El transporte interurbano de Baleares suma más de una semana de huelga en plena temporada turística

“Patronal, basta de tanta avaricia, no somos vuestros esclavos”. El lema aparece rotulado en el chaleco fosforito sin mangas que un trabajador del Transporte Interurbano de Baleares (TIB) lleva puesto durante la protesta que decenas de ellos realizaron este lunes en la terminal de llegadas del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. La concentración reivindicativa se trasladó hasta uno de los centros neurálgicos del transporte de pasajeros de Mallorca, donde los trabajadores de los autobuses informaron a los confundidos viajeros que acababan de aterrizar de lo que calificaron de jornadas abusivas de trabajo, a las que se suma una falta crónica de personal. Decenas de trabajadores, identificados con chalecos y silbatos, se manifestaron tras una pancarta en la que rezaba “Los trabajadores del TIB en lucha, por un convenio digno”.

El conflicto es la consecuencia de las infructuosas negociaciones que arrancaron el pasado mes de diciembre para renovar el convenio colectivo del sector, que afecta a alrededor de un millar de trabajadores en la comunidad. El Transporte Interurbano de Baleares es de titularidad pública, pero el Gobierno balear tiene subcontratada la explotación del servicio a ocho empresas privadas que desarrollan el servicio en cada una de las cuatro islas.

Las empresas, a través de la federación balear de transporte, y el Sindicato Autónomo de Transporte de las Islas (SATI) llevan meses negociando la renovación del convenio, cuyo principal punto de fricción es el incremento salarial. La última oferta lanzada por la patronal en el tribunal de arbitraje y mediación de las islas la semana pasada proponía un incremento del 4% para este año, un 3% el que viene y una subida del IPC más el 0,5% en los dos siguientes. El SATI lanzó una contraoferta que implicaba un aumento del 2% a esa oferta que la patronal rechazó.

“Arrastramos nueve años de congelación salarial y una pérdida de poder adquisitivo del 15%”, denuncia el portavoz del sindicato, Juan Rodríguez, quien agrega que las empresas concesionarias se escudan en las condiciones del contrato que tienen con el Gobierno balear para no mejorar sus condiciones. Un conductor contratado a jornada completa de 40 horas semanales gana alrededor de 1.500 euros, por lo que tiene la necesidad de realizar horas extraordinarias para “tener un sueldo digno” en una de las comunidades con el precio de la vivienda de alquiler más cara de España.

A las condiciones económicas, el SATI suma también un déficit crónico de trabajadores y una sobrecarga “enorme” de trabajo que ha venido dada por el aumento de pasajeros derivado de la gratuidad del transporte. “Tenemos una flota de autobuses muy corta, las empresas están ganando beneficios adicionales por incrementar el pasaje, pero quienes cargamos con eso somos nosotros”, lamenta Rodríguez. La federación balear de transporte no ha respondido a los requerimientos de este periódico para ofrecer su versión.

La huelga ha continuado este miércoles con una cacerolada en la estación de autobuses intermodal de Palma, a la que han acudido una treintena de trabajadores armados con sartenes, cazos y tambores a primera hora. Durante toda la jornada, las conversaciones telefónicas entre los sindicatos, la patronal y representantes del gobierno balear se han sucedido para tratar de acercar posturas entre ambas partes y este miércoles por la tarde se ha convocado una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las islas para intentar un acercamiento. Si ambas partes sellan un preacuerdo, este tendrá que ser ratificado en una asamblea por los trabajadores.

El Gobierno regional ha querido mantener un papel distante del conflicto. La presidenta del ejecutivo, Marga Prohens, afirmó la semana pasada que las negociaciones tenían que ser bilaterales para respetar “el protagonismo de los agentes sociales”. “Creemos en la negociación bilateral, en la capacidad de entendimiento, en la madurez y en el protagonismo indiscutible que no corresponde más que a patronal y sindicatos”, aseguró hace una semana. Apenas seis horas después de sus declaraciones, la consejera de Trabajo, Catalina Cabrer, convocó a sindicatos y patronal a una reunión para tratar de desencallar el conflicto. En unas imágenes captadas por la televisión autonómica balear IB3, la consejera reprochó a los miembros del sindicato que hubieran hecho público el encuentro desvelando el papel mediador de la administración.

Las jornadas de huelga han tenido un seguimiento abrumador por parte de los trabajadores y ha sido respaldadas por una media del 90% de la plantilla, según datos de la consejería de Movilidad, Territorio y Vivienda del Gobierno de Baleares, con picos que han rozado el 97% en días como el lunes. La administración ha impuesto unos servicios mínimos del 60%, reforzando las líneas que transportan a lugares estratégicos como el aeropuerto o los hospitales, mientras que en las más turísticas los pasajeros se han encontrado con más contratiempos.

El pasado domingo un grupo de viajeros se quedó en tierra en el faro de Formentor porque fueron varios los que quisieron esperar al último trayecto, que no podía acoger más pasajeros porque ya estaba al límite de su capacidad. A pesar de que el paro ha llegado en plena temporada turística, los viajeros se han mostrado pacientes y no se han registrado incidentes relevantes. “Hemos encontrado mucha concienciación y solidaridad por parte de la gente”, dice Rodríguez, que advierte de que seguirán con la huelga hasta conseguir sus objetivos.

De momento, la patronal ha aceptado rebajar la jornada de trabajo máxima diaria en verano de las nueve a las ocho horas y media y que las vacaciones se contabilicen en días laborables y no naturales, con un día más añadido a partir de 2027. La parte económica sigue siendo una incógnita.