron a Justicia toda la responsabilidad.

El Ministerio critica que no tiene herramientas para saber por sí solo quién se sumó a la huelga. “Como saben, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el órgano pagador, pero no es el empleador de jueces y fiscales”, expone el secretario de Estado en su carta, que añade: “En la medida en que no ostenta el poder de dirección sobre ellos, no existen mecanismos autónomos para conocer de manera fehaciente y oficial el nombre de las personas que hicieron huelga esos días”.

Justicia explica que, como en ocasiones anteriores, solicitó al CGPJ y la Fiscalía General del Estado un listado con las personas que se sumaron a los paros, además de reclamar a las gerencias territoriales de este ministerio si habían recibido alguna comunicación directa de los participantes. “Como resultado de estas gestiones”, incide Olmedo, “hemos obtenido los datos de seguimiento que han sido difundidos públicamente”. “Nuestro conocimiento se restringe [a esas cifras]”, apostilla el secretario de Estado: “Esto impide cualquier detracción de haberes adicional a las antes mencionadas”.

En su contracomunicado de este jueves, los convocantes cargaron contra el Ministerio, al que atribuyen “la obligación legal” de detraer la parte proporcional de los salarios en “su calidad de empleador/pagador”. “Los trabajadores en huelga no pueden detraerse ellos mismos el salario y, desde luego, no es obligación de los huelguistas pedir que se les haga dicha detracción”, censuraron las asociaciones. En este sentido, los colectivos incidieron en que, durante la huelga anterior de 2018, los “haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones”.

Fuentes de Justicia aseguran que en 2018 se pudo descontar la parte de los sueldos porque el CGPJ sí pasó un listado con los datos de los participantes. Sin embargo, en esta ocasión, el Consejo General del Poder Judicial no ha facilitado datos de seguimiento tras asegurar que no tenía competencias y reiterar que el paro “carecía de soporte normativo”.

Tras las protestas, los convocantes catalogaron el seguimiento del paro como un “éxito rotundo” y cifraron el seguimiento medio en el 70% (75%, el día 1; 70%, el día 2; y 65%, el día 3). Sin embargo, Justicia rebajó esos datos a un promedio del 31,04% (28,75% el primer día; 30,84% el segundo y 33,55% el tercero).