Bolaños, sobre el varapalo del Supremo al juez Peinado: “La causa se irá apagando poco a poco”

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha valorado este miércoles la desautorización del Tribunal Supremo al juez Juan Carlos Peinado, que instruye desde hace más de un año la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y que había pedido la imputación del ministro por malversación y falso testimonio. “Nunca nada dio lugar a tanto”, ha dicho Bolaños en una declaración sin preguntas ante los medios. “Confío plenamente en la justicia de mi país, en el Estado de derecho. Por eso, les digo que ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado y gracias al sistema de garantías y recursos, esta causa se irá apagando poco a poco. No tengo ninguna duda”. El titular de Justicia también ha aprovechado para alabar a los medios que dijeron la verdad sobre el auto de Bolaños: “No puedo decir lo mismo de los que sabiendo que no había nada intentaron marchar mi nombre y el de mi familia”.

Peinado tiene abierta la causa de la esposa de Sánchez desde hace más de un año. Begoña Gómez está investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Además del Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha tenido que corregirle en dos imputaciones —al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y a un directivo del Instituto de Empresa y exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes—, también ha anulado un registro a un empresario y ha vetado varias líneas de investigación abiertas basándose en meras conjeturas.

El dictamen del Supremo, que descarta la petición de Peinado de imputar a Bolaños, contiene varios duros golpes a la línea argumental del magistrado y respalda algunas denuncias de la Fiscalía y de las defensas (que le han criticado por no fundamentar sus decisiones). La máxima instancia judicial española incide en que el escrito enviado por el instructor para abrir una causa contra el ministro no recoge ni un “mínimo indicio”; e, incluso, “omite” información “relevante” que beneficiaba al miembro del Ejecutivo, que tuvo que ser aportada por el ministerio público.